Comisión de Miami puede contratar a abogado a $700 la hora

01/09/2013 3:07 AM

10/12/2013 8:23 AM

En su primera reunión del año este jueves, la Comisión de Miami discutirá la contratación de un abogado de Nueva York para aconsejarla sobre asuntos relacionados con un litigio civil entre la comisionada Michelle Spence-Jones y el alcalde Tomás Regalado.

El comisionado Marc Sarnoff, quien se autoasignó la tarea de encontrar a un abogado para la Comisión, ha propuesto contratar al abogado Richard J. Davis al costo de $700 por hora.

“La verdad es que no hay abogados en la Florida que se dediquen tanto a la gobernación corporativa, en gran parte porque no hay grandes corporaciones en este estado como hay en Nueva York o Delaware”, dijo Sarnoff. “Todos aquí necesitarían familiarizarse con los temas, lo cual tardaría varias horas y nos costaría más dinero”.

La Comisión necesita los consejos de un abogado privado antes de tomar una decisión sobre un pedido de Regalado para contratar a su propio abogado con fondos municipales para defenderse de la demanda federal.

Normalmente, la Comisión dependería de los consejos de la abogada de la Ciudad, Julie Bru, pero ésta se separó del caso debido a un conflicto de interés, ya que la demanda menciona su oficina en varias ocasiones.

“Es lamentable, pero es necesario. Hay que buscar asesoría legal porque la abogada de la Ciudad se ha abstenido de hablar ni siquiera del caso”, dijo Regalado.

Si es contratado, Davis ayudaría a la Comisión con varios temas aparte de decidir si la Ciudad debe pagar por la defensa legal de Regalado. Su tarea también incluiría determinar si la Ciudad o la Oficina del Alcalde tendría obligaciones fiscales si Spence-Jones gana su caso.

En diciembre, Spence-Jones presentó una demanda federal contra Regalado y la fiscal Katherine Fernández Rundle, acusándolos de conspirar para destruir su reputación y removerla de la Comisión durante dos juicios criminales de corrupción en su contra. Ambos casos fueron desestimados.

Regalado dijo que no ha recibido la demanda de manera oficial hasta ahora, lo cual significa que todavía no está obligado a responder. Spence-Jones no respondió a una llamada el martes.

Durante la última reunión del 2012, Regalado pidió a la Comisión que discutiera la contratación del abogado que él ha escogido, José Quiñón, para defenderlo contra la demanda. Las leyes estatales establecen que los funcionarios públicos tienen el derecho de retener un abogado de defensa con fondos públicos cuando son demandados por las acciones tomadas en su capacidad oficial.

Sarnoff, que también es abogado, ofreció averiguar cuál sería el mejor bufete para aconsejar a la Comisión en este complejo caso. El martes explicó que había buscado entre los abogados con más experiencia en dar consejos a gobiernos municipales, y que uno de los beneficios de contratar a un abogado de afuera de Miami es que no tiene historial personal o profesional con las personas involucradas en el caso.

Según Sarnoff, el costo total para contratar a Davis podría sumar unos $20,000. El comisionado Frank Carollo dijo que no entiende por qué Sarnoff no está presentando varias opciones para distintos abogados que podrían representar a la Ciudad, y a así permitir a la Comisión comparar los costos.

“Yo pensé que iba regresar con opciones”, comentó Carollo. “No lo digo para criticar al abogado que él ha escogido, que podría ser el mejor para este asunto, pero me parece que no tenemos opciones”.

Agregó está preocupado por los gastos que la Ciudad podría incurrir durante el proceso judicial.

“Es posible que estemos abriendo una caja de Pandora en cuanto los pagos para todo este litigio, que al final del día les va costar a los residentes de la ciudad de Miami”, dijo Carollo.

Desde el año pasado, Davis se ha dedicado a su bufete privado en Nueva York en el cual representa a juntas directivas en “situaciones difíciles”, como en casos de mediación y durante crisis. Anteriormente, había trabajado por más de tres décadas para Weil, Gotshal & Manges LLP, donde representaba a varias empresas y juntas directivas en procesos de investigaciones internas, gran jurado y una variedad de disputas comerciales e internacionales.

Fue subsecretario del Tesoro de Estados Unidos a finales de los años 70 y participó en el equipo fiscal que preparó el caso judicial tras la investigación de Watergate.

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