Yoani Sánchez recibe pasaporte pero régimen cubano se lo niega a disidente Moya

01/31/2013 2:35 AM

09/09/2014 9:47 AM

En las primeras pruebas reales de las nuevas leyes de migración de Cuba, la bloguera Yoani Sánchez recibió su pasaporte el miércoles después de años de serle denegado el permiso a viajar al extranjero, pero un ex preso político le fue negado por no haber cumplido por completo su condena a 20 años de cárcel.

“¡Increíble!! ¡Me llamaron a casa para decirme que ya estaba listo mi pasaporte! ¡Acaban de entregármelo!”, declaró Sánchez en un mensaje de Twitter. A la bloguera crítica del gobierno le habían negado unos 20 permisos de viaje desde aproximadamente el 2003.

“Estoy feliz y triste”, indicó en otro ensaje, tras enviar una foto de su flamante pasaporte azul. “Por un lado ya tengo mi documento para viajar, pero a varios amigos como @jangelmoya no se lo permitirán”.

Angel Moya, quien pasó ocho años en la cárcel y está casado con Berta Soler, la líder del grupo disidente Damas de Blanco, reportó que una empleada de las oficinas de pasaportes le dijo que no podía aceptar su solicitud porque él “estaba regulado por interés público”.

Muchos disidentes a quienes la Seguridad del Estado les había negado viajar al extranjero Estado tienen nuevas esperanzas luego que Cuba adoptó reformas el 14 de enero que levantaron el requisito de los permisos de salida, detestados por muchos y conocidos como “tarjetas blancas”.

Bajo el nuevo sistema, los cubanos podrán hacer viajes personales al extranjero con sólo pasaportes válidos y visas de otros países. Pero las leyes señalan específicamente que se pueden negar pasaportes por razones de “seguridad nacional” o “intereses nacionales”.

A Sánchez y a Guillermo Fariñas, ganador del Premio Sajarov del Parlamento Europeo a los derechos humanos en el 2010, se les había dicho después del 14 de enero que ellos sí podrían obtener sus pasaportes y viajar al extranjero.

La Seguridad del Estado le había negado repetidas veces a Sánchez el permiso de salida del país para recibir los muchos premios internacionales que ha ganado por su blog, Generación Y, y tomar parte en seminarios, aun cuando la bloguera tenía tantas visas en su pasaporte viejo que tuvo que solicitar uno nuevo.

Moya, de 49 años, fue condenado a 20 años de cárcel durante una ola represiva contra 75 disidentes en el 2003 conocida como la Primavera Negra de Cuba. Otros fueron sentenciados a 28 años tras juicios de un solo día. Una veintena fueron puestos en libertad antes de tiempo con “licencias extra penales”, generalmente por razones de salud.

Los últimos 52 fueron puestos en libertad en el 2010 y el 2011 —también bajo tales licencias— como parte de un acuerdo entre el gobernante Raúl Castro y el cardenal cubano Jaime Ortega. Prácticamente todos fueron directamente de la cárcel al exilio en España, pero 12, incluyendo a Moya, decidieron quedarse en la isla y continuar su labor de oposición.

Moya afirmó que fue a la oficina de pasaportes más cercana a su casa de La Habana el miércoles por la mañana, y preguntó cómo podía solicitar un pasaporte “porque quería viajar como cualquier ciudadano de cualquier país, tal vez a España, tal vez a Estados Unidos”.

La mujer que lo atendió en el mostrador tomó su carnet de identidad, consultó una computadora y le dijo que él no podía recibir un pasaporte “porque estaba regulado por interés público”, señaló a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.

La palabra “regulado” parece ser una manera de referirse a un control. La razón del bloqueo, le dijeron, era que “mi sanción no había expirado”.

El opositor explicó a la mujer que lo habían puesto en libertad como parte del acuerdo entre el gobierno y la Iglesia, señaló Moya, pero ella se limitó a señalar la computadora e indicar que no había información sobre cómo él podía apelar esa decisión.

Moya declaró que a él no lo había tomado por sorpresa porque los disidentes han estado señalando una y otra vez que la excepción de “seguridad nacional” era una violación del derecho de los cubanos de viajar cuando lo deseen. “Este es un sistema de migración que está politizado completamente”.

El activista de derechos humanos de La Habana Elizardo Sánchez Santa Cruz también había señalado repetidas veces que los 16 ex prisioneros políticos liberados por “licencias extra penales” que todavía viven en Cuba pueden ser devueltos a la cárcel o sometidos a otras sanciones en cualquier momento.

Moya ha sido detenido brevemente docenas de veces por policías uniformados y agentes de Seguridad del Estado vestidos de civil desde que salió de la cárcel en el 2011, principalmente para impedirle participar en actividades disidentes e intimidarlo.

El verano pasado se quejó de que agentes de Seguridad del Estado lo habían mantenido a él y a otros cinco miembros de su Movimiento Libertad Democrática por Cuba encerrados durante dos días en la Ciénaga de Zapata, un pantano infestado de mosquitos y escenario de la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961, a 29 millas de la ciudad donde fue arrestado.

Mientras tanto, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, radicado en Londres, nombró “prisionero de conciencia” a Calixto Martínez, un periodista independiente cubano encarcelado desde el 16 de septiembre, y exigió que lo pusieran en libertad.

Martínez, quien trabajaba para el Centro de Información Hablemos Press fue detenido en La Habana cuando investigaba el posible robo de un cargamento de medicinas enviado por la Organización Mundial de la Salud para combatir un brote de cólera.

Su detención sin cargos “demuestra que las autoridades en Cuba están lejos de aceptar que los periodistas tienen un papel que jugar en la sociedad, incluso investigando posibles delitos”, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.

Martínez se convirtió en el segundo prisionero de conciencia en Cuba después de Marcos Máiquel Lima Cruz, un joven detenido a fines del 2010 por poner a alto volumen canciones de hip hop que el gobierno considera críticas.

Amnistía Internacional considera “prisioneros de conciencia” a aquellas personas “encarceladas o sometidas a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia () siempre que esas personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso”.

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