El gobierno del presidente Hugo Chávez protestó formalmente a Bogotá el lunes por supuestas actividades de espionaje de funcionarios colombianos en su territorio, al asegurar que se aprovecharon de las investigaciones sobre la muerte de 10 personas, algunas de ellas colombianas, para realizar labores de inteligencia.

Caracas expresó a Colombia su ``más enérgica protesta'' por considerar que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta colombiana, ``escudados en las presuntas investigaciones sobre este lamentable suceso han sido detectados ejecutando labores de espionaje y otras acciones tipificadas como delitos por el código penal de nuestro país''.

El comunicado de protesta de la cancillería venezolana, divulgado por la estatal Venezolana de Televisión, no brindó detalles sobre ese presunto espionaje, cuándo se habría realizado ni en qué actividades y solamente indicó que los agentes del DAS fueron ``detectados realizando labores de espionaje e intento de soborno, actividades claramente inamistosas''.

Tampoco mencionó si hay nuevas pistas o detalles de los 10 asesinatos, ocho de ellas de colombianos, según autoridades de Bogotá. Sólo agregó que debido ``a la falta de recursos del estado colombiano para trasladar estos cuerpos a su país de origen, el gobierno nacional (de Venezuela) tomó cartas en el asunto y este lunes inició el proceso de traslado hasta la morgue de la ciudad de Cúcuta, Colombia, a objeto de entregarlos a sus familiares''.

Pero en Bogotá funcionarios de la cancillería desestimaron esa versión de la falta de fondos y dijeron que fue Venezuela quien negó el ingreso de una nave colombiana a territorio del vecino país para recoger los cuerpos.

Las autoridades venezolanas confirmaron el hallazgo el sábado en distintos puntos del estado de Táchira, en la frontera con Colombia, de 10 cadáveres.

Los muertos podrían ser parte de un grupo, en su mayoría colombianos, que de acuerdo con familiares de las víctimas habían sido secuestrados el 11 de octubre en el municipio Fernández Feo, también en Táchira.

``En las investigaciones realizadas se ha decomisado documentaciones que se refieren a un gran plan de conspiración, desestabilización en contra de Venezuela, con repercusiones en la región, lo cual contraviene los principios del derecho internacional que rige las relaciones entre estados soberanos'', agregó la cancillería venezolana sin dar detalles sobre los documentos decomisados.

Caracas ``exige al gobierno...de Colombia, el cese de actividades como las descritas... así como la suspensión de toda actividad que atente contra la soberanía, integridad territorial y estabilidad democrática de Venezuela''.

Horas antes en Bogotá, el canciller colombiano Jaime Bermúdez pidió a las autoridades venezolanas esclarezcan los crímenes. ``Es muy importante que las autoridades venezolanas colaboren rápidamente, ágilmente en establecer la causa'' de las muertes y ``no hay ninguna hipótesis descartada'', dijo el canciller a reporteros en Bogotá.

``No lo tenemos claro para nada'', respondió el ministro al ser consultado sobre las versiones en Caracas que fue una acción perpetrada por el rebelde grupo colombiano del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las ``hipótesis que hay aquí presentes pueden ser tema de mafias, de milicias, de guerrilla'', agregó.

Hasta ahora no ha quedado claro qué hacía el grupo en Táchira, ni desde cuándo se encontraba en esa región o quiénes pudieron ser los autores de la masacre.

Las autoridades venezolanas han dicho que hubo un sobreviviente, el colombiano Manuel Junior Cortéz, de 19 años; y quien actualmente es atendido en el Hospital Militar de Caracas.

El presidente Alvaro Uribe pidió ``al gobierno de Venezuela, a su presidente, para que por encima de cualquier diferencia busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger... (a) los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos venezolanos''.