El Ministerio de Defensa informó que descubrieron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden atentar contra Daniel Méndez Torres, juez de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, precisó el sábado en un comunicado que recibieron información de inteligencia ``altamente confiable'' sobre el plan de las FARC con el objetivo de ``involucrar de alguna manera a las autoridades colombianas".

No se dieron detalles sobre cómo las FARC pretenden atentar contra el funcionario judicial de Ecuador.

En Quito, el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, confirmó a la AP que fueron advertidos sobre el hecho ante lo cual ``hemos agradecido y tomado las medidas del caso para reforzar la seguridad'' del mencionado magistrado.

Explicó que recibieron la información la noche del viernes y aseguró que sería ``inédito'' el hecho de que las FARC ``atenten dentro del territorio ecuatoriano contra autoridades'' pese a lo cual ``no podemos sentarnos a elucubrar y lo importante es que se tomen las medidas de seguridad'', acotó.

El juez Méndez estuvo a cargo de la investigación inicial por el bombardeo del Ejército Colombiano sobre un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, en marzo del 2008, y fue quien dictó orden de captura para el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Sin embargo, al poco tiempo fue ``inhibido'' de conocer la causa por no tener ``jurisdicción territorial'', explicó a la AP Walter Lombeida, defensor público ecuatoriano asignado a los implicados en la investigación.

El caso fue trasladado al juzgado tercero de garantías penales de Sucumbíos, a cargo del juez Francisco Revelo quien extendió la orden de captura para el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León.

Además incluyó recientemente en el proceso al director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, y al ex comandante del Ejército Mario Montoya, pero se abstuvo de dictar medidas cautelares en su contra.

Méndez, Revelo y el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, denunciaron haber recibido amenazas en contra de su vida.

Colombia ha reiterado en diversas ocasiones que no reconoce la competencia de las autoridades ecuatorianas para investigar y procesar a los acusados.