En Colombia, país que junto con Afganistán es de los más afectados en el mundo por las minas antipersona, la rehabilitación de sus víctimas es una tarea que demanda paciencia y elevados recursos, y para los afectados civiles resulta más difícil por la engorrosa y precaria ayuda del Estado.

Desde 1990 hasta octubre de este año, 8,081 colombianos han sido víctimas de esos artefactos. En lo que va de 2009 ya suman 544, de los cuales 394 son miembros de las Fuerzas Armadas y 150 civiles, según cifras de la Vicepresidencia de la República que tiene a su cargo este problema.

Colombia forma parte del Tratado de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonas cuya II Conferencia de Revisión se realiza en el caribeño balneario colombiano de Cartagena y cuyo objetivo es lograr un mayor compromiso con las víctimas de parte de los 156 estados signatarios.

``En Colombia, en el papel, mediante la ley 418, el Estado protege a las víctimas, pero en la práctica las tiene desprotegidas'', dijo Andrea Moreno, trabajadora social del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIRC), una ONG que trabaja con esas víctimas y participa en la Conferencia de Cartagena.

``Aunque hay una ruta de atención, la mayoría de víctimas de minas desconocen sus derechos y cuando pretenden hacerlos efectivos esa ruta resulta demasiado engorrosa y difícil por el trámite ante los diferentes entes estatales'', señala.

Además asegura que existe un subregistro de víctimas debido a que como el 80 por ciento de los casos se produce en apartadas zonas rurales, muchas veces se quedan mutiladas o se fabrican prótesis artesanales. Es por ello que el CIRC tiene un programa de búsqueda de víctimas.

El trabajo de rehabilitación de las víctimas civiles está en manos de organizaciones no gubernamentales que trabajan con cooperación internacional y recursos propios, asegura Moreno.

En esas instituciones, además de la fisioterapia y las prótesis --cuyos precios varían entre 1.2 y 20 millones de pesos ($750,000 y $10 millones)--, las víctimas deben recibir también hospedaje y alimentos, tomando en cuenta su precaria condición económica y lejanía de su lugar habitual de residencia.