La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno y a las fuerzas militares de este país "esclarecer y poner fin a las prácticas de presuntas ejecuciones extrajudiciales'' que en menos de una semana han dejado un saldo provisional de 45 jóvenes muertos.
Aunque no hay una conclusión definitiva de los autores de las ejecuciones las autoridades investigan si se trata de fusilamientos hechos por miembros del Ejército Nacional con el fin de presentar los cadáveres como bajas enemigas en falsos combates.
Otras hipótesis señalan que los jóvenes fueron inicialmente reclutados por paramilitares que se están reorganizando tras la disolución de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2006, en virtud de un acuerdo con el gobierno del presidente lvaro Uribe.
Otra sospecha del reclutamiento proviene de las mafias del narcotráfico, que en muchas ocasiones trabajan de la mano de los paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación indicó el viernes que algunos de estos jóvenes habían desaparecido de barriadas del sur de la capital colombiana después de haber recibido supuestas ofertas de trabajo.
La secretaria de gobierno del Ayuntamiento de Bogotá, Clara López, reveló esta semana que los jóvenes muertos fueron víctimas de "desaparición forzada con fines de homicidio'' tras ser reclutados por grupos ilegales.
"No fallecieron en combate'', como había dicho el Ejército, según López, cuyo planteamiento se basa en el poco tiempo transcurrido entre el momento en que fueron reportados como desaparecidos y su supuesta caída en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
"Estos muchachos fueron retenidos en la capital colombiana y máximo dos días después ya estaban en combate, armados, organizados, en un enfrentamiento, en fechas distintas'', indicó la responsable de Interior del Ayuntamiento de Bogotá.
La mayoría de estos jóvenes procedía de Ciudad Bolívar, un gran barrio del sur de Bogotá de tierras baldías que cuenta con 300 distritos, concentra a unos 700,000 habitantes y que se expandió ante la llegada de miles de desplazados de la guerra a partir de los años 80 del siglo pasado.
Además de estos jóvenes, Naciones Unidas sostiene que ya había advertido, entre finales de 2007 y abril de 2008, sobre, "al menos'', otros 35 muchachos desaparecidos de los departamentos caribeños de Sucre y Córdoba, asesinados a la postre en idénticas circunstancias, con los cual el número de jóvenes pobres eliminados en ejecuciones extrajudiciales sería de, por lo menos, 80.
Este número provisional de 80 jóvenes asesinados y sepultados en fosas comunes pocos días después de haber desaparecido, resulta de sumar 19 de suburbios del sur de Bogotá (la Defensoría del Pueblo el viernes estimaba que esta cifra se había elevado a 23), 18 de la región central andina conocida como Eje Cafetero; cuatro del departamento norteño de Cesar, otros cuatro de la ciudad andina de Popayán, en el sur del país, y los 35 que Naciones Unidas dice haber reportado en vano a las autoridades.
"En relación con estos y otros casos, la Oficina exhortó al Alto Mando del Ejército a adoptar medidas extraordinarias para que las investigaciones disciplinarias internas esclarecieran responsabilidades, sin que hasta el presente se hayan obtenido resultados''.
La mayor de las fosas comunes está en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, en la que podrían estar los cadáveres de más de 35 jóvenes. Hasta el viernes allí habían sido hallados por la Fiscalía 23 cuerpos.
El general Pauselino Coronado, comandante de la Brigada 30 del Ejército, unidad militar a la que se le atribuyen la mayoría de estas muertes, mantiene la versión de que los jóvenes no fueron sacrificados fuera de combate.
Fueron dados de baja, de acuerdo con el oficial ‘‘durante cinco eventos [de guerra] que se suceden desde enero hasta agosto (del 2008). Estas personas murieron en combates con tropas''.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, no ha respaldado esa posición y reveló que "todavía hay reductos de nuestra Fuerza Pública que exigen como resultados cuerpos'' para presentar saldos de guerra favorables.
"Habrá cero tolerancia con cualquier comportamiento que no esté ajustado al respeto por los Derechos Humanos'', advirtió Santos.
Para el Fiscal General de Colombia, se rata, al parecer, de "un horroroso y tenebroso fenómeno'' de ejecuciones extrajudiciales practicado por miembros del Ejército de Colombia y anunció sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.
Entre tanto, el número de presuntos fusilados sigue creciendo en la medida que surgen por todo el país reportes de más desaparecidos asesinados.
De acuerdo con su comunicado de prensa, "la Oficina [del Alto Comisionado] alertó a fines de 2007 a las máximas autoridades del país sobre lo ocurrido en los departamentos de Sucre y Córdoba, donde varios jóvenes fueron reportados como muertos en combate bajo el patrón arriba descrito''.
"El informe anual de la Alta Comisionada”, continúa el comunicado, “reiteró el caso a fines de febrero del presente año. Desde entonces y hasta abril de 2008 suman al menos 35 víctimas en dichos departamentos en circunstancias similares''.
La comunicación agregó que “otras informaciones recogidas por la Oficina, ya transmitidas oficialmente a las autoridades competentes, se refieren además a previas denuncias sobre la desaparición y muerte de jóvenes pobladores en otras ciudades tales como Montería y Medellín, así como en distintos municipios del país, entre ellos, Toluviejo (Sucre), Sahagún (Córdoba) y Remedios (Antioquia)''.
"En las versiones que dan cuenta de estos hechos, se revela que las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia'', sostiene la Oficina del Alto Comisionado, y “en la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos en combate por el Ejército''.
Naciones Unidas sostienes que "resulta particularmente grave y preocupante que estos asesinatos se pudiesen estar cometiendo a través de verdaderas redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar donde se les da muerte''.
Asimismo, advierte: "de establecerse la responsabilidad de miembros de la fuerza pública, directa o en modalidades de tolerancia, aquiescencia, complicidad o apoyo en este tipo de hechos, se configurarían graves violaciones Derechos Humanos, que incluirían la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial''.
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