Los Tribunales de La Habana han condenado a pena de cárcel al 34 por ciento de las personas enjuiciadas en redadas y operativos contra especuladores y acaparadores desde finales de septiembre, informó el domingo un periódico local.

Más de 100 fábricas ilegales, 60 talleres clandestinos y 200 casas utilizadas como almacenes fueron desmanteladas y se decomisaron artículos, productos y materias primas en los operativos policiales realizados hasta mediados de este mes, indicó el semanario Tribuna de La Habana.

Los condenados, cuyo número no se específica, fueron acusados por delitos de receptación, especulación y acaparamiento, apropiación indebida, hurto y actividad económica ilícita.

La publicación aseguró que hasta el cierre de la primera quincena de noviembre se abrieron procesos judiciales por más de 1,200 denuncias y decenas de casos "fueron operados en la vía pública'' por agentes de la policía e "instruidos de cargo''.

Señaló que, además de los condenados judicialmente, un 8.4 por ciento de los encausados fue sancionado a medidas de trabajo correccional con internamiento y un 39.9 por ciento más sin internamiento.

Además, el 16.1 por ciento tendrá que pagar multas, mientras que un 0.7 resultó absuelto y en otro 0.7 por ciento de los casos las causas fueron archivadas.

El semanario recordó la promulgación de una instrucción del Tribunal Supremo, el 22 de septiembre pasado, tras el paso devastador de dos huracanes por Cuba, contra actividades consideradas ilegales, sobre todo, las que involucren alimentos y materiales de construcción.

El azote de los huracanes Ike y Gustav, entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, y del Paloma en noviembre dejó un saldo de pérdidas de cientos de miles de hectáreas de cultivos y medio millón de viviendas destruidas o dañadas, que el gobierno ha calculado, de manera preliminar, en cerca de $10,000 millones.