Una jueza federal aplazó hasta el 1ro. de marzo de 2010 el juicio del militante anticastrista Luis Posada Carriles a petición del gobierno, alegando problemas personales de uno de los fiscales vinculados al caso, según un documento judicial.

La magistrada jueza Kathleen Cardone emitió una orden el pasado 23 de julio para postergar de nuevo el juicio que inicialmente estaba previsto para el 10 de agosto, y que luego se aplazó hasta el 1 de febrero del 2010 a solicitud de los abogados de la defensa, quienes reclamaron más tiempo para preparar sus alegatos. Ahora el juicio comenzará en marzo de ese mismo año. La selección del jurado se fijó para el próximo 28 de febrero.

También Cardone recibió una moción de la defensa de Posada Carriles, de 81 años, en la que se pronuncia en contra de la petición del gobierno de Estados Unidos de imponer una orden de protección a las pruebas que considera "sensitivas''.

El equipo defensor del ex agente de la CIA en la década de los años sesenta sostiene que el gobierno no ha demostrado que hacer pública la información sea dañino para terceras partes.

Los fiscales federales añadieron dos nuevos cargos a los nueve de presunto perjurio que ya enfrentaba el exiliado cubano, con nacionalidad venezolana.

Con los dos nuevos cargos acusan al anticastrista de mentir al asegurar que no tuvo nada que ver con los ataques con explosivos contra hoteles la Habana en 1997 y en los que perdió la vida el italocanadiense Fabio Di Celmo.

La fiscalía federal respalda su acusación con las grabaciones de una reportera del periódico The New York Times que revelan que Posada Carriles habría aceptado su participación en esos bombardeos.

Ya en el 2005 enfrentaba nueve cargos por mentir al Departamento de Seguridad Nacional en su solicitud de naturalización, al asegurar que ingresó sin documentos a Estados Unidos a través de Matamoros, México - Brownsville, Texas.

Los fiscales dicen tener testigos y pruebas de informantes de que el cubano ingresó al país en el 2005 vía Isla Mujeres, México - Miami, a bordo de la embarcación La Santrina, propiedad del empresario anticastrista Santiago Alvarez, quien actualmente enfrenta proceso de deportación.

Alvarez habría perdido su estatus legal en el país, tras negarse a declarar en el caso de Posada Carriles y ser encontrado culpable de "desacato a la corte''.

La jueza Cardone anuló en el 2007 los primeros nueve cargos a Posada Carriles, pero la orden fue revertida por el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Louisiana, que este año regresó el caso al tribunal de El Paso, Texas.

Cuba y Venezuela acusan a Posada Carriles de actos terroristas por su presunta participación en el atentado contra un avión cubano en 1976 que ocasionó la muerte de 73 personas.