La misión mediadora de la OEA para acercar a gobierno y oposición en Bolivia continuará como estaba previsto, aseguró este miércoles a la AFP el secretario de Asuntos Políticos del organismo, Dante Caputo, desmintiendo así declaraciones del representante de la institución en La Paz.
''Las declaraciones del director de la oficina de la OEA en Bolivia (Bernhard Griesinger) son insensatas e incomprensibles'', expresó Caputo a la AFP en Washington.
Sus dichos ''contradicen abiertamente las instrucciones del secretario general (José Miguel Insulza) y la resolución del Consejo Permanente de la OEA'', que encomendó la misión mediadora encabezada por el propio Caputo.
''Uno se pregunta qué le pasó por la cabeza a este señor'', enfatizó el secretario de Asuntos Políticos de la OEA.
''En cualquier caso, para enterarse de qué sucedió, ha sido llamado de inmediato a la sede'' de la OEA en Washington, añadió.
Griesinger dijo al matutino boliviano La Prensa ayer que ''el mandato de la OEA terminó'' después de haber hecho ''todo lo posible'' y señaló que ''ha pasado el momento'' de una mediación del organismo entre gobierno y oposición, enfrentados sobre la celebración de referendos autonomistas en varias regiones del país, que el Ejecutivo de Evo Morales considera ilegales.
Caputo encabeza una misión que fue pedida al organismo por los países miembro reunidos el mes pasado en Consejo Permanente, para intentar acercar posiciones entre las partes, y en ese marco ha realizado ya dos viajes a Bolivia, el último de ellos la semana pasada antes de un referéndum autonómico en la región de Santa Cruz.
Santa Cruz aprobó con 85 por ciento de los votos emitidos según cifras de las autoridades locales, un estatuto autonómico que no es reconocido por el gobierno, que considera las consultas como un intento de secesión.
Otros referendos similares al realizado en Santa Cruz están previstos para junio en otras tres regiones del país: Tarija, Beni y Pando.
Estas cuatro regiones comprenden el 65 por ciento del PIB de Bolivia.
La oposición ha acusado a la OEA de defender los intereses del gobierno.
La Iglesia Católica, que también ofició de mediadora, fue criticada por el gobierno luego de que el cardenal Julio Terrazas, principal autoridad eclesiástica del país, participó el domingo en el referendo de Santa Cruz.
