La huelga de hambre de cuatro guatemaltecas para reclamar a sus hijas robadas ha vuelto a dejar en evidencia el turbio negocio de las adopciones en Guatemala, que mueve cerca de $200 millones al año, pese a que desde enero rige una nueva ley supuestamente mucho más estricta.
''Estamos preocupados porque sigue la práctica que se estaba dando en el pasado, lo cual demuestra la debilidad del Estado para contrarrestar este fenómeno'', lamentó a la AFP la dirigente del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y la Juventud (MSDNAJ), Alejandra Vásquez.
El 1 de enero entró en vigor una nueva ley, atendiendo a la Convención de La Haya, por la que se creó el Consejo Nacional de Adopciones, que regula los trámites de adopción.
Antes, el 97 por ciento de las adopciones eran realizadas en el país a través de abogados que actúan sin ninguna supervisión, según la Casa Alianza, que vela por los niños de la calle, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La nueva ley prohíbe lucrar con las adopciones, de forma directa o a través de instituciones, y establece la figura del juez de la Niñez y Adolescencia que, a través de una declaración judicial, deberá determinar la adopción después de un proceso que examine los aspectos sociales, psicológicos y médicos de un niño.
Además establece que la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño y que el adoptado no perderá la nacionalidad guatemalteca.
El Consejo estará integrado por un miembro de la Corte Suprema, otro de la Cancillería y uno más de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
Sin embargo, Vásquez lamenta que los 1,3 millones de dólares destinados para su funcionamiento del Consejo aún no hayan sido desembolsados.
''No hay fondos para el Consejo y para iniciar a caminar son necesarios y no queremos, como organizaciones sociales, comenzar a desconfiar del Estado'', agregó.
La prueba de que sigue el negocio ilegal de las adopciones es que el martes, la policía y personal de la Procuraduría General de la Nación rescataron a nueve bebés menores de un año en una casa cuna clandestina, regentada por Rosalinda Rivera, hermana del diputado Gudy Rivera, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, que se encarga de velar por la transparencia de las adopciones.
