Evo Morales afronta la peor rebelión opositora
CARLOS VALDEZ / AP
LA PAZ
Un mes después de triunfar en las urnas en un referendo, Evo Morales, el primer presidente indígena que gobierna el país, afronta la mayor rebelión de regiones opositoras autonomistas, en otro capítulo de la crisis que mantiene en vilo a Bolivia, uno de las más naciones más pobres del continente.
Morales el 10 de agosto ganó con el 67% de los votos un referendo que lo ratifico en
el cargo a él y a los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija,
todos ellos opositores y que, además, encaminan a sus regiones hacia una autonomía de
facto.
Lejos de dirimir la disputa política entre el proyecto izquierdista de Morales y la
oposición conservadora, la consulta de agosto agravó la confrontación y los alentó a los
adversarios del gobernante a avanzar en sus respectivos proyectos políticos
irreconciliables hasta ahora.
El mandatario convocó mediante decreto a otro referendo, posiblemente a fines de
enero, para aprobar su proyecto de constitución, pero la Corte Nacional Electoral dijo
que la convocatoria debe ser mediante ley del Congreso donde las fuerzas están
divididas.
Los líderes regionales anunciaron una resistencia a la pretensión del gobierno y
anunciaron que seguirán adelante con su proceso de autonomía que el gobierno rechaza. De
hecho el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas convocó a elecciones para constituir un
legislativo regional, aunque la consulta también ha sido desautorizada.
El martes estallaron incidentes en Santa Cruz cuyo detonante fue la demanda de las
cuatro regiones para que el gobierno devuelva unos fondos de la renta petrolera que
confiscó para pagar una renta a los ancianos.
Pero el fondo de la disputa gira en torno al proyecto constitucional y la demanda
autonomista que tiene amplio apoyo en las cuatro regiones. Morales ha dicho que busca
‘‘refundar el país'' con una nueva constitución que otorga más poder a los indígenas,
consolida las nacionalizaciones, limita la extensión de los latifundios y propone la
reelección presidencial.
En cambio, los proyectos autonomistas se acercan al federalismo, plantean una
economía abierta y restan al gobierno central la capacidad para decidir sobre las
tierras. En Santa Cruz y Beni están los mayores latifundios.
En declaraciones públicas, las partes hablan de dialogar pero ninguna parece estar
dispuesta a ceder en sus posiciones y ni los esfuerzos de la OEA y países amigos como
Brasil, Colombia y Argentina lograron convencerlas a negociar.
Una reciente encuesta de Naciones Unidas realizada después del referendo dijo que el
86% de los bolivianos está de acuerdo en que la disputa se resuelva mediante el diálogo.
La crisis política se desató hace un año precisamente por el fracaso de la Asamblea
Constituyente por concertar un proyecto constitucional de consenso. El que se aprobó no
tuvo el aval del grueso de la oposición y las regiones opositoras lo rechazan.
La disputa ha estado teñida de brotes de racismo contra indígenas y habitantes de
occidente en regiones del oriente y sur dominadas por la oposición.
Los sucesivos triunfos electorales que obtuvo Morales en tres votaciones desde su
elección en diciembre de 2005, dejó en claro que el mandatario tiene amplio apoyo entre
campesinos, indígenas y sectores empobrecidos de las ciudades incluso en regiones
dominadas por los opositores.
Pero, según analistas, el error del mandatario ha sido oponerse desde el inicio a las
autonomías, que tienen un alto respaldo en aquellas regiones, y tildarlas, además, de
separatismo.
La batalla política ha afectado a instituciones vitales como el Tribunal
Constitucional, paralizado por la renuncia de cuatro de cinco magistrados; la gestión
legislativa está bloqueada por falta de acuerdos en el Congreso, y el órgano electoral
está dividido.
En el fondo la crisis boliviana es mucho más profunda y según los expertos está
marcada por una crisis del estado y de la institucionalidad democrática así como por
fuertes luchas regionalistas.
Esa crisis que comenzó el año 2000 con una serie de revueltas populares provocó la
caída en octubre de 2003 del presidente conservador Gonzalo Sánchez de Lozada tras la
muerte de 63 civiles en protestas populares.
Esa misma crisis permitió el ascenso de Morales desde las sindicatos cocaleros, pero
el mandatario no siempre se ha caracterizado por el diálogo y la negociación en sus
tiempos de líder sindical y tampoco parece estar dispuesto a renunciar a sus principios.
Lo pronósticos más alarmistas dicen que la confrontación podría derivar en una guerra
civil, pero los hechos han demostrado que el país aspira a salidas pacíficas. Cada vez
que emerge una convulsión, las partes de repliegan.
Bolivia tiene fama de país conflictivo y hasta en tono de broma se comenta aquí que
las protestas son el deporte nacional, pero no tiene antecedentes de prolongada
violencia, y proyectos subversivos fracasaron.
La actual crisis llega en un momento de bonanza económica que no ha tenido el país en
décadas. El gas natural, los minerales y la soya los principales productos de
exportación tienen precios extraordinarios que han permitido al estado acumular reservas
internacionales por más de 7.000 millones de dólares.
La confrontación es también regional entre un oriente y sur ricos (Santa Cruz y
Tarija) cuya base económica son los hidrocarburos y la agroindustria y un occidente (La
Paz) en declive afincado en la minería.
La oposición regional parece estar dispuesta inclusive a postergar su proyecto
autonomista con tal de evitar la reelección por otros cinco años del presidente Morales
que debe cumplir su gestión a finales de 2010.