Comisión de Etica acusa a David Rivera de 11 violaciones

10/25/2012 12:56 AM

10/08/2013 10:38 AM

Una investigación interna de la Comisión de Etica de la Florida concluyó que el representante federal David Rivera cometió 11 faltas mientras se desempeñó en la Legislatura estatal. Los hallazgos de la comisión cuestionaron a Rivera por presentar información financiera imprecisa, malversar fondos de campaña y ocultar un contrato de consultoría de cerca de $1 millón con un negocio de apuestas de Miami.

La Comisión dijo que estos pagos “crearían un conflicto frecuentemente recurrente entre sus intereses privados y sus deberes públicos como miembro de la Legislatura de la Florida, o impediría el cumplimiento total y fiel de sus deberes públicos”. Asimismo explicó que Rivera “sabía... o debía haber sabido que iban a ser usados para influenciar su voto o acción oficial”. Los cargos podrían abrir las puertas a multas hasta de $10,000 por cada una de las violaciones.

El millonario pago por servicios de consultoría está enmarcado en un contrato comercial que Rivera recibió de Southwest Florida Enterprises (SFEI), a través de Millennium Marketing, Inc. una empresa fundada hace 12 años por la madre de Rivera, Daisy Magarino, y su abuela, Ileana Medina.

La empresa fue contratada en el 2006 por SFEI, que a su vez maneja el Magic City Casino, conocido antiguamente como Flagler Dog Track. El objetivo era impulsar una campaña para que SFEI pudiera ampliar sus operaciones del negocio de máquinas tragamonedas en el Condado Miami-Dade.

Millenium hizo un préstamo de aproximadamente $130,000 a Rivera que fue devuelto por el legislador después de ganar un escaño federal en la Cámara de Representantes, en el 2010. El dinero fue registrado como un “préstamo” por Rivera y como tal no tuvo que ser incluido en sus reportes financieros personales ante la Legislatura.

Rivera fue elegido por primera vez a la Legislatura de la Florida en el 2002. Luego fue reelegido consecutivamente en el 2004, 2006 y 2008.

La Comisión también encontró indicios de que Rivera actuó inapropiadamente al hacer uso de fondos y recursos de campaña para gastos personales. Entre otros cuestionamientos, dijo que Rivera pudo haber violado el Artículo II, Sección 8, de la Constitución de la Florida. El artículo se refiere a la obligación de los legisladores de reportar ingresos, acciones y bonos, o fuentes de ingresos secundarios.

En el caso de Rivera las objeciones de la Comisión sobre sus finanzas personales abarcan desde el 2005 hasta el año 2009. Los abogados de Rivera le dijeron a la Comisión que había trabajado durante siete años como contratista de la Agencia de para el Desarrollo Internacional (USAID). El Departamento de Policía de la Florida (FDLE) no encontró pruebas de un salario regular más allá del que Rivera recibía como representante estatal.

Asimismo la Comisión mencionó que Rivera no entregó un formato de rigor sobre sus cuentas financieras, conocido como CE 6f. Rivera debió haber presentado el informe en un tiempo límite de 60 días, contabilizados a partir de su salida de la Legislatura estatal.

Rivera, que busca ahora su reelección, ha negado consistentemente haber hecho algo indebido.

Los vínculos de Rivera con SFEI eran parte de una investigación criminal de largo alcance realizada por el Departamento de Policía de Florida y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. Los fiscales retiraron el caso a principios de este año.

Pero Rivera continúa siendo el blanco de dos investigaciones federales sobre sus finanzas y vínculos con Justin Lamar Sternad, un candidato escasamente conocido en la arena política. Sternad perdió en las primarias demócratas del 14 de agosto contra Joe García. El FBI está investigando ahora si Rivera suministró en secreto dinero a Sternad para financiar una campaña contra su oponente.

En un comunicado de prensa enviado a El Nuevo Herald, Rivera dijo el miércoles que es “vergonzoso” que la Comisión haya puesto en marcha una investigación interna en medio de una carrera electoral. El representante federal dijo que una de las quejas presentadas a la Comisión fue hecha por William Barzee, un donante frecuente de las campañas de García. Una segunda queja fue presentada ante la Comisión por Jackson Holmes, un residente de Coral Gables y candidato político ocasional. Holmes fue procesado en 1988 por amenazar a Jeb Bush.

“No es una coincidencia que estas acusaciones falsas que datan de hace dos años, y realizadas por uno de los principales donantes de la campaña de mi contrincante y por un sujeto que amenaza de muerte a Jeb Bush y pagó cinco años de cárcel por ese delito, repetidamente vuelvan a surgir dos semanas antes de las elecciones generales”, dijo Rivera.

Anunció que demostrará su inocencia y la falsedad de las acusaciones que calificó de “malintencionadas”. En ese contexto agregó que la Comisión debería tener más ética y no ser parte de un juego político.

“No existe razón ni justificación excepto influenciar a los votantes por agendas particulares, para que la comisión actúe ahora sobre estas acusaciones politizadas que ya fueron desestimadas por otras autoridades”, puntualizó Rivera.

La Comisión de Ética de la Florida está integrada por nueve miembros. Supervisa las normas de conducta de funcionarios y empleados del gobierno de la Florida y opera como una comisión independiente. Al menos 5 de sus integrantes son nombrados directamente por la oficina del gobernador de la Florida. Actualmente la comisión está conformada por cinco republicanos y cuatro demócratas.

El análisis del informe de la Comisión iba a realizarse inicialmente el pasado 6 de setiembre pero fue postergado a petición de Rivera, según los archivos de la Comisión. Una segunda solicitud fue presentada sin éxito para abordar el tema después de las elecciones del 6 de noviembre.

Mientras tanto, Abel A. Iraola, portavoz de prensa de la campaña de García, dijo que los 11 cargos contra Rivera son bochornosos para la comunidad.

“Hay que ponerle fin a sus escándalos. Ya es hora de que nuestra comunidad avance hacia delante”, precisó Iraola. “Esperamos que el 6 de noviembre podamos cerrar este capítulo de los escándalos de Rivera y enfocarnos nuevamente en ayudar a los residentes del sur de la Florida”.

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