Por más de dos décadas la Caribbean Petroleum Corporation ha sido señalada y multada por $1.3 millones por las agencias reguladoras debido a serias violaciones ambientales, entre ellas descargas de desperdicios tóxicos al agua, aire y terrenos. Todo ello ha puesto en riesgo la salud y seguridad de los residentes.

Sin embargo, estas mismas agencias federales y estatales han permitido que la empresa continúe operando de manera ininterrumpida por más de 50 años y han incumplido con su responsabilidad de fiscalizar la operación, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La laxitud gubernamental incluye la no realización de inspecciones federales de seguridad ocupacional por casi una década y el no haber establecido el plan de respuesta a desastres que exige la ley federal para proteger a la comunidad.

Las instalaciones, ubicadas en el Parque Industrial Luchetti de Bayamón que explotaron hace 12 días provocando un fuego que duró dos días y medio y que causó descargas de contaminantes a las aguas cercanas, no habían sido inspeccionadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal desde el 2000. Esta es la segunda ocasión en la que las operaciones de CAPECO causan un fuego de grandes proporciones en el área.

``Eso era un desastre en espera de fecha'', aseguró una fuente interna que conoce de cerca la operación, pero que pidió permanecer en el anonimato debido a sus relaciones con la empresa. La fuente, quien visitó la instalación por última vez hace tres años, dijo que lucía deteriorada y que el mantenimiento era pobre.

La causa de la explosión que afectó a 21 de los 40 tanques de almacenaje de combustible aún está bajo investigación. La pesquisa está enfocada en determinar cómo CAPECO operaba sus tanques, cómo manejaba sus operaciones, y el marco regulatorio vigente en Puerto Rico, reveló Jeffrey Wanko, investigador que lidera el esfuerzo. El análisis, que está a cargo de la Junta de Seguridad y Peligrosidad Química de los Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés), tiene como principales teorías causales negligencia y error humano ya que la posibilidad de terrorismo fue descartada la semana pasada.

Una revisión de las inspecciones de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), del expediente de CAPECO en la Corte de Quiebras, y entrevistas tanto con expertos en seguridad química como con residentes pintan un cuadro de una empresa que ha estado bajo el escrutinio de la EPA por décadas, y que posteriormente buscó refugio en la protección del Capítulo 11 para aliviar presiones financieras.

A preguntas sobre por qué se le ha permitido continuar operaciones pese a las repetidas violaciones ambientales, José Font, subdirector de la EPA en el Caribe, dijo que la prioridad de la agencia es asegurar que las operaciones sean conducidas según las leyes aplicables.

``Nosotros lo que tenemos es que buscar cumplimiento con la ley'', insistió. Otros hallazgos del CPI incluyen: