Inmigrantes temen hacerse viejos esperando por la legalización

06/26/2013 1:17 AM

06/26/2013 5:32 AM

Rafael Zaldaña tenía 35 años cuando vino a vivir a Miami desde su natal Honduras en 1998.

Y ahora, a los 51 años, Zaldaña finalmente se encuentra en el umbral de emprender el camino para normalizar su estatus legal en Estados Unidos, bajo la reforma migratoria bipartidista que se debate actualmente en el Senado.

El problema, teme Zaldaña, es que él podría morirse o ser demasiado viejo para cuando le llegue el turno de solicitar la ciudadanía, bajo el actual proyecto de ley.

No es que los legisladores se estén demorando demasiado en debatir la propuesta. El problema es que, en virtud de las propias cláusulas de la propuesta misma, Zaldaña estaría obligado a esperar 10 años antes de solicitar la tarjeta verde de residencia y después tres años más para poder pedir ciudadanía.

Si el proyecto se convierte en ley, Saldaña tendría cerca de 65 años para cuando le correspondería jurarle lealtad a los Estados Unidos.

“Cuando ya se llegue a dar la ciudadanía, ya uno va directo a un asilo”, expresó Saldaña, sonriendo. “O uno se muere en cualquier momento”.

Mientras que Zaldaña bromeaba, el largo camino de 13 años hacia la ciudadanía emerge como uno de los mayores puntos negativos del proyecto de ley en los ojos de activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.

Por lo menos el 35 por ciento de los extranjeros que se beneficiarían de la legalización ya son adultos entre las edades de 18 y 39 años, según estudios de la organización Pew Hispanic Center de Washington, D.C.

Esto significa que un buen número de ellos estarán cerca de la edad del retiro para cuando estén en condiciones para calificar para la ciudadanía y otros quizás demasiado enfermos para poder disfrutarla.

El proyecto de ley, elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores, incluyendo el republicano cubanoamericano de West Miami Marco Rubio, le concedería la condición de inmigrante provisional registrado (RPI, por sus siglas en inglés) a los extranjeros indocumentados que llegaron antes del 31 de diciembre del 2011.

Luego, los inmigrantes con estatus RPI tendrían que esperar 10 años para solicitar la tarjeta de residencia y tres años más para buscar ciudadanía, tras el pago de más de $2,000 en cuotas y multas.

La mayor parte de los inmigrantes indocumentados en el país llegaron entre 1990 y el 2011, sumando alrededor de 7.5 millones de personas, según un informe de Pew. En 1990, había alrededor de 3.5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y actualmente hay mas de 11 millones.

Las experiencias de tres hondureños entrevistados el jueves en las oficinas de la Organización Hondureña Francisco Morazán en la Pequeña Habana arrojan algunos indicios sobre cómo el proyecto de la legalización afectaría a millones de indocumentados adultos.

Zaldaña, que está ciego, entró ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con Arizona en 1998 - traído por un traficante de migrantes.

La Patrulla Fronteriza no lo capturó y tras cruzar la frontera desde Sonora, México, se dirigió a Miami, donde tiene una hija.

A principios de 1999, Zaldaña - como decenas de miles de hondureños indocumentados - obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en ingles) de parte del servicio de inmigración luego que el huracán Mitch devastara Honduras. El TPS protege a los beneficiarios contra la deportación y les permite trabajar.

Zaldaña, que es pianista y cantante de ritmos latinos, ha estado viviendo aquí con TPS, que ha renovado periódicamente en los últimos 15 años. Se espera que el TPS para inmigrantes que previamente estaban indocumentados sea eliminado si el proyecto de legalización se convierte en ley.

Zaldaña dice que la larga espera por residencia y ciudadanía le parece poco razonable.

“Yo lo siento un poco injusto porque, yo pienso que los que estamos en un programa como el TPS deberían hacerlo más fácil, en menos tiempo”, dijo Zaldaña.

Otro hondureño, Julio Padilla, de 53 años, llegó a Estados Unidos con una visa en 1992 para trabajar en cruceros. Un año después la visa expiró, pero Padilla decidió quedarse ilegalmente para poder seguir enviando dinero a su esposa y sus hijos.

En 1998, también obtuvo el TPS. Le atemoriza la idea de tener que esperar otros 13 años para convertirse en ciudadano.

“Es demasiado tiempo”, dijo Padilla. “Tendría yo 66 años cuando me haga ciudadano, ya casi a punto de jubilarme”.

Héctor Cerna, de 43 años, es el más joven de los tres hondureños entrevistados el jueves, pero también le molesta la espera. Si el proyecto de legalización se convierte en ley, Cerna tendría 56 años para cuando pueda solicitar la ciudadanía, y probablemente 57 en el momento en que se naturalice debido a las posibles demoras en el procesamiento de su petición.

Cerna ha estado aquí durante unos 23 años, después de cruzar ilegalmente la frontera desde México. En 1998 también obtuvo el TPS y ha trabajado en la construcción.

Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, donde fueron entrevistados los hondureños, dijo que está presionando a legisladores federales para acelerar el proceso de residencia y ciudadanía para los que se registraron para el TPS.

“Estamos tratando de hablar con todos los congresistas para que haya una prioridad para los que tienen el TPS”, dijo.

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