Jueza venezolana Afiuni se niega a denunciar en Fiscalía violación en prisión

11/29/2012 12:12 PM

11/29/2012 12:13 PM

La jueza venezolana María Lourdes Afiuni, detenida hace casi tres años por la supuesta liberación irregular de un empresario y para quien el presidente Hugo Chávez pidió la pena máxima, se negó hoy a denunciar la violación de la que asegura fue víctima en prisión ante la Fiscalía, que la citó a declarar sobre el caso.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano lamentó que Afiuni se negara a denunciar ante el ente las declaraciones hechas recientemente en un libro, en el que aseguró que fue violada en el Internado Nacional de Orientación Femenina (Inof), donde estuvo presa hasta febrero de 2010.

“Para el Ministerio Público es lamentable que la abogada no haya colaborado para que se realizara la investigación del hecho denunciado, pues solo se cuenta con versiones de dos hombres: un defensor privado y el autor de un libro que actualmente se encuentra a la venta”, señaló la Fiscalía.

En el comunicado, el ente señaló que espera que la jueza reflexione y ratificó que continúa “a la orden para que formalice su denuncia e, incluso, está dispuesto a trasladar a una fiscal a fin de que sea una mujer quien escuche su denuncia”.

Tras 20 meses con el proceso paralizado, ayer comenzó el juicio a Afiuni con la ausencia de la magistrada, al aplicarse el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que permite el inicio de juicios sin el imputado.

Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido por la liberación en diciembre de 2009 de Eligio Cedeño, un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.

Entonces, Chávez pidió la “pena máxima” para la magistrada, que se encuentra desde febrero de 2010 bajo prisión domiciliaria y con prohibición de declarar a la prensa.

Jose Amalio Graterol, miembro del equipo defensor de Afiuni, dijo a Efe que la magistrada fue trasladada hoy al Ministerio Público (MP) de forma “obligada” en lo que terminó siendo “una emboscada con la finalidad de que la doctora denunciara un delito que no requiere ser denunciado”.

“A ninguna víctima (de violación) se la obliga a denunciar, la Fiscalía debe iniciar la investigación por oficio”, señaló el abogado apoyándose en el artículo 283 del COPP, que establece que la Fiscalía “cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar”.

El lunes, la fiscal general, Luisa Ortega, dijo que el Ministerio Público no puede investigar el caso porque no ha recibido una denuncia al respecto, basándose en el artículo 26 del COPP que señala que los delitos son enjuiciables “sólo previo requerimiento o instancia de la víctima”.

“En el caso de Afiuni, que ha sido asediada por todo el poder del Estado, no conviene que denuncie, porque sabemos que la Fiscalía va a realizar una investigación amañada y, si denuncia, inventen una investigación que no es y luego le imputen el delito de simulación de hecho punible”, argumentó Graterol.

Este miércoles, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Isis Varela, consideró una “vil patraña” que Afiuni fuera violada mientras estuvo recluida en el Inof, sumándose a otras declaraciones de funcionarios que no dan credibilidad a la denuncia.

La próxima vista del juicio a Afiuni está prevista para el próximo 19 de diciembre, fecha en la que la jueza seguirá con su política de no participar en la sesión por considerar que su caso no es tratado con imparcialidad.

Organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.

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