La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles) de la Florida presentó una demanda federal contra el condado de Miami-Dade y el alcalde Carlos Giménez por la detención de personas sin orden judicial para procedimientos de inmigración.
La demanda fue presentada en nombre de Garland Creedle, de 18 años, un ciudadano estadounidense que fue detenido el 12 de marzo por un supuesto incidente de violencia doméstica por el que no se le presentaron cargos.
Los abogados de Creede alegan que después de pagar su fianza el hombre debió ser puesto en libertad inmediatamente, pero en cambio las autoridades de Miami-Dade lo retuvieron para iniciar procedimientos de inmigración.
Creede, nacido en Honduras, es ciudadano estadounidense en virtud de la ciudadanía de su padre.
“Aunque Creedle tenía derecho a ser puesto en libertad inmediatamente después de pagar una fianza, los funcionarios de Miami-Dade lo mantuvieron en la cárcel basado en que es un ‘extranjero deportable’”, se indicó en la demanda.
La demanda de Creedle fue presentada junto con la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y el bufete de abogados Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli y Pratt.
La oficina del alcalde de Miami-Dade declinó comentar sobre el caso para el Miami Herald.
El procedimiento de los agentes está amparado en la política de detención del condado adoptada en enero por el alcalde Carlos Giménez siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que eliminaría subsidios federales a los condados o ciudades que no cooperan plenamente con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), las llamadas “ciudades santuario”.
La demanda, que nombra al alcalde Giménez y al condado mismo como demandados, solicita una orden declarando inválida la normativa del alcalde sobre detenciones de inmigración y la detención de Creedle, que duró menos de 48 horas, inconstitucional. También solicita daños compensatorios.
Los abogados dijeron a el Nuevo Herald que aún no han especificado ni difundido por cuánto es la demanda.
La ACLU afirma que la política de Miami-Dade “viola la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo la prohibición contra las incautaciones ilegales bajo la Cuarta Enmienda y la garantía del debido proceso bajo la Decimocuarta Enmienda”.
“La ley de la Florida también prohíbe a los funcionarios de la cárcel detener a personas para fines de inmigración civil”, dijo la ACLU en un comunicado.
El condado de Miami-Dade ha estado deteniendo a personas en la cárcel con fines de inmigración desde que el presidente Trump amenazó en enero cortar el financiamiento para las “ciudades santuario”.
Los comisionados del condado votaron en febrero para colaborar con las autoridades de inmigración, pero modificaron la resolución añadiendo que las cárceles aceptarían las solicitudes de retención y entrega de inmigrantes, pero tendrían que incluir una declaración de “causa probable” contra el acusado, lo que significa que debe existir una justificación legal de por qué inmigración busca a esa persona.
La administración de Trump aclaró después que sólo las ciudades que violan la ley federal estarían en riesgo de perder dinero federal, dijo la ACLU. “Aunque el condado [Miami-Dade] ya no se enfrenta a la pérdida de fondos federales, no ha reconsiderado la póliza sobre los detenciones migratorias”.
En marzo, un juez de Miami-Dade declaró inconstitucional la política que permite que las cárceles del condado Miami-Dade detengan a inmigrantes que enfrentan deportación.
El juez Milton Hirsch dijo en su fallo que la política viola los límites establecidos en la 10ma Enmienda de la Constitución para los límites del poder federal sobre los estados. El condado apeló el fallo.
Comentarios