Pocos días después de que la nueva ley de condominios de Florida entrara en vigor, Martín González fue a la policía del condado Miami-Dade a presentar una queja sobre presunto fraude en su reparto.

La respuesta lo enojó. De acuerdo con González, le dijeron que no lo podían ayudar y que fuera al destacamento de su ciudad, Miami Beach.

Pero la respuesta que, según González, recibió en la policía de La Playa fue aún más frustrante: “Me dijeron que cuál nueva ley, que no sabían sobre una nueva ley”.

Por años, los departamentos de policía se han negado a recibir o investigar las denuncias de fraude en las asociaciones de condominios, debido a que las leyes estatales que regulan este tipo de viviendas, no incluían referencias a delitos y castigos penales.

Ahora, tras una amplia reforma al capítulo 718 de la Constitución de la Florida, aprobada durante la más reciente sesión legislativa en Tallahassee, la ley sí incluye castigos penales para algunas acciones. Pero la reforma entró en vigor el 1º de julio, y varios departamentos de policía dijeron a el Nuevo Herald que apenas están informándose y preparando a sus investigadores para la implementación de la nueva ley.

“Hemos empezado a trabajar con la Ficalía Estatal de Miami-Dade y en las próximas semanas vamos a reunirnos con ellos y nuestros agentes de la Unidad de Crímenes Económicos, para discutir las mejores prácticas para investigar estos delitos”, explicó el viernes el agente Ernesto Rodríguez, vocero de la Policía de Miami Beach.

“Como con cualquier nueva ley, nos adaptamos y vemos la mejor forma de manejar las quejas como un departamento de policía”, dijo Rodríguez, quien agregó que desconocía detalles específicos sobre la denuncia de Martín González.

Desde marzo del 2016, el Nuevo Herald y Univisión 23 han publicado la serie investigativa Condos de Pesadilla, que reveló casos de fraude electoral en juntas de asociaciones de condominios, falsificación de documentos y licitaciones fraudulentas. La serie puso en evidencia la falta de acción y las limitaciones de las autoridades en cuanto a las denuncias de los propietarios, tanto de la policía como de la agencia estatal de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR).

González, del condominio de Miami Beach, dijo que no entienden por qué las autoridades no están listas para implementar inmediatamente la ley.

“Cuando se dijo que andar sin el cinturón de seguridad era ilegal, al otro día los patrulleros estaban en la carretera poniendo tickets a la gente que andaba sin el cinturón”, alegó González. “Entonces, nosotros por qué tenemos que esperar”.

Las autoridades dijeron que implementar las leyes de condominios y realizar las investigaciones, no es un asunto tan “blanco y negro” como poner una multa por no llevar el cinturón de seguridad puesto. Se necesita educar y entrenar a los agentes, y que los residentes entiendan la diferencia entre los asuntos civiles y criminales. Estos últimos son los que la policía puede investigar, mientras que las quejas civiles deben ser manejadas por la DBPR.

Pero muchos residentes de condominios dicen que están desesperados. Tras años de esperar por leyes que les brinden un poco más de protección, muchos expresaron dudas sobre si las autoridades harán cumplir las nuevas reglas. Esa fue una de las principales quejas expresadas en el foro comunitario sobre las reformas a la ley de condos, organizado por Univisión 23 y el Nuevo Herald la semana pasada, en el Goodlet Park de Hialeah.

En el evento participaron casi 300 personas, junto a representantes de la Policía del Condado Miami-Dade, la Policía de Hialeah, la Fiscalía Estatal, los senadores José Javier Rodríguez y René García, y el representante estatal José Félix Díaz.

Algunas personas indagaron sobre si las autoridades recibirán los recursos necesarios para implementar la nueva ley.

El vocero del condado Miami-Dade, Michael Hernández, respondió que el alcalde condal Carlos Giménez, asignó recursos en el presupuesto anual del condado para la policía y están trabajando en la asignación de más detectives a casos de condominios.

Sin embargo, tanto Hernández como el vocero del Departamento, Álvaro Zabaleta, dijeron que el equipo especial creado el año pasado para investigar asuntos de condominios, no cuenta con los agentes necesarios para encargarse de las denuncias de las 34 ciudades del condado. Ese equipo da prioridad a los casos de la zona no incorporada de Miami-Dade, dijeron.

Por su parte, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo a el Nuevo Herald el viernes que propondrá medidas similares durante las reuniones de presupuesto municipales, en septiembre.

“Estamos mirando cómo logramos que los condominios de la ciudad de Miami se dirijan a nosotros, y no a otros departamentos, con sus quejas”, dijo Regalado. “Una opción es enviar cartas a las asociaciones en la ciudad, informando sobre la nueva ley”.

Sin embargo, Regalado dijo que hay “mucha desorientación” en la comunidad, sobre la diferencia entre delitos y quejas civiles, y sobre qué autoridades deben investigar las quejas.

“Por ejemplo, llama una señora para poner una denuncia y cuando le preguntamos dónde vive, dice que en Kendall. Cuando le explicamos que esa denuncia no le corresponde a la policía de Miami nos dice ‘ah, me están peloteando’ ”, explicó Regalado.

“Entonces cuando mandas para otro lado a personas que tienen ese tipo de problemas, se desalientan, así que lo mejor es informarse sobre cuál es su departamento de policía y enfocarse en cosas que son un delito”.

Por lo pronto, la Unidad de Crímenes Económicos de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, está organizando entrenamientos para los departamentos de policía sobre la nueva ley de condominios, informó en una declaración a el Nuevo Herald, la Fiscal Katherine Fernández Rundle.

“Por más de una década estuvimos tratando de pasar legislación referente a las asociaciones y compañías de administración, pero los grandes intereses siempre interrumpían estos esfuerzos”, dijo Fernández Rundle, cuya oficina publicó en marzo un revelador reporte preparado por un jurado de instrucción, que sirvió para elaborar las reformas a la ley.

“Esta vez, con la dedicación, compromiso y la persistencia de todos, pudimos lograr un primer paso. Pero aún tenemos mucho trabajo que hacer”, dijo Fernández Rudle. “Aunque estamos en los primeras semanas de la vigencia de esta nueva ley, tomará un poco de tiempo y más recursos para crear un sistema eficiente para estas quejas y casos. Debemos tener paciencia y también persistencia en exigirles a nuestros funcionarios lo que se necesite para proteger los derechos de los dueños de condominios”.