Cuando el presidente ejecutivo de Florida Power & Light visitó varias juntas editoriales de periódicos en todo el estado este mes como parte de una campaña de relaciones públicas para ganar apoyo para la solicitud de aumento de tarifas por valor de $1,300 millones, prometió "dar transparencia a todo lo que hacemos''.

Pero fuentes y documentos señalan que la FPL también trabaja tras bambalinas con tácticas duras que incluyen usar a personas de dentro y fuera de la empresa para investigar a autoridades normativas, impugnar su imparcialidad y publicar comentarios negativos sobre ellos y el gobernador en internet.

La FPL niega tajantemente que use tácticas secretas para beneficio propio.

El presidente ejecutivo de la firma, Armando Olivera, expresó en una entrevista con The Miami Herald que la empresa originalmente pensó que podía persuadir fácilmente al público de que la solicitud de aumento de tarifas era justificada.

Pero el mensaje "se volvió un desastre'', indicó, y la empresa decidió lanzar una campaña de relaciones públicas ante la Comisión de Servicios Públicos (PSC) el 13 de enero.

La FPL ha solicitado un aumento de 30 por ciento, el mayor en 25 años, y promete invertir $16,000 millones en nueva tecnología y construcción, crear cientos de empleos y mantener las ganancias de los accionistas. Incluso con el aumento de tarifas, la compañía afirma que la factura mensual de electricidad bajará --al menos durante un par de años-- debido a la reducción en el costo del combustible y el aumento en la eficiencia de sus operaciones.

La votación sobre la solicitud, planteada originalmente para noviembre, se demoró debido a reportes de que algunos miembros de la PSC y su personal mantenían una relación demasiado estrecha con las empresas de servicios públicos, particularmente la FPL. El gobernador Charlie Crist, que se ha opuesto públicamente al aumento de tarifas, aseguró que iba a "limpiar la la casa'' y nombró dos comisionados sin vínculos con el sector, entonces pidió a la Comisión que votara sobre la solicitud en enero, cuando los nuevos comisionados asumieran el cargo.

Preocupada de que su caso estaba en peligro, la FPL ha lanzado anuncios de televisión, una nueva página de internet --OurFloridaEnergyFuture.com-- escrito columnas para periódicos y realizado visitas regulares a las juntas editoriales para fortalecer su mensaje de que la empresa tiene las tarifas más bajas del estado.

Pero es la iniciativa tras bambalinas, y el uso de empleados para cabildear al gobernador, lo que preocupa a algunos empleados, dijeron fuentes en la empresa. La iniciativa de la FPL --que parece enfrentar a la compañía con los comisionados que deciden sus tarifas-- no parece infringir ninguna ley pero ha causado preocupación en sus filas.

Algunos empleados aseguran que los ejecutivos culpan a todos --al gobernador, a la política en Tallahassee y a los medios--, pero no a ellos mismos, por los problemas del caso, mientras tratan de proteger las ganancias de los accionistas. Los empleados hablaron con The Miami Herald/St. Petersburg Times con la condición de no ser identificados.

"La mayor parte de mi equipo ve esto como culpa de la propia empresa'', declaró un gerente de FPL quien reportó ser uno de varias docenas de empleados que fueron informados del plan sólo verbalmente para evitar documentos comprometedores. "No conseguimos apreciar la situación de los clientes y estamos solicitando un aumento de tarifas, todo en nombre de la inversión a largo plazo, cuando son nuestros accionistas los que tratan de beneficiarse de todo esto. Muchos de mis empleados están desmoralizados y avergonzados ante nuestros clientes''.

La FPL afirma que no ha organizado críticas al gobernador o los comisionados de la PSC. Olivera declaró a la junta editorial de The Miami Herald: "No tenemos una estrategia y no hemos pedido a nadie que haga eso. Pero sí tenemos una estrategia para crear apoyo de base''.

Sin embargo, las fuentes dentro y cerca de la empresa indicaron que tres ejecutivos de la FPL ayudaron a organizar una conferencia de prensa de un grupo de cabildeo que tuvo como objetivo específicamente a Nancy Argenziano, comisionada de la PSC, sobre la base de que envió mensajes desde su BlackBerry a un ex asistente que provocaron interrogantes sobre su imparcialidad.

La conferencia de prensa de octubre fue convocada por Associated Industries of Florida (AIF), que ha apoyado públicamente la solicitud de la FPL. Pero los ejecutivos ayudaron a decidir qué debía decir la AIF y qué alegaciones debían plantearse sobre Argenziano, y el director de relaciones con los medios de la FPL, Mark Bubriski, ayudó a redactar los puntos de interés, dijeron fuentes dentro y cercanas a la FPL.

Bubriski reconoció haber editado la nota de prensa de la AIF pero negó cualquier participación mayor.

Argenziano afirmó que estaba al tanto de que ha habido una "amplia investigación opositora'' e intentos de "injurias'' en su contra, pero dijo que no sabe si la FPL ha participado.

La FPL también ha asignado a James Ratchford, su director de desarrollo de comunicaciones, a "planear y ejecutar investigaciones de la oposición, contramedidas en los medios y una campaña en los medios sociales'', según un documento interno de la FPL obtenido por The Herald/Times.

Bubriski aseguró que "no sabía nada'' de tal documento y que Ratchford no realizó "investigaciones de la oposición''. Después que le leyeron el fragmento que describía los deberes de Ratchford, Bubriski agregó: "No creo que podemos comentar sobre un documento que no hemos visto''.

Un gerente de la FPL declaró al Herald/Times que "bajo la atención directa de mis supervisores y la gerencia'' Ratchford usó computadoras que no se pueden rastrear a la FPL para colocar comentarios en blogs sobre comisionados y el gobernador mediante el uso de alias. Ratchford también realizó, o trabajó con otros, en labores de verificación de historiales de crédito, antecedentes penales y archivos de propiedades de los comisionados Argenziano y Nathan Skop, además de los nuevos comisionados nombrados por Crist, David Klement y Benjamin "Steve'' Stevens, amplió el gerente de la FPL.

La labor de Ratchford, afirmaron las fuentes de la FPL, ha incluido la investigación de la compra de una propiedad por parte de Argenziano en Carolina del Norte con la ayuda de un cabildero legislativo cuando era senadora estatal.

Dos gerentes de la FPL dijeron que Ratchford estaba detrás de comentarios publicados en el blog Naked Politcs, de The Miami Herald, firmados por "El Anticristo''. Un comentario expresó: "Crist es un tonto. Seguro que contrató a gente de fuera'' y calificó de "club sexual'' un bar para estudiantes universitarios propiedad de Stevens.

Ratchford declinó comentar al respecto.

En su entrevista con la junta editorial de The Miami Herald, Olivera señaló que algunos empleados de la FPL han publicado comentarios en internet, pero agregó que la compañía no "condona'' esa práctica ni es parte de una estrategia de la empresa. ‘‘Absolutamente no'', dijo.

La labor de Ratchford y la iniciativa de relaciones públicas conocida en la empresa como el "llamado a la acción'' los dirige el vicepresidente Eric Silagy, confirmaron fuentes dentro y cercanas a la FPL. Parte de la iniciativa es la contratación del ex procurador general de la Florida Bob Butterworth para ayudar en la campaña de relaciones públicas.

Los honorarios de Butterworth se pagan con las ganancias de la empresa. El sueldo de los vicepresidentes como Silagy se pagan con el dinero de los clientes, según documentos presentados en la solicitud de aumento de tarifas. Silagy no devolvió varias llamadas en busca de comentario.

Silagy ha solicitado la ayuda de gerentes de la empresa y líderes comunitarios para apoyar el aumento de tarifas, expresaron los gerentes entrevistados, quienes agregaron que Silagy les dijo que no pusieran nada por escrito.

La FPL pasó por una vergüenza durante el caso del aumento de tarifas cuando inicialmente negó y entonces reconoció bajo juramento que había orquestado una iniciativa para reclutar personas el verano pasado para que dijeran cosas favorables en las audiencias públicas de la PSC. La táctica salió a la luz cuando un ex empleado facilitó a la PSC documentos que detallaban la estrategia.

Ahora algunos empleados de la FPL se pronuncian internamente contra el uso del mismo tipo de tácticas que antes salieron mal, y les han dicho: "No tenemos otra opción que hacer lo que nos ordenan. Esto es de vida o muerte'', declaró a The Herald/Times un gerente de la FPL.

Este mes Crist ha recibido 14 cartas de líderes comunitarios exhortándolo a apoyar el aumento de tarifas de la FPL o no tomar partido en el asunto. Una de las cartas, firmada por Troy McClellan, presidente de la Cámara de Comercio de Boca Raton, expresó que la FPL "me entregó información'' para usar en su carta pero dijo que se la ofreció ‘‘objetivamente''.

Cuando el caso se decida el próximo mes, dos de los comisionados, Klement y Stevens, seguirán esperando la confirmación por parte del Senado estatal, aunque podrán votar sobre el aumento. Olivera declaró a la junta editorial de The Miami Herald que es "muy poco probable'' que la FPL se oponga a su confirmación, pero no eliminó por completo la posibilidad en caso que "no sean justos''.