El Condado Miami-Dade, la Ciudad de Miami y la Ciudad de Coral Gables violaron parte de la prominente Ley de Derechos Civiles de 1964 cuando permitieron que un controversial garaje para “tranvías” (en realidad ómnibus en forma de tranvías) se construyera en un barrio históricamente negro de Coconut Grove, concluyeron funcionarios federales.
Una investigación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), provocada por la queja de una vecina, concluyó que el Condado no aseguró que las ciudades cumplieran con la ley. Las ciudades, por su parte, violaron la ley al no llevar a cabo un estudio durante el “estadio de planificación” del garaje para asegurar que la raza no fuera un factor al determinar dónde se construiría o que el garaje no tendría un “imanto adverso” en el barrio de West Grove, el cual ha pasado trabajo durante mucho tiempo para atraer negocios.
Los dos municipios, los cuales dijeron que no estaban al tanto de los requisitos, tampoco llevaron a cabo una labor de difusión pública como lo exige la ley, concluyó la investigación.
El Condado y las ciudades tendrán ahora que presentar un plan sobre cómo resolver las violaciones, incluyendo un estudio sobre si el garaje tiene un impacto negativo en el barrio y si existe una ubicación mejor.
El profesor de Leyes de la Universidad de Miami Anthony Alfieri, cuyo Centro de Ética y Servicio Público (Center for Ethics & Public Service) ha ayudado a los residentes a combatir el garaje, dijo que el fallo cuestiona si los gobiernos violaron la ley en otros proyectos en los cuales se usaron fondos federales de transporte.
“Esta carta y memorándum plantean una pregunta significativa sobre si el Condado y los dos municipios han cumplido siquiera con el Título VI porque al parecer no están al tanto de los objetivos y no tienen implementado ningún programa”, dijo. “El Título VI es una de las cláusulas fundamentales de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, de modo que este estatuto tiene 49 años. Hubo personas que hicieron marchas y que murieron por esto”.
El garaje de tranvías, que está casi terminado y se supone que sirva para almacenar y dar mantenimiento a los populares tranvías de Coral Gables, ha provocado una acerba batalla, enfrentando a vecinos, ministros religiosos y un equipo de abogados pro bono contra los gobiernos locales y el urbanizador Henry Torres. Los vecinos llevaron a cabo protestas y las asociaciones de propietarios de viviendas aprobaron resoluciones en su contra, mientras que dos demandas continúan su paso por los tribunales del estado.
La saga comenzó después de que Torres, presidente de Astor Development, negoció un acuerdo con Coral Gables para construir un nuevo garaje para la Ciudad a cambio de terrenos donde está situado el garaje actualmente, en South Le Jeune Road cerca del chic centro comercial Village of Merrick Park. Torres quiere construir un proyecto de 10 pisos de uso mixto con condominios en el sitio.
Astor encontró terrenos en el histórico asentamiento bahamense del Grove, en la cuadra de los 3300 de Douglas Road. El terreno da a viviendas unifamiliares, entre ellas una casa rosada en la que la vecina del lugar Dorothy Henry lleva viviendo casi dos décadas y ha criado a cinco hijos.
La Ciudad de Miami hizo un contrato con Astor por el garaje sin llevar a cabo una audiencia pública, lo cual enfureció a los vecinos. En abril, Clarice Cooper, quien creció en el barrio y vive al cruzar de la calle desde 1981, presentó su queja ante el DOT.
DOT cuenta con la autoridad de intervenir porque uno de los tranvías asignados al garaje fue comprado con fondos federales. Según el informe, la Administración Federal de Tránsito (FTA) concedió al Condado más de $69 millones para usar en el transporte público en los 34 municipios del Condado en el 2009. El Condado, por su parte, dio el 20 por ciento a las ciudades locales y compró 34 ómnibus y tranvías a nombre de siete de ellas, incluyendo Coral Gables y Miami. En el 2010, ambas ciudades firmaron acuerdos comprometiéndose a cumplir con las leyes federales, los cuales se suponía que el Condado supervisaría.
Pero la investigación concluyó que el Condado no supervisó a las ciudades para asegurar que siguieran los requisitos según la Ley de Derechos Civiles. El Título VI de la Ley especifica que las entidades que reciban fondos federales para instalaciones de transporte público no pueden ubicarlas en vecindarios a los cuales afectaría “por razones de raza, color u origen nacional”.
“Aunque el Departamento de Tránsito de Miami-Dade (MDT) ha presentado alguna evidencia de su proceso para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de los sub-beneficiarios no aseguró el suficiente cumplimiento real de las regulaciones”, dijo el informe.
El informe concluyó además que, aparte de publicar una notificación en Internet, “la Ciudad de Miami no tomó medida alguna para solicitar la opinión de la comunidad o evaluar de algún otro modo el impacto de la nueva instalación de mantenimiento en la comunidad local”.
Ni los funcionarios de transporte público del Condado ni los funcionarios de las ciudades respondieron solicitudes de que comentaran al respecto.
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Pero abogados que representan a Coral Gables afirman que ambas ciudades y el Condado han acordado tentativamente a llevar a cabo los estudios requeridos para cumplir con sus obligaciones según la ley.
“La Ciudad no considera que cometió una violación de los derechos civiles, pero estamos trabajando con la Ciudad de Miami y el Condado”, dijo Leen. “Tenemos la esperanza de legar a un acuerdo con FTA, pero no estamos de acuerdo en que hayamos violado de ningún modo la Ley de Derechos Civiles”.
De hecho, Coral Gables demandó a Astor por ruptura de contrato y pidió a un juez que determine si el garaje cumple con el código de zonificación de la Ciudad de Miami. Coral Gables también planea pedir a un juez que decida si se debe considerar responsable a la Ciudad o a Astor de completar el estudio requerido por FTA, dijo el abogado Steve Helfman. Se espera que el caso llegue a los tribunales en febrero.
Y, debido a que el único uso de fondos federales de tránsito de la Ciudad se limita a este tranvía en particular, Helfman no cree que ningún otro proyecto violó la ley.
“No existe ninguna violación a gran escala que sepamos”, dijo. “No tenemos otros proyectos a los que se aplicaría”.
Astor, no obstante, cree que la Ciudad debería haber asegurado que se siguiera la Ley de Derechos Civiles.
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