Una lista negra ha puesto a temblar a muchos en la Universidad Internacional de la Florida.
Frente al hacha de Tallahassee, los administradores del recinto universitario están buscando tela por dónde cortar, y en la mirilla se encuentran los institutos o centros de investigación.
''Todo está sobre la mesa'', me comentó anoche Douglas Wartzok, el vicepresidente de Asuntos Académicos, quien esperaba noticias de los acontecimientos en la Legislatura de la Florida.
''Existe la posibilidad de que cerremos muchos de los centros'', me confirmó, al explicar que éstos no son la prioridad de la universidad, que es aceptar estudiantes y graduarlos.
A la cabeza de las posibles víctimas está el Centro de Investigación y Estudios Laborales, un manantial de conocimiento científico que desde 1971 ha respaldado a los trabajadores de bajos ingresos en el Gran Miami y a las organizaciones comunitarias que los representan. En otras palabras, a una gran parte de la población inmigrante.
Por eso es indispensable que no lo clausuren si esperan que prevalezca una conciencia de responsabilidad colectiva en la comunidad. A título personal, el instituto ha servido de referencia en mis escritos que buscan fomentar la justicia social en el sur de la Florida.
Entre sus logros más recientes, se destacan estas investigaciones:
• Beneficios Públicos de Subsidios Públicos. En noviembre pasado, el estudio sirvió para documentar que el proyecto de construcción del Estadio de los Marlins en La Pequeña Habana podía ser estructurado para beneficiar también a la comunidad de vecinos y no sólo a los urbanizadores.
• El Estado de la Crisis de la Vivienda de Miami. También en noviembre, el informe fue usado por agencias benéficas del condado para ilustrar la severidad de la crisis y comenzar a esbozar soluciones.
• El Salario Mínimo de la Florida un año después. En mayo del 2006, la investigación demostró con hechos y cifras que, contrariamente a las predicciones alarmistas del sector empresarial, el aumento del salario mínimo no acarreó consecuencias negativas para los negocios.
''El centro nos provee de datos concretos e información que usamos para llevar nuestra experiencia en la lucha contra la pobreza a un contexto más formal en la agenda de política pública'', me explicó Monica Russo, la presidenta del Sindicato de Salud (SEIU) de la Florida.
Y bueno, tampoco han faltado las sospechas...
Da la casualidad que el año pasado, el Centro produjo un estudio titulado ''¿A dónde va el dinero?'' en el que se determinó que mientras la FIU sustraía recursos destinados a los estudiantes y profesores, paralelamente aumentaban los salarios de sus altos administradores.
En un parpadear de ojos, la pesquisa se convirtió en el mejor aliado del sindicato de profesores de este recinto de educación superior en su batalla por conseguir salarios más dignos para sus agremiados.
''Me dio la impresión de que la administración de la universidad no estaba muy contenta de ver lo que exponía el informe'', me dijo Bruce Nissen, director del Centro. ``No los acuso, pero espero que no estén tomando represalias''.
Wartzok negó categóricamente que se trate de un desquite.
Daniella Levine, la presidenta de la Coalición de Servicios Humanos, me enfatizó que el centro posee una perspectiva única, ya que en el condado no hay otro grupo de investigación académica como éste que vele por los derechos laborales de los pobres y las minorías.
Si bien estamos en tiempos de recortes en la academia universitaria, un área que no puede dejarse al olvido es la de la justicia social en nuestra comunidad. Es por el bien de todos.
