Al hacer su entrada en una pelea entre Iglesia y Estado, una poderosa comisión de impuestos de la Florida decidió el miércoles preguntar a los votantes si el estado debe convertirse en el primero de la nación en eliminar un lenguaje constitucional que claramente prohíbe gastar fondos públicos directa o indirectamente en instituciones religiosas.
Por votación de 17 a 7, la comisión de reforma de impuestos y presupuesto puso una enmienda en la boleta del próximo noviembre para reemplazar el amplio "no'' de la Constitución estatal con una cláusula sobre la religión que dirá: "No se prohibirá a individuos ni entidades que participen en programas públicos debido a la religión''.
Los opositores sugirieron que el cambio permite la promoción de religiones patrocinada por el estado en las instituciones privadas a pesar de le prohibición en la COnstitución federal de que el Estado sancione la religión.
Los partidarios dijeron que decenas de programas de gobierno por cientos de millones e dólares administrados por grupos religiosos están en peligro debido a una decisión de un tribunal de menor instancia relacionada con el fallo del Tribunal Supremo de la Florida en el 2004 que anuló uno de los programas de vales del estado.
"Como hay millones de dólares de programas públicos en peligro, tenemos que actuar'', dijo la comisionada Patricia Levesque, que patrocinó la enmienda. Según indicó, su propuesta "borra el lenguaje discriminatorio de la Constitución estatal y lo sustituye con un solo párrafo''.
Pero el comisionado Les Miller, diácono bautista y ex senador estatal, describió el desfile de horribles detalles mencionados por Levesque, diciendo que es una exageración. Y anotó que ninguno de los programas que ella enumeró ha sido impugnado en corte.
El único programa que estuvo en peligro fue la primera medida relacionada con los vales escolares promovida por el entonces gobernador Jeb Bush, de quien Levesque fue asesora de política educativa. Aunque la corte de apelaciones falló contra el programa debido a la cláusula de no ayuda (80 por ciento de las escuelas que recibirían fondos de los comprobantes eran religiosas), el Tribunal Supremo del estado canceló el programa basándose en otra sección de la Constitución estatal que mencionaba uniformes y escuelas públicos gratis, evadiendo así el tema enteramente.
El lenguaje de no ayuda se le añadió a la Constitución estatal en 1868, en un momento en que había una actitud muy anticatólica en el país, y otros estados siguieron el ejemplo. La cláusula de no ayuda de la Florida sobrevivió muchos repasos y muchos nuevos estudios de la Constitución, aunque el prejuicio anticatólico o cualquier clase de discriminación estaban ausentes de los documentos legislativos.
La cláusula es una de las más estrictas del país, y dice: "No se sacarán ingresos del Estado ni de ninguna subdivisión política o agencia de éste directa o indirectamente para ayudar a ninguna iglesia, secta o denominación religiosa, o como ayuda a nin
guna institución sectaria''. Si se elimina, la Florida sería la primera en hacerlo, dijo Jospeh P. Viteritti, profesor de Hunter College y experto en el movimiento de los vales.
"Este es el primer caso'', dice Viteritti, anotando que ningún estado ha puesto explícitamente la cláusula ante los votantes. Añadió que el prejuicio contra los católicos ayudó a la aprobación de la cláusula de no ayuda, pero que no fue el único factor determinante. El comisionado de Miami Carlos Lacasa dijo que respalda eliminar la cláusula de no ayuda, pero que "añadir 10 o 15 palabras'' "va mucho más allá de la intención inicial de la legislación, y es demasiado riesgosa para que yo la apoye''.
Sus argumentos los respaldaron otros miembros de la comisión: Martha Barnett, Sandy D'Alemberte y Dan Gelber.
Entre sus temores: que la proposición abra las puertas para que instituciones religiosas empiecen a exigir fondos de los contribuyentes y les dé también derecho a discriminar en empleos. Gelber, líder demócrata de la Cámara, instó al panel a considerar la naturaleza de la Constitución y sus importante protecciones de la libertad de religión.
El miembro de la comisión Roberto Martínez, abogado de Miami que fue fiscal federal, expresó la defensa más detallada de la sustitución de la cláusula de no ayuda, anotando que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos actúa como un freno a cualquier patrocinio de la religión por parte del Estado.
Añadió que no está de acuerdo en que la proyectada enmienda permitirá la discriminación basada en la religión, y que no establece ningún derecho, sino que en cambio, beneficiará a estudiantes que reciben dinero del estado en diversos programas actualmente.
Entre ellos, mencionó a los 4,090 alumnos con becas Bright Future en universidades de bases religiosas, a 16,592 estudiantes que usan subsidios estatales de ayuda educacional en escuelas privadas; a 8,699 alumnos impedidos registrados en escuelas privadas bajo los programas becarios McKay, y a 16,743 miembros de minorías que usan comprobantes de impuestos corporativos en escuelas religiosas.
El redactor de The Miami Herald Marc Caputo contribuyó a esta información.
