Abandonó los estudios en el noveno grado. Fue condenado por acarrear un cargamento de cocaína. Y tuvo que ver con sembradíos caseros de marihuana.
Angel Castillo Jr. encontró finalmente su vocación delictiva como empresario en la industria secreta de miles de millones de dólares de la Florida: el fraude de Medicare.
"Yo empecé manejando un Ford Ranger y acabé manejando un Range Rover'', dijo Castillo, de 33 años, quien está cumnpliendo una condena de 20 años por estafar millones al programa de salud gubernamental.
Está cooperando con la oficina del secretario de Justicia y con el FBI para tratar de reducir su condena, que es ocho veces más larga que la condena promedio de los estafadores de Medicare.
Castillo, quien creció en una familia cubanoamericana en el área de Fontainebleau de West Miami-Dade, controlaba alrededor de una decena de compañías médicas, todas a nombre de otras personas para ocultar el hecho de que él era el dueño, de modo que las autoridades federales no pudieran rastrearlo.
Castillo afirmó haber pagado buen dinero por al menos tres de esas compañías porque venían con inmigrantes recién llegados ya registrados como supuestos dueños con Medicare.
Entre ellas: García Medical Supply Inc., de Miami, que estaba dirigida en junio del 2006 por Anabel Esquivel, según los archivos de las corporaciones del Estado. Esquivel había entrado a Estados Unidos como una inmigrante cubana indocumentada cuatro años antes.
Con Esquivel como la supuesta dueña, trabajando para Castillo, García Medical Supply entregó a Medicare $3.6 millones en facturas falsas entre junio y septiembre del 2006, de acuerdo con los archivos de reclamaciones federales. Esquivel, quien estaba viviendo en esa época en un apartamento de la Autoridad de Vivienda de Hialeah, no pudo ser entrevistada porque, según los inquilinos de su antiguo edificio, regresó a Cuba. No ha sido acusada de crimen alguno, y García Medical ya no está activa.
Otro de los negocios con un falso dueño, Rodan Durable Medical Equipment Inc. en Hialeah, envió facturas a Medicare por $5.2 millones en reclamaciones falsas entre agosto y noviembre del 2006, según muestran los archivos de las reclamaciones federales. Rodan también está cerrado.
Esquivel y otros inmigrantes --algunos de los cuales fueron introducidos de contrabando en Estados Unidos, según los agentes federales y los archivos de inmigración--brindaban protección adicional contra las autoridades a los estafadores de Medicare, especialmente si regresaban a Cuba después de una corta estadía.
"Yo compré tres compañías así'', afirmó Castillo durante una entrevista reciente en el Centro de Detención Federal en el downtown de Miami. "Si tú quieres que los dueños falsos regresen a Cuba tienes que pagarle a los vendedores de las compañías $30,000 por encima''.
Los agentes del FBI y otras autoridades estatales confirmaron su historia.
En total, Castillo fue condenado por facturar $48 millones en reclamaciones falsas de Medicare a través de ocho de sus compañías de equipos médicos entre el 2005 y el 2006 --aunque las tres empresas que tenían a inmigrantes cubanos como supuestos dueños no fueron nombradas en su declaración de culpabili- dad negociada con el tribunal, según los documentos del juzgado y las autoridades federales. Sus ocho compa- ñías de equipos médicos ganaron unos $8 millones del programa de salud gubernamental. El se embolsilló más de $2 millones.
Otros seis asociados suyos fueron condenados junto a Castillo por cargos de fraude al Medicare. El admite que carece de conocimientos particulares en el campo del cuidado de la salud. En realidad, no se necesitaba ninguno.
Luego de cumplir un par de años en la cárcel tras una condena de 1995 por tráfico de cocaína en Georgia, Castillo aprendió a trabajar como electricista. Para cuando cumplió sus cinco años de libertad condicional, él estaba metido en el negocio de sembradíos caseros de marihuana. Pero eso tampoco duró mucho. En el 2001, su mejor amigo lo introdujo en la boyante economía de fraude al Medicare en Miami-Dade.
"Mucha gente que andaba en lo de las drogas está metiéndose en este negocio'', dijo Castillo. "Lo ven como un trabajo fino. No hay mucho riesgo''.
Castillo comenzó trabajando como "cambiador de cheques'' para operadores de compañías de equipos médi- cos que estaban facturando reclamaciones falsas a Medicare y recibiendo cientos de miles de dólares en pago.
El papel de Castillo era el de hacer efectivos cheques por menos de $10,000 en cuentas de Medicare en los bancos locales, de modo que los verdaderos dueños pudieran evitar reportarlos al Departamento del Tesoro. Su recompensa: el 5 por ciento de cada transacción bancaria.
Pronto, Castillo estaba vendiendo su nombre como falso dueño de proveedores de equipos médicos.
Pero donde se ganaba dinero de verdad era controlando las empresas aprobadas por Medicare --una lección que aprendió de un conocido ahora bajo investigación, de quien se alega que tiene lazos con una enorme banda supuestamente dirigida por Mabel y Abner Díaz, de Miami Lakes. Los ex dueños de All-Med Billing Corp. se declararon culpables a principios del verano de haber presentado reclamaciones falsas a Medicare por alrededor de $420 millones a nombre de 85 proveedores de equipos médicos en Miami-Dade. Medicare acabó pagando $148.5 millones de esas facturas. Los Díaz ganaban una comisión del 5 por ciento (alrededor de $7.5 millones).
Castillo afirmó haber aprovechado una red de parientes, amigos y otros conocidos durante su época de cosechador de marihuana, para usarlos como falsos dueños de sus empresas de equipos médicos.
"Empecé a trabajar por mi cuenta porque quería ganar la misma cantidad de dinero que todo el mundo'', explicó Castillo, añadiendo que "solamente involucramos a cubanos. Tratamos de mantenerlo entre la gente nuestra''.
Para engañar a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Services (CMS), Castillo compró listas de pacientes ancianos y de números mal habidos de identificación de médicos para facturar al programa de salud por colchones, rodilleras y miembros artificiales, entre otros artículos. CMS administra Medicare como parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Si algún paciente anciano se quejaba a Medicare sobre una factura por algo, Castillo lo sobornaba para que se callara, afirmó.
El objetivo era el de falsificar reclamaciones a gran escala lo más rápido posible sin ser detectados. Castillo aseguró que las compañías locales que se dedican a facturar a Medicare, como All-Med, se convirtieron en los ‘‘ojos y oídos'' de los proveedores de equipos, ya que ellos sabían qué suministros y qué códigos serían aprobados por los contratistas privados de reclamaciones de Medicare.
Tanto dinero estaba entrando que Castillo sobornó a algunos cajeros bancarios para que permitieran a sus asociados recoger bolsas de efectivo por cantidades de hasta $100,000 en Bank of America, Union Planters y Washington Mutual, según los documentos del juicio. Una cajera que participaba de la conspiración, Michelle Torres, fue acusada de lavado de dinero y huyó a República Dominicana, afirmó el FBI.
Al preguntársele si no lo molestaba el estar robándole al gobierno de Estados Unidos, Castillo dijo: "Tú quieres dinero para ti; eso es codicia. No lo ves como algo que está mal. Lo ves como un trabajo fino. No hay mucho riesgo. No vives con miedo porque no crees que nunca te vayan a capturar."
Por unos cuantos años, Medicare hizo millonario a Castillo.
Alquiló un apartamento de lujo en el Portofino Tower de South Beach, conoció a su futura esposa en el Clevelander Hotel y comía todo el tiempo en restaurantes como China Grill, Houston's y Benihana. Compraba collares de diamantes por $50,000, un Rolex y otras joyas costosas de los canales de compras en la televisión de cable.
En diciembre del 2005, pagó un depósito de $200,000 en efectivo para comprar una casa de cuatro dormitorios y tres baños, valorada en $570,000, ubicada en Cutler Bay.
"Mi estilo de vida dio un giro de 180 grados'', dijo.
La buena vida de Castillo se desplomó el año pasado. Dos de sus socios, Angel Hernández Quesada y Juan A. Zaragoza, al ser acusados, lo delataron. Y fue sólo una cuestión de meses antes de que Castillo negociara una declaración de culpabilidad.
Pero ahora --separado de su esposa y su hijo de 6 años por las barras de la prisión--, Castillo lamenta haber elegido esa carrera.
"Si hubiera sabido que me iba a costar 20 años, no lo hubiera hecho'', dijo Castillo. ‘‘No es un chiste. Estamos tomando dinero del gobierno que es para nuestros ancianos. Tanto yo como otra mucha gente hicimos lo indebido con nuestro dinero''.
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