Hace algunos años, Phillip Davis, ex juez del Condado Miami-Dade, fue absuelto en medio de una explosión de lágrimas en el tribunal, donde dijo una frase digna de una película de Hollywood: ‘‘¡Pude haber sido alguien!''

Pero esta vez no funcionó.

En esta ocasión, otro jurado pasó por alto las lágrimas de Davis y lo halló culpable el miércoles de apoderarse de dinero público destinado a ayudar a los vecinos de barrios pobres de Miami. El fallo fue 16 años después que otro jurado lo absolvió en un sonado caso de soborno judicial.

"El dijo que podría haber sido alguien y tuvo una segunda oportunidad'', dijo Tony Ferris, de la Oficina del Inspector General de Miami-Dade y principal investigador del caso. "Pudo haber sido un héroe para los jóvenes de la comunidad, pero tomó el camino equivocado de la avaricia''.

Después que se leyó el veredicto, Davis se quitó calmadamente la chaqueta, le entregó sus joyas a su esposa, lo esposaron y se lo llevaron a la cárcel.

Los jurados deliberaron cinco horas durante dos días, después de haber escuchado la declaración de Davis, con una presentación gráfica. Mencionó repetidas veces su pasión por "ayudar'' a los pobres, y en determinado momento lloró y pidió que lo dejaran ir a casa.

"Me sentí mal por él, pero la decisión no se tomó pensando en los sentimientos, sino en las pruebas'', dijo Caleb López, uno de los jurados y director de la escuela primaria Pine Lake. ‘‘Ninguno de los jurados dormimos anoche''.

Davis y la asistente administrativa Joan Headley fueron hallados culpables de nueve cargos de fraude y lavado de dinero, delitos mayores. Ambos enfrentan a una condena de entre 4 y 30 años o más de cárcel. Beatrice Butchko, jueza de Distrito de Miami-Dade, fijó la sentencia para el 9 de enero.

Otrora juez de Circuito en el mismo tribunal, Davis fue arrestado en 1991 en un operativo del FBI llamado Escoba Judicial. Dos agentes grabaron a Davis mientras arreglaba un pago de $20,000 de un abogado.

Durante el juicio en 1993, Davis admitió que había olido cocaína en su oficina y culpó lloroso a su adicción por los sobornos.

Davis fue expulsado del Colegio de Abogados y del cargo, pero regresó a la vida pública a finales de los años 90 cuando ayudó a crear el Miami-Dade Resident College, un programa financiado con donaciones para enseñar a los vecinos de zonas pobres habilidades laborales y para la vida diaria.

El martes, en sus argumentos finales, Al Guttmann, fiscal del Condado Broward, dijo que Davis y Headley inflaron salarios y presentaron facturas falsas para robar más de $80,000, y que parte de esa suma se usó ilegalmente para financiar un programa de intervención con fines de lucro para que jóvenes fueran enviados a estudiar en vez de ir a prisión.

"De principio a fin fue un fraude tras otro'', dijo Guttmann, quien junto al fiscal Don TenBrook fue especialmente asignado al caso porque la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle había respaldado el programa de Davis.

Para ocultar el fraude, el dinero robado se movió a través de una "empresa pantalla'' que creó Davis para contratar y pagar a los empleados del programa, dijo Guttmann.

Robert Barrar y Sara Shulevitz, los abogados defensores, argumentaron que las facturas de los empleados -- aunque no reflejan horas de trabajo reales -- cubrieron gastos legítimos según normas de facturación aprobadas por el Condado.

Después del veredicto, Barrar dijo que Davis "se sentía sumamente decepcionado. Que esperaba que lo declararan inocente porque era inocente. Tenemos planeado apelar y continuar luchando''.