Publicado el miércoles 23 de abril del 2008

Un proyecto de ley estatal que crea más restricciones a las agencias de viajes que tienen relaciones comerciales con países considerados terroristas, fue aprobado unánimemente ayer por la mañana por el Comité de Asignaciones del Senado de la Florida, y próximamente será sometido al pleno.

Aunque no menciona a Cuba específicamente, pues regula los viajes a todos los países que el Departamento de Estado califica de terroristas, el proyecto afecta particularmente a una de las más importantes industrias del sur de la Florida, la que organiza viajes de cubanoamericanos a su país natal y coordina el envío de mercancías a sus familiares.

Ejercer un mayor escrutinio sobre estas operaciones fue idea del hombre detrás del proyecto original, el representante republicano David Rivera del distrito 112, quien ya lo sometió al pleno de la Cámara de Representantes.

''Este apoyo demuestra el sentir real de la Legislatura de que los que hacen negocios con países terroristas como Cuba merecen ser regulados por el gobierno estatal'', dijo Rivera a El Nuevo Herald.

El legislador fue secundado en la cámara alta por el senador republicano Carey Baker, quien representa al distrito 20.

Hace dos años, la Legislatura dio el sí a una propuesta similar que involucraba viajes de universidades a la isla, pero la cuestión llegó a los tribunales y un juez decidió que había que suspender la medida.

''El hecho de que estas agencias de viaje hacen negocios con el gobierno terrorista de Cuba representa una amenaza única para la seguridad de nuestro estado y, al igual que el gobierno federal ha establecido regulaciones sobre viajes a países terroristas, el estado de la Florida también tiene el poder de proteger a sus residentes'', añadió el legislador.

En los últimos días, decenas de dueños y abogados de las agencias de viajes se desplazaron a Tallahassee para argumentar ampliamente ante un par de comités senatoriales en un intento por frenar la aprobación.

''Lo que Rivera ha presentado como una ley antiterrorista es, en realidad, una ley contra Cuba y para controlar los viajes a la isla desde su posición'', comentó el presidente de Marazul Charters, Armando García.

Según el empresario, la obligatoriedad de depositar un bono de 100,000 a $250,000 para poder operar una agencia de viajes a la isla en la Florida, como contempla la propuesta, provocaría el cierre de muchas agencias y haría que un número cada vez mayor de viajeros se valieran de terceros países para llegar a Cuba.

''Un bono de este tipo va a sacar del mercado a muchas agencias, porque como esta propuesta define que pueden usar ese dinero para investigarte, ninguna compañía de [préstamo] de bonos lo va a aceptar. Es casi imposible operar en condiciones como éstas'', enfatizó García.

La alternativa sería pasar a los viajeros los costos de la operación de las agencias. ''Si alguien decide operar, va a estar en una situación de riesgo, y al aumentar el costo de riesgos, aumenta el costo de viajes. Porque los viajes no van a parar, porque la gente va a viajar por terceros países'', añadió García, quien aseguró que está pensando llevar la Legislatura a los tribunales si la propuesta llegara a prosperar.

''Esto es una estupidez total. En estos momentos el Departamento del Tesoro tiene un control total de los viajes. Si comienzan por terceros países, van a perder ese control'', acotó el empresario.

La discusión del nuevo proyecto de ley fue congelada en el Comité de Justicia Criminal del Senado, pero el lunes la misma entidad la aprobó con votación de 6-1. Esta mañana, en el Comité de Asignaciones, la aprobación fue unánime.

La propuesta obligaría a las agencias que venden pasajes a Cuba o envían mercancías a la isla, a pagar un impuesto anual e informar a las autoridades estatales sobre los detalles de los viajes y envíos de mercancías, así como efectuar un depósito bancario para afrontar bancarrotas o los resultados de

litigios.

El proyecto incluye multas administrativas o civiles de $10,000 por cada incidente, y cargos criminales y civiles hasta de tercer grado para los violadores.

rferreira@herald.com