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Adiós a la democracia en Dade

El sistema de gobierno del Condado Miami-Dade tiene fallas que a veces ponen en duda la autenticidad de la democracia local. Los comisionados son electos por los residentes de sus distritos y velan primordialmente por el bienestar de ellos, aunque sus decisiones afectan a todos los residentes. Eso les permite estar casados con sus cargos hasta que la muerte los separe o hasta que un escándalo les cause el divorcio.

Dentro del sistema, no obstante, hay un aspecto que sí funciona democráticamente: los 10 concejos comunitarios en las zonas no incorporadas del condado como Kendall y Redland, que no poseen gobierno municipal. Los concejos se encargan de tomar las decisiones de zonificación en sus jurisdicciones y hacer recomendaciones al condado cuando se proponen modificaciones en el uso de suelos del plan integral de de-sarrollo urbano que pueden cambiar la identidad de un vecindario. Los paneles están integrados por siete miembros; seis electos por los votantes de esa jurisdicción y uno designado por el comisionado del distrito.

Pero el martes, en una primera lectura, la Comisión de Miami-Dade votó 8 a 5 para que los miembros de los concejos comunitarios ya no sean más electos por los residentes, sino nombrados a dedo por los mismos comisionados. La ordenanza también propone reducir el número de concejos de 10 a cuatro o menos.

Lo efectivo de estos concejos es que representan a las comunidades desde adentro. Al diluirlos mediante la expansión de la jurisdicción que cubren, se destruye la razón de su existencia.

Estos paneles fueron creados en 1996 bajo una iniciativa del ex comisionado Miguel Díaz de la Portilla para frenar la presión que ejercían las comunidades deseosas de incorporarse como municipios. La Comisión argumentaba entonces que la incorporación fomentaba la concentración de pobreza.

Dado que la vivienda es la inversión más costosa de la vida para la mayoría de las personas, muchos prefieren tener autonomía sobre sus vecindarios. Por eso hay tantos residentes que se oponen tenazmente a proyectos que no son compatibles con las características del lugar en donde viven.

Por ejemplo, si es dueño de casa y la Comisión aprueba la instalación de una torre de señal para celulares colindante a su propiedad, es posible que esta se devalúe. Si la zonificación de su barrio permite cuatro casas por acre y la Comisión amplía la densidad a seis casas por acre, va a generar más tráfico y sobrepoblación en las escuelas.

Como los miembros de los concejos -- que son voluntarios -- conocen su área de esquina a esquina, saben mejor que nadie si un proyecto es compatible o no.

A fin de garantizar aún más la democracia, la jurisdicción de un concejo está dividida en seis sectores, y cada uno de estos tiene un representante en el panel. Sin embargo, cada integrante debe ser electo por los votantes de los seis sectores. Las reuniones se realizan de noche y dentro del vecindario para que más individuos puedan asistir. Si debaten proyectos muy polémicos, atraen hasta cientos de residentes.

¿Para qué cambiar entonces un sistema que funciona tan bien?

Aunque los concejos son populares entre los residentes, representan un obstáculo en el camino de los promotores inmobiliarios y la poderosa maquinaria empresarial que se mueve detrás.

Los comisionados que votaron a favor de la ordenanza propuesta por José ``Pepe'' Díaz argumentan que el condado ahorrará fondos con la consolidación de los concejos, que requieren la asistencia del personal del condado. Asimismo, se hará más eficiente la concesión de permisos para seguir poniendo más ladrillos.

Detrás de la excusa del déficit presupuestario yace la sed de control que tradicionalmente ha corrido por las venas de la Comisión.

Al ser los comisionados quienes designan los miembros concejos, aseguran su influencia en las decisiones de la comunidad, y los paneles serán menos independientes. Así como ha sucedido con la Junta de Consejeros de Planificación, veremos a contribuyentes de las campañas políticas en los concejos comunitarios.

Si esta ordenanza es aprobada, los residentes de Miami-Dade no incorporado perderán las riendas del futuro de sus comunidades. Y será como decirle adiós a la democracia en Dade.

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