Con cebolla y ajo, Caridad Morales hace frente, desde Hialeah, a la crisis del sistema de salud de Estados Unidos.

Además de escoger sus alimentos para mantenerse sana con recetas caseras, tiene especial precaución cuando conduce, al caminar, para no caerse, e incluso al tocar algo ya que padece de alergias.

``Vivo con temor porque cuando te enfermas llegas al médico o al hospital y antes de preguntarte cómo te sientes te preguntan si tienes seguro'', lamentó Morales, de 61 años, quien trabaja en una cafetería y no tiene seguro médico.

``Ahora mismo tengo un quistecito en la espalda y estoy aguantando'', precisó.

Como Morales, más de la mitad de los adultos de 18 a 64 años en Hialeah sobreviven a diario sin seguro, según estadísticas divulgadas por la Oficina del Censo esta semana. Es una tasa alarmante comparada a la nacional, de 13 por ciento, o a la del Condado Miami-Dade, de 28 por ciento, que de por sí es bastante elevada.

Una de las explicaciones: Hialeah es una ciudad netamente hispana y los hispanos son el grupo étnico con más alto índice de personas sin seguro en el país.

Ante esta disparidad latente, se esperaría que la reforma de la salud tuviera entre sus prioridades cerrar la brecha y ayudar a las minorías. No me refiero a los inmigrantes indocumentados, que no recibirán ningún tipo de cobertura médica pública, sino a los nuevos inmigrantes legales, que no calificarían para la asistencia del Estado.

A las organizaciones que luchan por los derechos de los latinos les preocupa en particular unas enmiendas al plan del presidente Barack Obama esbozadas recientemente por el Comité de Finanzas del Senado. Las mismas obligarían a los inmigrantes a comprar pólizas de seguro, al igual que al resto de la población, pero en algunos casos no les darían las mismas ventajas para adquirirlas.

Por ejemplo, los inmigrantes legales no podrán recibir subsidios federales para comprar pólizas en el nuevo mercado gubernamental de aseguradoras privadas, conocido como ``intercambio'', hasta cumplir cinco años de residencia en el país.

La familia con estatus migratorio mixto -- en la que conviven residentes legales e indocumentados -- se verá penalizada, ya que cuando el gobierno estudie los ingresos familiares para determinar si califica a los beneficios federales, sólo contará a los miembros con estatus legal.

``Así pudiera dar la impresión de que la familia tiene un ingreso mayor [per cápita], y que no es elegible para recibir el subsidio'', explicó Marco Murillo, un experto del Concilio Nacional de La Raza.

El otro punto es que los inmigrantes legales tendrán que pasar por un proceso de verificación de estatus antes de conseguir cobertura médica. Es un trámite burocrático muy costoso, que atrasa las solicitudes y a veces contiene errores. Además, el que esté verdaderamente enfermo no dispondrá del tiempo ni la fuerza requeridos para seguir el proceso.

Por otra parte, los defensores de los inmigrantes están molestos porque Obama propusiera prohibir que los indocumentados compren pólizas en el mercado de seguros de intercambio, aun si pagan de su propio bolsillo. Al excluirlos se les está forzando, en caso de enfermarse gravemente, a recurrir a las salas de emergencia que al final costeamos los contribuyentes.

Indudablemente, la reforma de la salud es urgente. A pesar de que Estados Unidos gasta más en medicina que cualquier otra nación del mundo, uno de cada seis norteamericanos carece de cobertura médica y la expectativa de vida es menor que en otros países industrializados.

Pero si la idea es fomentar más igualdad para que millones de residentes de ciudades como Hialeah tengan acceso a servicios médicos, el gobierno no debería darle la espalda a los inmigrantes.

Negarles el cuidado médico es como negarles la vida.