Michael Brewer no sólo es víctima de cinco adolescentes salvajes que le prendieron fuego. También es víctima de un sistema de justicia juvenil y de bienestar infantil que no funciona.

Su tragedia ilustra cómo el estado de la Florida a veces no sabe identificar ni rehabilitar a niños de alto riesgo.

En varias ocasiones, los cinco adolescentes acusados debieron haber captado mayor atención y dedicación de las autoridades, antes de arruinarle la vida a un compañero -- y a ellos mismos -- por una trifulca infantil.

Los jóvenes son responsables de sus fechorías y pagarán caro por cometerlas, según determine la justicia. No se puede negar que sus negligentes padres son culpables también, por abusar de sus hijos y criarlos bajo la sombra del crimen. De tal palo, tal astilla.

Sin embargo, el caso nos abre una ventana a las frecuentes fallas incurridas por el Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF) y el Departamento estatal de Justicia Juvenil (DJJ) cuando vigilan a niños violentos que provienen de familias con historial delictivo.

El domingo, The Miami Herald y El Nuevo Herald publicaron un informe sobre los antecedentes criminales de los padres de los sospechosos que incluyen arrestos por violencia doméstica, posesión de drogas y abuso infantil.

El descuido del estado comienza desde el momento en que los padres entran en la puerta giratoria que es nuestro sistema de justicia criminal. Es un indicador de que los hijos no solamente están expuestos a la violencia sino de que, seguramente, van a seguirles los pasos, porque asumen que esa es la única forma de resolver los problemas.

Pero el estado no toma medidas proactivas en asegurar que estos niños entren en programas de prevención. Por el contrario, esperan hasta que tengan su primer encontronazo con las leyes para ponerlos en su radar.

En el caso de Brewer, los cinco sospechosos -- Michael Bent, Steven Shelton, Denver Jarvis, Jeremy Jarvis y Jesús Méndez -- tenían ya expedientes con el DJJ. Como son menores, la policía no puede divulgar los detalles de los cargos imputados.

Me temo que la agencia estatal hizo una labor deficiente, porque el comportamiento delictivo de los adolescentes escaló a las ligas mayores en poco tiempo. Esto se debe a que el sistema de justicia juvenil se enfoca más en la criminalización que en la rehabilitación.

Y los programas de rehabilitación por lo general se enfocan en corregir el comportamiento del joven problemático, pero éste no puede ser rehabilitado sin que toda la familia lo sea también. Es como tratar con los síntomas y no con la raíz del problema.

En una ocasión, el DCF le quitó la custodia a los padres de los hermanos Jarvis, actualmente de 15 y 13 años de edad. Una vez que cumplieron con las obligaciones requeridas, el estado los reunificó. Pero desde entonces, la policía respondió a una veintena de incidentes en la casa de los Jarvis, uno de ellos porque sus hijos no estaban yendo a la escuela.

Obviamente, el DCF tampoco hizo una excelente tarea, porque los padres no estaban preparados para ser padres nuevamente. Los niños debieron seguir bajo custodia estatal.

Con tantos antecedentes penales de sus padres, sumados a los propios de ellos, el estado debió identificar que estos jóvenes representaban un peligro para los demás y hacer algo más por ellos.

Claro que el estado no es el padre de todo el mundo; son los padres los que escogen esa reponsabilidad y deben cumplirla.

Pero si los padres son violentos con los hijos, los hijos serán violentos con los demás y luego con sus hijos. Y si los padres son criminales, los hijos aprenderán de ellos. A menos de que alguien rompa esta fatídica cadena.

En la mayoría de los casos, ese alguien debe ser el estado.