Cuando Alejandra Ramos recibió la propuesta en Perú de trabajar como nana con una pareja en Key Biscayne, pensó que esta sería la gran oportunidad de cambiar su vida y en especial para contar con un seguro de salud que cubriera los gastos de su diabetes.

Pero sus aspiraciones se fueron desmoronando poco a poco al descubrir que sus patronos pasaron de incumplir las promesas a abusar laboralmente de ella y desdeñar sus quebrantos de salud, explicó Ramos a El Nuevo Herald.

Por $500 mensuales Ramos dormía en lo que una vez fue un clóset del apartamento junto al conducto de la basura y debía cumplir con una extenuante jornada diaria de trabajo que comenzaba a las 6:30 a.m. y se extendía a la 1 a.m. o quizás más tarde si el matrimonio tenía fiesta en casa, según una declaración judicial.

Además de cuidar a un niño de la pareja, cocinaba, lavaba ropa, planchaba y hacía la limpieza del apartamento situado en uno de los condominios del exclusivo cayo del sur de la Florida donde cientos de familias ricas latinoamericanas tratan de replicar el alto nivel de vida que ofrece en sus países tener criadas, choferes y mayordomos.

Ramos, de 37 años, denunció que la señora de la casa, Patricia Perales, y su esposo Javier Hoyle, nunca cumplieron con el seguro de salud, le retuvieron el pasaporte y se atrasaron continuamente en el pago de su sueldo. Dijo que Perales la humillaba advirtiéndole que jamás podría ser igual a ella o vestirse como ella o comprar zapatos costosos como ella.

"Fue muy duro, yo vine a este país porque ellos me propusieron un seguro médico, y nunca me lo dieron'', explicó Ramos a El Nuevo Herald. "Me sentía enferma y la señora me decía que yo sólo pasaba quejándome, lo único que querían es que trabajara día y noche''.

En medio de una crisis renal que Perales no quiso atender y ante el atraso de cuatro meses de sueldo, Ramos abandonó el apartamento en junio del 2005 con sólo lo que llevaba puesto, dijo.

"Yo tenía una infección urinaria, me quedé trabajando como hasta las dos de la mañana porque esa noche hubo una fiesta. Tenía mucho dolor, había dejado todo limpio y le dije: ‘Señora, yo necesito que me pague no puedo seguir mendigando mi sueldo'. Y me dijo que no tenía dinero, que no había sacado del banco. Entonces decidí irme'', relató Ramos.

Hace dos semanas un jurado de una corte federal de Miami halló culpable a la pareja de Key Biscayne de varios cargos civiles y reconoció a Ramos y a María Onela Maco Castro, otra criada que la reemplazó, una indemnización de $125,000.

En una decisión sin antecedentes, el jurado además concluyó que la pareja violó leyes federales relacionadas con el tráfico humano al decomisar sus pasaportes y amenazar a las empleadas con hacerlas deportar si no cumplían con sus órdenes.

Quitarle el pasaporte a las empleadas del servicio doméstico es una práctica generalizada de patronos de Key Biscayne que temen que sean sonsacadas por otras familias a cambio de mayores ingresos, según le comentaron a El Nuevo Herald varias amas de casa del cayo.

Los documentos del juicio ofrecen una rara oportunidad para conocer las condiciones laborales de empleadas del servicio doméstico en el sur de la Florida, una situación que para los activistas que protegen inmigrantes es más común de lo que se sospecha.

"Lo significativo de este caso es que se revelan detalles de un mundo que no se conoce porque sucede en privado'', explicó a El Nuevo Herald Jennifer Hill, abogada del Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC), que participó en el caso. El FIAC es una institución sin fines de lucro que representó a las dos empleadas domésticas en el juicio civil en Miami.