El gobierno de Estados Unidos hizo mínimos y errados esfuerzos para investigar a un sargento del Ejército estadounidense y a un contratista civil de nacionalidad mexicana denunciados en Colombia como sospechosos de la violación de una niña de 12 años en agosto del 2007, según una investigación de El Nuevo Herald.

Los implicados, el sargento Michael Coen y el contratista César Ruiz, fueron sacados de Colombia porque gozaban de inmunidad diplomática y hoy no afrontan ningún cargo criminal en Estados Unidos por la violación de la menor en una habitación de la base Germán Olano de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en Melgar, a 100 kilómetros al occidente de Bogotá.

Las autoridades de Estados Unidos no descartan la posibilidad de reabrir la investigación, informó la embajada de ese país en Bogotá.

Un examen forense de la fiscalía colombiana probó que la niña fue violada, pero no llegó al punto de identificar responsables, según el abogado de la menor, Jorge Gómez.

Basándose en testimonios y pruebas materiales, la fiscalía libró órdenes de captura contra Coen y Ruiz, pero las órdenes no fueron ejecutadas a consecuencia de la inmunidad diplomática, de acuerdo con la fiscalía regional que manejaba el caso. La investigación quedó truncada.

En Estados Unidos la pesquisa se ha mantenido bajo el más absoluto secreto y, dos años después de los hechos, el gobierno colombiano no conoce los resultados de la misma, según lo informó una fuente de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.

En el primer pronunciamiento público sobre el caso, la embajada de Estados Unidos en Bogotá informó a El Nuevo Herald la semana pasada que "por ahora no hay pruebas suficientes para procesar a los estadounidenses involucrados''.

"Tomamos muy en serio toda acusación que se presente por mala conducta contra el personal estadounidense en Colombia'', indicó el comunicado.

La embajada agregó que las autoridades estadounidenses cooperaron con la Fiscalía General y la Policía Nacional de Colombia en la investigación. Sin embargo, la fiscalía de Colombia informó a El Nuevo Herald que no recibió ninguna solicitud de colaboración de Estados Unidos para interrogar a la menor ni a su madre, Olga Lucía Castillo.

"En nuestros archivos no hay una solicitud en la cual las autoridades estadounidenses nos hayan pedido cooperación para llevar a cabo entrevistas o interrogatorios relacionados con la violación de la menor'', afirmó la semana pasada la fiscalía colombiana. Esta dependencia tiene como norma no identificar a sus voceros.

Los investigadores tampoco contactaron a Gómez, abogado de la víctima y Castillo, según aseguró éste a El Nuevo Herald.

En las últimas semanas, el caso de la violación de la niña ha adquirido relevancia en Colombia por el malestar local y regional que ha generado el anuncio del gobierno del presidente Alvaro Uribe de aumentar las actividades militares estadounidenses en bases del país.

La embajada de Estados Unidos dijo que su gobierno está dispuesto a reabrir la investigación de la violación de la menor en caso de que se encuentren nuevas evidencias.

"Si algún testigo que no estuvo presente al momento de la investigación decidiera presentarse ahora, o se hallan nuevas pruebas pertinentes al caso, la investigación puede continuar en cualquier momento'', dijo la embajada en un mensaje a El Nuevo Herald.