Olga Lucía Castillo nunca pudo llevar a la justicia a los hombres que la violaron en Bogotá cuando estaba embarazada de su hija. Doce años después, está dando la batalla de su vida para que sean enjuiciados el militar estadounidense y el contratista de origen mexicano que, según ella, violaron a su hija en la base militar de Melgar.

La mayor de sus dos hijas, ahora de 14 años, fue abusada sexualmente en una base militar de esta ciudad, a 100 kilómetros al occidente de Bogotá en agosto del 2007, de acuerdo con una denuncia criminal presentada por Castillo ante la fiscalía colombiana.

Los denunciados son el sargento estadounidense Michael Coen y el contratista de origen mexicano César Ruiz, a quienes la fiscalía les libró orden de captura basándose en testimonios.

No existen pruebas forense que los comprometan pero la investigación no pudo avanzar porque ambos fueron sacados del país. Gozaban de inmunidad, según acuerdos de Colombia con Estados Unidos.

Esta vez Castillo no quiere que el crimen quede en la impunidad como ocurrió en su caso. Su marido la dejó por haberse dejado violar, recordó con amargura. Siente rabia e indignación.

"Yo no voy a descansar hasta que se haga justicia, esto debe tener un castigo’’, dijo Castillo a El Nuevo Herald durante una larga entrevista en Melgar.

Castillo, vendedora de artesanías, afirmó que ha hecho todo lo que está a su alcance para que avance el proceso, pero se siente frustrada porque no ha habido ningún resultado de todos sus esfuerzos.

Además de presionar para que avance el proceso de su denuncia, protestó infructuosamente ante la embajada de Estados Unidos en Bogotá para exigir información sobre los resultados de la investigación e intentó explicar su caso en un debate en el Congreso el mes pasado.

Dos mujeres congresistas se opusieron a su intervención argumentando que no iban a permitir descripciones "pornográficas’’ y violatorias de la intimidad en pleno Congreso. La embajada no permitió su ingreso a la sede diplomática ni le dio explicaciones del estado de la investigación criminal en Estados Unidos.

El jueves, Castillo supo que los estadounidenses no tienen cuentan pendientes con la justicia en este país. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos, la investigación podría reabrirse si se encuentran nuevas pruebas.

"La justicia se ha burlado de mí'', dijo Castillo. "Lo que Estados Unidos quería era que yo desistiera de la demanda para que no los siguieran juzgando. Yo lo que quiero es reparacion, justicia y verdad''.

En el Comando de Investigaciones del Ejército de Estados Unidos, el caso fue concluido pero está pendiente de "trámites administrativos'', según informó el vocero de esa dependencia, Chris Grey.

En un mensaje enviado el jueves a El Nuevo Herald, Grey aclaró que no se trata de "trámites investigativos'' ni de práctica de pruebas, como informó inicialmente estediario, sino que podría ser algo como "archivar un folio correctamente''.

Temerosa de las represalias que podían tomar los estadounidenses por su denuncia, presentada en septiembre del 2007, Castillo abandonó Melgar, donde vendía artesanías y ahora vive en un paupérrimo inquilinato al sur de Bogotá, durmiendo en un colchón que comparte con su hija menor, de 12 años. Está preocupada, dijo, porque la niña que fue víctima de la agresión sexual se ha entregado al alcohol y no tiene mayor control de ella por cuanto está viviendo en casa de una amiga.