En ciertos aspectos indeseables el Congreso predominantemente demócrata se está pareciendo como una gota de agua a otra al que dominaran los republicanos hasta hace un par de años. Las denuncias de corrupción y tráfico de influencias entre los congresistas andan a la orden del día. En consecuencia la agenda pública se enmaraña, mientras la gente responde de la única forma que puede o sabe: dándoles las peores notas posibles a los legisladores en catárticas encuestas de opinión. La popularidad del Congreso apenas rebasa el humillante 20 por ciento. Y muchos votantes esperan con paciencia a las elecciones para castigar a legisladores.

Un indicio del problema lo dio la revelación de que los cabilderos han gastado este año la friolera de $2,500 millones en influir sobre las decisiones, o mejor dicho, sobre las indecisiones de los congresistas. Un total de 13,428 cabilderos han descendido sobre Washington para burlarse de las supuestas restricciones que ha impuesto el presidente Obama sobre esta actividad y sesgar con sus maniobras las deliberaciones de los legisladores a favor de los intereses que ellos representan. Encabezan la lista de manipuladores de nuestro principal organismo legislativo los cabilderos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que han derrochado $65 millones en la compra de influencia; les siguen los de las petroleras como Exxon Mobile, que han obsequiado $21 millones; y luego los de las farmacéuticas, como Pharmaceutical Research and Manfacturers of America, que han disparado $20 millones, y como los de la Corporación Pfizer, que han repartido otros $16 millones.

Nadie puede entender bien las decisiones que se toman en Washington (y las que no se toman) respecto a asuntos apremiantes, como la reforma sanitaria, los rescates financieros, los contratos de materiales bélicos y los acuerdos de libre comercio, sin rastrear debidamente la procedencia y el destino del dinero de los cabilderos. Nos hallamos ante casos flagrantes de ``dime quién te paga o financia tu campaña y te diré cómo votas''. Por eso no debería sorprendernos que proliferen las investigaciones de congresistas.

De las numerosas investigaciones nos enteramos gracias a la filtración de un correo electrónico que enviara un empleado de la comisión de ética de la Cámara de Representantes, formalmente conocida como The House Committee on Standards of Official Conduct. El correo indiscreto, recogido al vuelo por el Washington Post, reveló que la mencionada comisión tiene bajo la lupa por lo menos a 30 representantes por posibles manejos turbios, tráfico de influencia y otras transgresiones éticas. Entre los investigados está casi la mitad de los miembros de la subcomisión de asignaciones de defensa de la Cámara baja, es decir, los mismos que dan el visto bueno preliminar a los jugosos contratos bélicos en momentos en que la nación libra dos guerras. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Como tampoco lo es que el panel investigador prefiera mantener en secreto sus pesquisas y haya despedido sin contemplaciones al filtrador de la primicia. Ese héroe por ahora anónimo merece nuestro reconocimiento.

Lamentablemente, ese cibernauta indiscreto es el único héroe en este cuento tenebroso. Las comisiones de ética del Congreso se han convertido en encubridoras sofisticadas de los chanchullos que cometen los legisladores. La que opera actualmente en la Cámara de Representantes se halla bajo la égida de los demócratas. Y tras una pesquisa que dura ya más de un año ni siquiera ha sido capaz de sancionar a un notorio sospechoso como Charles Rangel, el influyente líder de la Comisión de Medios y Arbitrios. A Rangel se le atribuyen múltiples infracciones. Pero sus colegas temen agitar el avispero si lo sancionan. Lo dicho: nada tan parecido al antiguo Congreso republicano como el actual dominado por los demócratas.

¿Cuál será la alternativa?