Bienes raíces

Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes raíces de EEUU

La Porsche Design Tower, de 60 pisos,  en Sunny Isles Beach fue mencionada en una acusación federal cuando los fiscales alegaron que un funcionario venezolano compró allí un condominio de $5.3 millones como parte de un plan de lavado de dinero.
La Porsche Design Tower, de 60 pisos, en Sunny Isles Beach fue mencionada en una acusación federal cuando los fiscales alegaron que un funcionario venezolano compró allí un condominio de $5.3 millones como parte de un plan de lavado de dinero. dsantiago@elnuevoherald.com

En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el Departamento del Tesoro tome medidas enérgicas contra el dinero ilícito en bienes raíces de lujo y expandirlas de unos pocos enclaves a todo el país.

Rubio dice que su propuesta es un intento de erradicar a los delincuentes que usan fondos ilícitos y compañías fantasmas anónimas para comprar casas, una forma de lavado de dinero que oculta el origen contaminado del dinero en efectivo de la vista de las autoridades y los bancos. La práctica generalizada permite el terrorismo, el tráfico sexual, la corrupción y el tráfico de drogas al proporcionar una salida para el “dinero sucio”, de acuerdo con los defensores de la transparencia.

A través de una enmienda a una importante ley de gastos, Rubio le pedirá al Tesoro que estudie si los reguladores del gobierno deberían obligar a las compañías ficticias que compran viviendas en efectivo de $300,000 o más a nivel nacional a revelar quiénes son sus dueños. Eso podría abarcar hasta el 10 por ciento de los negocios inmobiliarios de la nación.

Un requisito de informe similar que afecta las transacciones con un precio de $1 millón o más ya ha tenido un efecto desalentador en las ventas corporativas en efectivo en el condado de Miami-Dade, que ha estado bajo el microscopio del Tesoro desde el 2016.

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El senador Marco Rubio conversa con la prensa en el Capitolio de Washington el 25 de enero del 2018. Mark Wilson Getty Images

“Las compañías ficticias involucradas en actividades sombrías son un gran problema, especialmente en todo el sur de la Florida”, dijo Rubio en un comunicado a McClatchy y el Miami Herald. “Con esta disposición se llevaría a cabo un estudio para examinar la exigencia de que todas las compañías ficticias que realizan transacciones en efectivo, independientemente de su área, divulguen sus identidades”.

La enmienda se basa en una orden previa del Departamento del Tesoro que se aplica solo a ciertos mercados, incluido el sur de la Florida.

Esa orden, que obligó a las compañías ficticias que compran casas con dinero en efectivo a revelar sus verdaderos dueños al gobierno, ha estado vigente en algunas áreas desde marzo del 2016 a varios niveles de precios. Sus efectos fueron inmediatos y sorprendentes. Tan pronto como la orden se implementó, las compañías fantasmas que compraban casas con dinero en efectivo se perdieron del mapa, según un reciente estudio de economistas académicos. En Miami-Dade, el número de ventas corporativas en efectivo cayó en picado en un 95 por ciento, aunque un fuerte mercado general sugiere que compradores avezados han encontrado formas de eludir las reglas, dijeron los investigadores.


Antes de la ofensiva de las autoridades, las ventas corporativas en efectivo representaron aproximadamente un tercio del volumen de ventas de viviendas en Miami-Dade, que es popular entre los inversores extranjeros.

La enmienda cuenta con el apoyo del principal demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, así como del senador demócrata por Rhode Island Sheldon Whitehouse. Ambos han intentado ampliar la divulgación de los verdaderos propietarios de las empresas ficticias, que pueden enumerarse bajo nombres de abogados, contadores y otros. La falta de transparencia corporativa frustra a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que dicen que obstaculiza sus investigaciones.

Se espera una votación sobre el proyecto de ley general esta semana, dijo la oficina de Rubio.

La poderosa industria de bienes raíces ha luchado contra los intentos del gobierno para actuar combatir el lavado de dinero, ya que los bancos, los comerciantes de metales preciosos, los negocios de servicios monetarios y otras instituciones financieras están obligados a hacerlo. Muchos agentes inmobiliarios e urbanistas dicen que sus clientes son simplemente compradores ricos que buscan privacidad, no delincuentes.


Pero en los últimos dos años, el Tesoro se ha movido con fuerza hacia lo que había sido un sector en gran parte no regulado del sistema financiero en Estados Unidos. Comenzando en el condado de Miami-Dade y en Manhattan hace dos años, la Red de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) comenzó a exigir a las empresas ficticias anónimas que revelen a los verdaderos dueños cuando estos compran casas costosas con efectivo.

Las directivas temporales, llamadas “órdenes de focalización geográfica” o GTO, se expandieron posteriormente a otros mercados inmobiliarios en Florida, Nueva York, Texas, California y Hawái, donde inversores extranjeros y anónimos compran bienes raíces y aumentan los precios. Las reglas exigen que los agentes de títulos de propiedad identifiquen a los dueños de compañías ficticias que compran viviendas con efectivo y revelen sus nombres al gobierno federal.

Medidas más estrictas

La enmienda de Rubio pide al Tesoro que considere expandir la directiva FinCEN para incluir todas las transacciones inmobiliarias en efectivo por más de $300,000 en cualquier parte de los Estados Unidos.

Le daría al Tesoro 180 días para presentar un estudio al Congreso que proporcione detalles sobre los datos que ha recopilado la FinCEN desde el 2016 y cómo se están utilizando. También se le pide a la agencia que determine si necesita más autoridad para combatir el lavado de dinero y si sería útil ampliar la orden en cuestión. Además, a FinCEN se le pregunta si un registro de propietarios de empresas — algo que apoya un grupo bipartidista de legisladores federales — ayudaría a las autoridades a combatir el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el fraude electoral y otras actividades ilegales.


El requisito de divulgación de identidad de FinCEN comenzó para las ventas corporativas que tenían un precio de $3 millones o más en la ciudad de Nueva York, $1 millón o más en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y en diferentes precios en otros estados. En mayo, FinCEN promulgó una nueva directiva que secretamente rebajó la cifra a $300,000 en todas las áreas de GTO. Fuentes familiarizadas con el estilo de la agencia dicen que el nuevo pedido se mantuvo confidencial porque los reguladores no quieren dar a los que lavan dinero una hoja de ruta para estructurar sus transacciones y evitar los informes.

La enmienda de Rubio comenzaría en ese precio más bajo, cubriendo una gran parte de las ventas de viviendas a nivel nacional. El año pasado, el precio promedio de la vivienda en Estados Unidos fue de $247,200, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Una transacción en efectivo es aquella en la que no hay hipoteca y la propiedad se compra directamente. Efectivo no solo significa montones de billetes; también incluye transferencias electrónicas, cheques y giros postales. A diferencia de las hipotecas, las transacciones en efectivo no implican un escrutinio excesivo por parte de los bancos, que pueden identificar posibles operaciones de lavado de dinero reportar actividades sospechosas a las autoridades federales.

La publicación en el 2016 de los Papeles de Panamá mostró cómo compañías fantasmas anónimas en paraísos fiscales lejanos fueron utilizadas para camuflar las compras de propiedades en Estados Unidos por parte de políticos, narcotraficantes y estafadores financieros. Los analistas de la vivienda argumentan que el flujo de dinero anónimo está haciendo subir los precios.

Gran parte del mundo ha respondido a la amenaza de corrupción en el sector inmobiliario al exigir una mayor divulgación en los trámites de propiedad. Estados Unidos ha hecho menos, aunque la enmienda de Rubio podría ayudar a cerrar la brecha.

Aquellos que operan en las sombras del mercado inmobiliario al parecer están conscientes de los requisitos del Departamento del Tesoro, y están trabajando para evitarlos.

Tomemos como ejemplo a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. Recientemente estuvo entre los acusados en un caso federal de lavado de dinero por $1,200 millones que involucra fondos robados de la compañía petrolera estatal de Venezuela.

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La compañía constructora de Gil Dezer edificó la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, donde las unidades se venden por millones de dólares a los ricos de otras partes de EEUU y el mundo. David Santiago santiago@elnuevoherald.com

Cuando Urdaneta estaba listo para cerrar los trámites de compra de un nuevo condominio por $5.3 millones en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, el urbanista le informó que “adquirir el título [de la unidad] bajo una compañía o fideicomiso podría desencadenar los requisitos de FinCEN”, de acuerdo con una acusación federal presentada la semana pasada. Urdaneta estaba tan preocupado por tener que revelar la información que conversó con un informante del gobierno sobre cómo evitarlo.

Al final, Urdaneta creó una empresa a nombre de su esposa para hacer el trato, alegan los fiscales.

La Porsche Design Tower, de 60 pisos, es famosa por tener un elevador para automóviles que permite a los propietarios estacionar dentro de sus unidades. El viernes, los fiscales federales indicaron que incautarían la unidad.

¿Afecta a los agentes inmobiliarios?

Si bien las ventas de viviendas se mantuvieron por lo general estables, incluso después de que se estableciera la norma FinCEN según el estudio de bienes raíces, los precios de las viviendas de lujo fueron ligeramente más bajos en los mercados afectados por el GTO.

Eso sugiere que expandir el GTO podría tener un efecto de amortiguación en el mercado inmobiliario de la nación, dijo Jeff Morr, un corredor inmobiliario de lujo en Douglas Elliman y presidente del Miami Master Brokers Forum, un grupo de la industria.

“¿Detendrá el lavado de dinero? Probablemente, sí “, dijo Morr. “¿Es bueno para el mercado inmobiliario? Probablemente no.”


Pero al menos extender la medida a todo el país podría quitarle un poco de presión a Miami, dijo.

Esa fue exactamente la opinión de la Comisión del Condado de Miami-Dade cuando la norma se promulgó en el 2016. En ese momento, los comisionados aprobaron una resolución simbólica que pedía a los reguladores que dejaran de usar a Miami para un escrutinio especial. La industria todavía comparte ese sentimiento.

Los compradores legítimos también necesitan privacidad, dijo Ron Shuffield, presidente y CEO de EWM Realty International.

“Hay personas adineradas que no quieren que todos sepan que viven en su misma calle”, dijo Shuffield. “Si alguien está decidido a lavar dinero, puede elegir cualquier lugar del país para hacerlo, desde la ciudad más pequeña del Medio Oeste hasta Miami o Nueva York. Es justo que cada área tenga que aportar información. De lo contrario, las reglas podrían asustar a la gente en ciertos mercados”.

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