Mientras Cuba sigue construyendo el socialismo, una nueva ley de vivienda impacta a edificios
Mientras millones de cubanos enfrentan apagones, escasez y una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, el gobierno de La Habana impulsa una nueva ley de vivienda que podría obligar a los residentes de edificios a pagar cuotas mensuales para cubrir gastos comunes, mantenimiento y medidas de eficiencia energética.
El proyecto, publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, crea juntas de administración integradas por los propietarios de cada edificio y les otorga facultades para recaudar dinero, aprobar gastos y gestionar servicios relacionados con las áreas comunes.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas legales promovidas por el gobierno cubano en medio de un contexto marcado por la falta de recursos, el deterioro del fondo habitacional y una crisis energética que ha provocado apagones recurrentes en toda la isla.
Qué cambiaría para quienes viven en edificios
De acuerdo con el proyecto de ley, la administración de los edificios recaería sobre una junta integrada por todos los propietarios, cuyos acuerdos serían de cumplimiento obligatorio y se aprobarían por mayoría simple.
Entre sus principales funciones estarían:
- Fijar cuotas mensuales para cubrir gastos comunes.
- Aprobar ingresos y gastos de la comunidad.
- Autorizar contratos para mantenimiento, conservación y seguridad.
- Designar responsables para la apertura y gestión de cuentas bancarias.
- Impulsar medidas de eficiencia energética y resiliencia climática.
La junta también podría aprobar contratos relacionados con la rehabilitación de edificios, el mantenimiento de equipos y cualquier actividad vinculada a las áreas comunes.
La explicación oficial
Según las autoridades cubanas, la nueva Ley de Vivienda busca regular las formas en que el Estado garantiza el derecho a una vivienda adecuada y a un entorno seguro y saludable, incorporando criterios de eficiencia energética y adaptación al cambio climático.
El proyecto establece que las comunidades de propietarios tendrán mayores responsabilidades en la administración de los edificios y en la gestión de recursos destinados a su conservación.
Una respuesta a la crisis habitacional
En marzo, Cuba reportaba un déficit habitacional superior a las 900,000 viviendas y defendía cambios legales para actualizar el marco legal vigente desde 1988, que también ha sido modificado en múltiples ocasiones.
Otra de las medidas del gobierno cubano frente a la crisis ha sido la propuesta de ley “De Organización de la Administración Central del Estado”, con la cual pretende modificar la cantidad, la denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos administrativos.
Con esta nueva legislación, La Habana reduce a 20 el número de ministerios cubanos, incluyendo un Ministerio de Agroalimentación que asumirá la cadena productiva de agricultura, industria alimentaria, azúcar y sus derivados, bebidas, licores, pesca y sector forestal.
