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Amnistía Internacional reclama la anulación de la Ley de Caducidad en Uruguay

Amnistía Internacional (AI) exigió hoy la supresión de la Ley de Caducidad en Uruguay, una controvertida norma que impide el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985) y cuya continuidad será sometida a referéndum el próximo 25 de octubre.

''Esta ley fue diseñada como una carta de libertad para todos aquellos que torturaron, mataron e hicieron desaparecer a mucha gente durante todo ese tiempo. Ahora llega el momento de que Uruguay demuestre que no va a permitir que esos crímenes queden impunes'', indicó hoy Guadalupe Marengo, responsable de la sección americana de la organización defensora de los derechos humanos.

En un comunicado divulgado desde la sede de AI en Londres, Marengo mostró su confianza en que el próximo referéndum declare nula una norma que "viola la obligación de Uruguay de hacer justicia y tan sólo sirve para tapar las incómodas verdades de su pasado reciente''.

Amnistía Internacional aseguró que en los once años que duró la dictadura, el 99 por ciento de los presos políticos confesaron a diversas organizaciones pro derechos humanos que habían sido torturados.

La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986, inmediatamente después del fin de la dictadura, y fue ratificada por los uruguayos en referéndum en 1989.

La votación del próximo 25 de octubre es fruto de una movilización ciudadana encabezada por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una iniciativa que ha logrado reunir las firmas exigidas por la Constitución de Uruguay para convocar un plebiscito nacional.

A su juicio, el resultado de la consulta de 1989 posibilitó la entrada en vigor de la ley ya que muchos uruguayos votaron a favor de la misma por miedo al regreso de la dictadura.

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