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Corrupción rampante en Junta Escolar de Broward

Foto de archivo de la Everglades High School en el 2003.
Foto de archivo de la Everglades High School en el 2003.

La escuela secundaria Everglades High, que tuvo un costo de $48 millones, abrió sus puertas con grietas en las paredes y filtraciones de agua en el auditorio.

Los baños de los profesores no tenían cerraduras. El campo de football tenía una inclinación, lo que causaba problemas de drenaje. Cuando los estudiantes chapoteaban en la pendiente, tenían infecciones en la piel. Y la cancha de baloncesto tenía un enchufe eléctrico en la mitad del terreno que sobresalía, lo que representaba un serio peligro de lesiones.

"Los padres no estaban complacidos'', recordó Alana Mersinger, quien estaba en la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA) cuando se inauguró la escuela en el 2003.

"Les gustaban la escuela y los maestros, pero la construcción causó muchos problemas. No estaba lista'', agregó.

Para comprender cómo es que los contratistas de construcción pasaron sin miramientos por encima de la Junta Escolar de Broward, no hace falta más que mirar a Everglades High. En vez de obligar al contratista a arreglar las cosas, el distrito emitió un certificado temporal de ocupación (TCO), permitiendo a los estudiantes mudarse a un campus con imperfecciones y liberando de responsabilidad al constructor.

De acuerdo con un mordaz informe de un gran jurado sobre el distrito y su programa de construcción, los miembros de la Junta Escolar de Broward usaron su considerable influencia para adoptar proyectos de construcción que favorecieran a determinados constructores, que a menudo entregaban malos resultados y a costos más altos que lo necesario.

No importaba, dijo el informe, porque los mismos constructores llenarían los cofres de campaña de los miembros de la junta que los apoyaban, asegurando su reelección --y una consideración favorable la próxima vez que un proyecto estuviera en espera de ser aprobado.

La situación era sistemática, se repetía constantemente y resultó en una cantidad incalculable de millones de dólares perdidos.

Y causó problemas en las escuelas nuevas o reconstruidas como la primaria Norcrest Elementary (no pasó inspecciones eléctrica y mecánica), la intermedia Plantation Middle (no pasó la inspección del edificio), la primaria Tamarac Elementary (no pasó la inspección mecánica), la primaria Royal Palm Elementary (no pasó las inspecciones finales de incendio o plomería), la secundaria Boyd Anderson High (no pasó la inspección de incendios), la primaria Driftwood Elementary (no pasó las inspecciones de incendio y eléctrica), la primaria M.L. King Elementary (no pasó las inspecciones de incendios, mecánica y de plomería).

"Hay muchos, muchos más ejemplos'', dijo el gran jurado, agregando que esos asuntos pendientes se resolvían "a un costo adicional para el contribuyente''.

Los permisos temporales se mantenían por años, dijo el informe, porque el distrito no llevaba un control sobre los procedimientos.

Jim Notter, superintendente de Broward desde el 2007, negó que cualquiera de las escuelas haya abierto bajo condiciones inseguras, pero reconoció: "Es dolorosamente obvio que no tenemos un alto nivel de controles y contrapesos''.

El gran jurado dice que las juntas escolares algunas veces ponen una gran atención a las cosas que no son parte de su trabajo --como adjudicar contratos de construcción, diseñar las escuelas, contratar y despedir empleados-- y descuida las cosas que son de su responsabilidad, como la creación de una estrategia general para la construcción tomando en en cuenta las tendencias de la matrícula.

La familiaridad con contratistas amistosos podría entrar en áreas de ilegalidad, como cuando Beverly Gallagher, miembro de la Junta Escolar, fue acusada de recibir una bolsa llena de dinero. La funcionaria cumple tres años y un mes de prisión. Otra integrante de la junta, Stephanie Kraft, espera juicio por un caso separado de soborno.

Una forma en que los miembros de la junta incitaban rutinariamente a los contratistas era por medio de la subversión de un sistema conocido como la retención. La retención es el dinero de los contratos que retiene el distrito para asegurar que un contratista resolverá los asuntos pendientes.

Las leyes estatales dicen que los gobiernos pueden retener más de un 10 por ciento de un contrato, hasta un máximo del 50 por ciento, hasta que se complete el proyecto y permiten retener un 5 por ciento después de eso.

La política de la Junta Escolar establece que la retención no puede ir por debajo del 5 por ciento del contrato hasta que se haya completado a plenitud el certificado de ocupación. Esa politica se ignoró.

En una reveladora ocasión de varias citadas, la junta escolar votó, el 22 de julio del 2008, para reducir la retención del contrato de la secundaria Fort Lauderdale High de $489,241 a $100.

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