Otra ejecución mal ejecutada, esta vez en Arizona, ha reabierto la búsqueda en Estados Unidos de un método para matar a los criminales que no contradiga la prohibición constitucional de los castigos crueles e inusitados.
El caso más reciente ha sido el del reo Joseph Wood, quien murió el miércoles pasado casi dos horas después de recibir una inyección letal que tenía los mismos compuestos usados en otra polémica ejecución en Ohio, hace seis meses.
Los testigos dijeron que Wood, de 55 años, continuó resoplando y tomando bocanadas de aire cientos de veces, cuando la ejecución debería haberse completado en unos diez minutos.
Estados Unidos es uno de los 58 países que todavía aplica la pena de muerte mientras que otros 140 la han abolido, casi ocho decenas de ellos después de 1976, cuando el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense la restableció.
Entre 1890 y 2010 al menos 8.776 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos y 276 de esas ejecuciones de una u otra forma se llevaron a cabo con errores que prolongaron la agonía del condenado, según ha recordado esta semana Austin Sarat, un profesor de jurisprudencia y ciencias políticas en el Colegio Amherst, de Massachusetts.
El país sigue recorriendo un camino tortuoso entre el reclamo de venganza social contra los criminales y la Octava Enmienda de su Constitución según la cual “no se infligirán penas crueles e inusitadas”.
Paralela con el debate irresoluto sobre la pena capital en sí ha transcurrido la polémica sobre los métodos de ejecución, salpicada en años recientes por fallas y errores que han resultado en sufrimientos innecesarios para el ejecutado.
“Los estadounidenses están hartos de esta barbarie”, afirmó Dianne Rust-Tierney, la directora ejecutiva de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte. “La pena capital es una práctica bárbara y barbarizante, ineficaz y que socava el compromiso de igualdad bajo la ley”.
Los partidarios de la pena de muerte, en su mayoría, no padecen tales escrúpulos: la crueldad de los criminales justifica que el Estado no gaste dinero en mantenerlos tras rejas, y cualquiera que sea el método para matarlos no se equipara al dolor que han causado.
La popularidad de la pena de muerte ha ido disminuyendo en EE.UU., no tanto por los aspectos crueles de su ejecución sino por una mayor conciencia social sobre las disparidades raciales en las sentencias, y la multiplicación de casos en los cuales las pruebas genéticas han demostrado la inocencia de los condenados.
En la última década ha disminuido en dos tercios el número de sentencias capitales y ha bajado en el 50 % la cifra de ejecuciones. Según el Centro Pew de Investigación, el respaldo de la ciudadanía a ese castigo ha bajado del 78 % en 1996 al 55 % actualmente.
En su libro “Gruesome Spectacles” (Espectáculos horripilantes), Sarat describe con detalle los casos de reos decapitados cuando debían ser ahorcados -por muchas décadas el ahorcamiento fue un espectáculo público-, otros quemados en la silla eléctrica, la asfixia lenta en la cámara de gas y la prolongación del deceso tras las inyecciones letales.
Según el académico, entre 1890 y 2010 las ejecuciones por todos los métodos, mal ejecutadas, fueron el 3,15 % de los 8.776 casos de pena capital. Entre 1980 y 2010, cuando se generalizó el uso de las inyecciones letales como castigo último, la tasa de fallas subió al 8,53 %.
El único método en el que no se han registrado fallas de ejecución es el fusilamiento, en tanto que la inyección letal registra una tasa de fallas del 7,12 %.
Sarat señaló que Estados Unidos ha pasado de la horca al fusilamiento, de la silla eléctrica a la cámara de gas y finalmente a la inyección letal buscando un método “seguro, confiable, eficaz y humano”.
Tres ejecuciones este año con inyecciones que combinan sedantes y narcóticos extendieron las agonías más allá de lo esperado y una de las razones es la falta de capacitación del personal que aplica el procedimiento.
La Asociación Médica de EE.UU. ha prohibido la participación de médicos y profesionales de salud en las ejecuciones y éstas quedan en manos de personal no médico que debe colocar las inyecciones intravenosas.
“Si hay alguna dificultad, aún menor, a menudo está por encima del nivel de competencia e instrucción de los ejecutores”, denuncia Sarat.
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