Alberto Gonzales, secretario del Departamento de Justicia, anunció hoy su renuncia, tras largos meses de enfrentamiento con críticos tanto demócratas como republicanos que pedían su dimisión alegando un mal desempeño de su cargo al frente de Justicia por la forma que el departamento ha venido manejando las investigaciones sobre el terrorismo realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como también por haber despedido a varios abogados del gobierno.
Se cree que el probable sustituto del polémico Gonzales es el solicitante general Paul Clement, que asumiría el puesto hasta que se encuentre un sustituto permanente, según dijo un funcionario de la administración Bush que habló a condición de que se respete su anonimidad.
El Departamento de Justicia informó que tenía pensado realizar una conferencia de prensa hoy a las 10:30 a.m. en Washington, D.C. Se cree igualmente que el presidente George W. Bush discuta la decisión de Gonzales en su rancho de Crawford, Texas, antes de salir en un viaje donde tiene programado visitar varios estados del oeste.
Por sup arte, otros dos funcionarios que también hablaron de forma anónima, dijeron que Gonzales presentó su carta de renuncia el pasado viernes.
Dichos funcionarios no quisieron ser identificados, ya que el anuncio formal de la determinación del secretario de Justicia estaba aún pendiente.
Gonzales, amigo del presidente Bush durante mucho tiempo, quien en cierta ocasión lo consideró para ser nombrado para la Corte Suprema, es el cuarto funcionario de alto rango en dejar su cargo desde el pasado noviembre. Donald Rumsfeld, uno de los arquitectos de la guerra de Iraq, renunció como secretario de Defensa un día después de las elecciones de noviembre. En mayo, Paul Wolfowitz estuvo de acuerdo en dimitir como presidente del Banco Mundial luego de una investigación por cuestiones de ética, en tanto Karl Rove, uno de los principales consejeros de Bush, anunció este mes, que abandonaba su puesto.
Blanco frecuente de los ataques de los demócratas, Gonzales se irá sin satisfacer a los que le criticaron que perdió credibilidad en su posición en el Departamento de Justicia por la manera en que manejó las grabaciones —sin una orden para hacerlas—relacionadas con las amenazas de terrorismo, así como también con el controversial despido de varios abogados del gobierno.
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