Estados Unidos

Ciudadanos de EEUU víctimas de deportaciones

Pedro Guzman aparece junto a su madre en esta fotografía de febrero del 2008.
Pedro Guzman aparece junto a su madre en esta fotografía de febrero del 2008. AP

Pedro Guzman ha sido ciudadano americano toda su vida. Sin embargo, en el 2007, el nativo de Los Angeles, de 31 años --en la cárcel por un delito menor, mentalmente enfermo y que nunca aprendió a leer o escribir-- firmó un documento para abandonar el país sin juicio y fue deportado a México como inmigrante ilegal.

Durante casi tres meses, Guzmán durmió en la calle, se bañó en ríos sucios, y comió sobras sacadas de los tachos de basura mientras su madre recorría la ciudad de Tijuana, sus hospitales y morgues, con una foto suya en la mano. Lo encontraron finalmente cuando trataba de cruzar la frontera en Calexico, a 100 millas de allí.

Ahora está de regreso en California. "El cambia de un segundo a otro. Su cerebro salta de nuevo atrás, cuando él estaba desaparecido'', relató su hermano, Michael Guzmán. "Nosotros hablamos con él y le aseguramos que todo está bien y que nadie le va a hacer daño''.

En su esfuerzo por tomar medidas duras contra los inmigrantes ilegales, Estados Unidos ha encerrado en la cárcel o expulsado a docenas, quizás muchos más, de sus propios ciudadanos durante los últimos ocho años. Una investigación de un mes de la Associated Press ha documentado 55 casos, a base de entrevistas, demandas y documentos obtenidos a partir de la Ley de Libertad de Información. Estos ciudadanos pueden permanecer detenidos desde un día hasta cinco años. Los abogados de inmigración afirman que hay en realidad cientos de casos semejantes.

Es ilegal deportar a ciudadanos estadounidenses o detenerlos por violaciones migratorias. No obstante, los ciudadanos acaban en la cárcel porque el sistema está abrumado, admitió Víctor Cerda, quien dejó la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en el 2005 luego de supervisar el sistema. Se espera que el número de arrestos suba en un 17 por ciento este año, a más de 400,000, sobrecargando la red policial y el sistema legal.

El resultado es el encarcelamiento de los ciudadanos más privados de recursos: los enfermos mentales, miembros de minorías, pobres, niños, y aquéllos con órdenes de arresto vigentes por cualquier razón, desde multas de tráfico sin pagar hasta quienes no se presentan a audiencias de libertad condicional. Los que corren mayores riesgos son los hispanos, quienes constituyeron la mayoría de los casos hallados por la Associated Press.

"Mientras más confusión haya, más ciudadanos estadounidenses serán detenidos y deportados injustamente'', declaró Bruce Einhorn, juez de inmigración retirado que ahora es profesor en la Escuela de Leyes Pepperdine. "Ellos son el síntoma de un problema mayor en el sistema de detenciones. Nada puede ser más lamentable que la deportación de nuestros ciudadanos''.

Jim Hayes, director de detenciones y deportaciones de ICE, indicó que conoce solamente 10 casos de ciudadanos arrestados durante los últimos cinco años. Incluso si se les combina con los casos encontrados por la Associated Press, "eso no equivale a una epidemia'', señaló Hayes, quien se negó a identificar ningún caso, aduciendo las leyes de privacidad.

Añadió que los agentes investigan cualquier caso en que una persona afirme ser ciudadano de EEUU, pero que a menudo esas afirmaciones resultan ser falsas. Amplió que a veces los ciudadanos norteamericanos afirman haber nacido en otros países, y que los funcionarios de inmigración nunca mantienen detenido a alguien que "definitivamente'' puede probar que es ciudadano.

Es imposible saber con exactitud cuántos ciudadanos han sido detenidos o deportados porque nadie lleva la cuenta. Kara Hartzler, abogada del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados en Arizona, testificó en una audiencia de la Cámara federal el año pasado que solamente su grupo ve de 40 a 50 detenciones cada mes de personas que potencialmente pueden ser realmente ciudadanos de EEUU.

"Estos casos son sorprendente y dolorosamente comunes'', subrayó.

El Instituto Vera por la Justicia, institución sin afán de lucro, encontró a 322 personas que supuestamente eran ciudadanas en 13 cárceles de inmigración en el 2007, en comparación con 129 el año anterior. Ese número no incluye a los posibles ciudadanos en las más de 300 otras cárceles de inmigración del país.

Lo que no deja lugar a dudas es que los arrestos por inmigración --incluyendo los de ciudadanos-- han subido enormemente en los últimos años. Una de las razones es la mayor preocupación por la seguridad que surgió a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Otra es un clima político que ha animado una posición dura en contra de la inmigración ilegal, especialmente después de que el Congreso fracasara en su intento de crear legislación de reformas de inmigración hace casi tres años.

Después del 2003, la nación lanzó varios programas para detener a más inmigrantes, incluyendo uno que enlistó la ayuda de la policía local. Antes del 2007, solamente siete agencias policiales estatales y locales trabajaban con Inmigración. En noviembre del año pasado, más de 950 agentes de policía de 23 estados habían asistido a un programa de cuatro semanas sobre cómo atrapar y encarcelar a inmigrantes ilegales.

Una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental concluyó desde entonces que ICE no se aseguró de que la policía local usara su autoridad de manera adecuada y no recolectó datos para evaluar el programa. Como resultado, ICE está reescribiendo sus acuerdos con 67 agencias policiales.

El programa fue puesto en la mirilla en parte porque da demasiada libertad a la policía local para decidir a quiénes parar. Casi uno de cada 10 hispanos adultos nacidos en EEUU reportaron que la policía u otras autoridades los pararon y les preguntaron sobre su estatus migratorio en el 2007,de acuerdo con un sondeo de más de 2,000 personas llevado a cabo por el Centro Hispánico Pew.

Los ciudadanos americanos se van visto atrapados también en las redes de los crecientes arrestos en centros de trabajo y rastreos en las cárceles.

Los arrestos en los centros de trabajo aumentaron de 517 en el año fiscal 2003 a 6,274 en el 2008. Julie Myers, ex subsecretaria de Seguridad Territorial que supervisaba a ICE, dijo que los agentes seleccionan rápidamente quiénes son ciudadanos durante las redadas. Añadió que leyes federales, decisiones judiciales y órdenes de registro dan a los agentes de inmigración autoridad para entrar a centros de trabajo para interrogar a todos los que estén adentro, incluyendo a los ciudadanos.

Pero las redadas ya han provocado varias demandas.

En el 2007, 114 ciudadanos americanos y residentes permanentes presentaron una demanda luego de una redada en Micro Solutions Enterprises, una empresa de reciclaje de equipos de impresión en Van Nuys, California, alegando detención ilegal y pidiendo $5,000 cada uno.

En el 2008, el sindicato que representa a los trabajadores de seis plantas de empaquetamiento de carne de Swift & Co. presentó una demanda a nombre de ocho ciudadanos y residentes legales detenidos en redadas.

En un caso, tres ciudadanos y otros nueve, todos hispanos, presentaron una demanda luego de que agentes de ICE hicieran una redada de sus hogares en Nueva Jersey como parte de lo que se llamó Operation Return To Sender (Operación Devolver al Destinatario). La demanda alega que un agente de inmigración apuntó con un arma de fuego a uno de los ciudadanos, un niño de 9 años.

Un programa para peinar las cárceles y deportar a los inmigrantes que hayan cometido delitos es más popular. Pero los críticos del mismo temen que tienda a deportar a cualquiera por cualquier razón ya que se les ve como malas semillas, aun siendo ciudadanos americanos.

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