Estados Unidos

Disputas afectan la guerra antidrogas en Estados Unidos

Mientras el narcotráfico continúa acosando a Estados Unidos, los dos organismos federales que están a la vanguardia de la guerra contra las drogas no se llevan bien y las discrepancias están afectando su efectividad, se desprende de un informe de la Oficina de Fiscalización Gubernamental del Congreso (GAO).

El informe identificó varios conflictos entre la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Dirección Antinarcóticos (DEA), especialmente en la interpretación de los acuerdos para el manejo de investigaciones comunes y el cruce de información entre las entidades.

Uno de los puntos del informe indica que el ICE se niega a contribuir información a centros de acopio de inteligencia de los que la DEA se podría beneficiar.

Pero quizás la fuente de mayores disputas es la supervisión por parte de la DEA de los agentes del ICE que realizan investigaciones antinarcóticos.

Ambas entidades no han acordado en el alcance de un memorando de entendimiento de 1999 que regula las actividades comunes. La GAO atribuye los problemas entre ambas entidades a la falta de actualización y en ciertos casos ambigüedad del memorando

Un funcionario del ICE dijo a los investigadores del Congreso que el proceso previsto en el acuerdo para que la DEA supervise las investigaciones antinarcóticos de otras entidades es ‘‘anticuado, engorroso, lento e inefectivo''.

El memorando estipula que la DEA debe ser el punto de contacto primario de todas las operaciones antinarcóticos. Pero, según comentó un veterano agente de la DEA a los investigadores, el ICE no siempre coordina sus investigaciones internacionales con las oficinas de la DEA en el exterior.

Según el funcionario, el ICE ignoró a la DEA en la investigación de cinco casos y afirmó que como consecuencia de esta omisión las relaciones de la DEA con funcionarios locales se "vieron afectadas negativamente''.

El director de investigaciones del ICE, no identificado, dijo a los investigadores que dos de los casos citados por la DEA no eran antinarcóticos, otros dos se compartieron y un quinto se trabajó con autoridades locales de aduanas.

En el desarrollo de la investigación, un embajador de Estados Unidos, tampoco identificado, expresó a los funcionarios de la GAO su preocupación por los conflictos y las consecuencias adversas que podrían tener en el país donde ocurran.

En el 2004 las dos entidades trataron de actualizar el memorando de entendimiento, pero las conversaciones no prosperaron.

"Sin un acuerdo actualizado entre la DEA y el ICE hay un potencial para duplicar los esfuerzos investigativos y se puede poner en peligro la seguridad de los agentes'', señala el informe.

El ICE ha pedido al Congreso autorización para aplicar normas contra el tráfico de drogas, pero la DEA se ha opuesto argumentando que la aprobación fragmentaría los esfuerzos antinarcóticos y reduciría la cooperación entre las entidades.

En círculos de abogados que representan a narcotraficantes en el sur de la Florida son bien conocidos los celos entre ambas organizaciones.

Hace tres años la oficina de la DEA en Colombia pidió el traslado de un agente del ICE alegando que estaba realizando actividades sin su autorización y entrometiéndose en asuntos de su competencia.

Mientras estos conflictos continúan, los ingresos generados por la venta de drogas en Estados Unidos, según el informe, alcanzan $64,000 millones y el impacto de su uso en los costos de los servicios médicos y otros se calcularon en $180,000 millones en el 2004.

La investigación del GAO, que cubrió dos años de actividades, fue solicitada para establecer el papel de la DEA en investigaciones antiterroristas ante señales cada vez más fuertes de los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo.

El informe ofrece un actualizado panorama burocrático de la DEA, sus retos y sus nuevas estrategias.

La DEA, que tiene un presupuesto anual de menos de $2,000 millones y 9,300 empleados, opera en 227 localidades a nivel nacional y tiene 87 oficinas en el resto del mundo.

Cuenta con unos 5,000 informantes confidenciales en todo el mundo que son interrogados, al menos una vez al año, para obtener información de posibles vínculos entre actividades del narcotráfico y actos terroristas.

Esta actividad es parte de las nuevas estrategias tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Acogiéndose a normas de la Ley Patriota, la entidad ha acusado a cinco individuos involucrados en actividades de narcotráfico y terrorismo --miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- y se ha aliado en estos esfuerzos con otros organismos como el FBI y la Dirección de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.

En el 2003 la DEA incluyó en su lista de prioridades las investigaciones financieras, para lo que estableció un oficina especializada en la infraestructura del manejo de dinero y bienes de los narcotraficantes. Según sus propias estadísticas, esta oficina ha impedido el ingreso de $7,000 millones a las arcas de las organizaciones de narcotráfico entre los años fiscales 2005 y 2007.

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