Estados Unidos

La mitad de las casas en Puerto Rico se construyeron sin permiso. Entonces llegó María

Puerto Rico aborda problemas de “construcciones informales” después del huracán María

En Puerto Rico, con un índice oficial de pobreza de 44 por ciento, la construcción informal de viviendas ha sido durante generaciones más bien la regla que la excepción.
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En Puerto Rico, con un índice oficial de pobreza de 44 por ciento, la construcción informal de viviendas ha sido durante generaciones más bien la regla que la excepción.

Gladys Peña construyó una vivienda de la misma manera que muchos otros en Puerto Rico, quizás la mayoría: informalmente.

Todas las semanas, durante años, Peña, cocinera de una cafetería, ahorraba algún dinero, hasta que tuvo lo suficiente para comprar una casucha de madera en un barrio densamente poblado, que en un momento fue una comunidad de ocupantes ilegales a poca distancia de la Milla de Oro en el distrito financiero de San Juan. Peña derribó la mayor parte de la casucha, compró materiales poco a poco y se construyó una planta baja con paredes de bloques de hormigón con poco más que una cocina, y después levantó un primer piso de madera, con el echo de zinc corrugado.

Los constructores eran gente del vecindario. Su hijo rescató una escalera de acero vieja de un edificio cercano y la colocó en el frente de la pequeña vivienda, pera poder subir de la cocina a su habitación en la planta alta, para lo que tiene que salir de la casa. Para la instalación eléctrica, tomó un préstamo bancario de $2,000.

Como casi todos sus vecinos en Las Monjas, una de ocho comunidades adyacentes en la zona de Caño Martín Peña, donde viven 26,000 personas, Peña no tenía planos para construir la casa. Tampoco sacó permisos, ni hubo inspecciones, ni tenía seguro. Ni siquiera la propiedad del terreno.

“Todo esto se hizo sin un arquitecto”, dijo Peña, de 71 años, retirada y voluntaria en la organización de su comunidad. “Yo la diseñé”.

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Vista de una casa típica de las muchas que se construyeron sin permiso y que fueron afectadas por el huracán María en una de las comunidades junto al Caño Martín Peña. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Cuando el huracán María golpeó la isla, la casa donde Peña ha vivido 22 años sufrió daños. El viento arrancó el techo de zinc y la lluvia entró como ríos a la vivienda durante varias horas, empapando todas sus pertenencias. El agua también inundó la planta baja, donde arruinó los gabinetes de madera prensada de la cocina y la nueva estufa, en la que cocinaba para complementar sus magros ingresos de jubilada. Entonces comenzó la inundación, porque la comunidad se construyó sobre antiguos humedales cerca de un canal donde el agua ya no fluye debido a la sedimentación y la acumulación de desechos ilegales durante muchos años.

En Puerto Rico, un territorio estadounidense con un índice oficial de pobreza del 44 por ciento, la construcción informal de viviendas ha sido durante generaciones más bien la regla que la excepción, particularmente en poblados y zonas rurales en las afueras de la capital, San Juan, pero también en una parte importante de la ciudad misma. Esa es una de las principales razones por las que el huracán María provocó tantos daños cuando atravesó la isla el 20 de septiembre del 2017.

Y ahora, en momentos que todavía hay miles de viviendas sin servicio eléctrico, las autoridades empiezan a hacer frente a una crisis de vivienda de tal magnitud y complejidad que probablemente abrume durante años a la isla.

El código de construcción de Puerto Rico, al menos en el papel, es igualmente estricto que el de la Florida. Pero su cumplimiento es mucho menos estricto, dicen conocedores de la situación. Sujetos a un régimen oficial de permisos e inspecciones, a los edificios de apartamentos y vecindarios grandes de clase media superior que se levantan en el corazón habitacional de San Juan les fue mejor ante los vientos de María, y en lo fundamental sufrieron daños menores.

Pero casi la mitad de las viviendas en la isla se construyeron sin permisos, dicen funcionarios del gobierno. Nadie sabe precisamente cuántas son, pero el secretario de Vivienda del gobierno dice que pudieran ser aproximadamente un millón.

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Gladys Peña frente a su casa dañada cerca de Caño Martín Peña. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Y fueron esas viviendas construidas informalmente las que resultaron más afectadas por la furia de María, dijo el secretario de Vivienda, Fernando Gil. Todavía no hay un conteo oficial, dijo, pero las cifras son enormes: 250,000 viviendas con daños graves, 70,000 de ellas totalmente destruidas. Gil estima que cuando las inspecciones concluyan, se determine que unas 300,000 viviendas sufrieron algún nivel significativo de daños. Hasta el momento, 1.1 millones de núcleos familiares han solicitado asistencia por desastre a la FEMA.

El arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, dice que los estimados colocan la necesidad de nuevas viviendas en un rango de entre 60,000 y 90,000 unidades en los próximos cinco años, en dependencia de la cantidad de damnificados que se muden al territorio continental estadounidense.

Reconstruir las viviendas de la isla costará $31,000 millones, calcula el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló, casi dos veces la cantidad de dinero necesario para reconstruir la destruida red eléctrica. Pero como el gobierno no tiene dinero y los propietarios de viviendas informales no tienen seguro ni fondos para reconstruirlas, prácticamente todo el dinero tendría que venir del gobierno federal estadounidense. La FEMA espera que los esfuerzos de recuperación por el huracán María sean los más costosos en la historia de la agencia, dijo un portavoz.

Pero la reconstrucción no será algo sencillo, incluso si llega el dinero.

Reparar o reconstruir viviendas levantadas ilegalmente para que cumplan el código en vigor es difícil, quizás imposible. Muchas de esas viviendas están en zonas de inundación o colinas inestables donde las normas no permiten construir. Y como muchas comunidades levantadas informalmente comenzaron con la ocupación ilegal de tierras públicas y privadas —muchas veces con la anuencia de políticos locales y registradas después de construidas— los vecinos no tienen la propiedad de la tierra, lo que significa que la FEMA no puede pagar las reparaciones, aunque los puede ayudar a reubicarse.

Eso crea la posibilidad de sacar de su lugar a comunidades establecidas desde hace muchos años, una posibilidad que el gobierno todavía no ha abordado, pero contra la que se han pronunciado tanto vecinos como líderes de muchos vecindarios informales. Todo parece indicar que ese debate será cosa de muchos años.

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Fernando Gil, secretario del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, durante una visita a Las Gladiolas, un nuevo proyecto de viviendas del gobierno que está terminándose de construir y que no fue afectado por el huracán María. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Gil, haciéndose eco de los líderes del sector de la construcción y muchos otros habitantes de la isla, dijo que Puerto Rico no puede darse el lujo de seguir tolerando o hacerse la vista gorda ante la construcción ilegal a gran escala.

“Somos un lugar muy afectado por los huracanes”, dijo Gil. “Tenemos que repensar cómo hacemos las cosas. Todos tienen la responsabilidad de no dejar que eso suceda otra vez. María es una píldora muy difícil de tragar. Esperamos que el gobierno federal entienda que puede ayudar y debe ayudar para mejorar la situación en Puerto Rico”.

Pero los obstáculos prácticos a hacer cumplir el código de construcción son muchos, reconocen Gil y otros. Algunos escépticos creen que el gobierno de la isla y los gobiernos locales no pueden hacer mucho para controlar la construcción informal, mucho menos eliminarla.

Por una parte, las personas con viviendas dañadas no van a esperar, quizás años, por la ayuda del gobierno. Muchos comenzaron a reconstruir poco después del paso de la tormenta, recuperando materiales o comprando madera prensada barata y planchas de zinc en las ferreterías para levantar sus viviendas de nuevo. La mayoría de los puertorriqueños pobres muy probablemente no le van a pagar a un arquitecto para que les haga plano, ni absorber el costo de los permisos o materiales de construcción de mejor calidad necesarios para cumplir el código.

Lo que es más, algunos defensores de los vecinos de comunidades informales alegan que es injusto hacerlos cumplir el código cuando en ocasiones el gobierno ha permitido a entidades construir en zonas de inundación o ha aprobado edificios de mala calidad.

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Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva del Proyecto Enlace. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

“La gente no se va a sentar a esperar a que un programa del gobierno les repare el techo de su casa”, dijo Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de Enlace, una organización que abarca a las comunidades de Caño Martín Peña, conocida colectivamente como G8 por la cantidad de comunidades que incluye. “La gente seguirá construyendo viviendas por su cuenta, de hecho está sucediendo ahora”

A los pocos días del paso de María, dijo José Caraballo Pagán, líder del G8, ya había clavado un nuevo techo de planchas de zinc en su casa en la comunidad de Barrio Obrero Marina. Dijo que construyó su casa de dos plantas —como la de Peña, con una planta alta de madera— para reemplazar la vivienda que su padre levantó en 1963 cuando la familia se estableció en el lugar.

Mario Núñez Mercado, vecino de Caño y también líder del G8, agregó: “¿Cómo van a decirle a una comunidad informal que no pueden construir cuando el gobierno ha dado permiso a los constructores para levantar viviendas en lugares donde no se debe hacer o las obras han sido de mala calidad?”

Rodríguez defiende una postura intermedia, en la que organizaciones como la de ella o agencias del gobierno paguen a arquitectos para ayudar a los vecinos a mejorar poco a poco sus viviendas, al tiempo que se construyen casas nuevas y asequibles que cumplan el código. Un fideicomiso de tierras comunitarias que es propietario de buena parte de los terrenos en las comunidades del G8 ya ha construido autorizadamente un par de prototipos de casas con energía solar.

Si se colocan debidamente, dijo Rodríguez, los techos de zinc sobre estructuras de madera pueden resistir un huracán fuerte. Varias casas de madera y techo de zinc con más de 100 años de antigüedad en el histórico distrito de Miramar, por ejemplo, escaparon a la furia de María con daños leves.

“No es el material, es la manera en que se construyeron. Muchos techos de madera y zinc sobrevivieron”, dijo Rodríguez.

Pero muchos otros no soportaron los embates de la tormenta. De 4,000 viviendas en las comunidades del G8, dijo Rodríguez, 800 perdieron el techo, 75 fueron pérdida total y serán demolidas. La coalición, bien organizada y con muchos contactos, pudo reemplazar rápidamente los techos perdidos con lonas azules de la FEMA.

Pero las perspectivas a largo plazo son muy inciertas.

Peña tuvo más suerte que muchos: las paredes de su casa resistieron bien los embates del viento. Pero durante dos semanas estuvo viviendo en la casa sin techo, con los aguaceros que llegaron después, hasta que una cuadrilla de la FEMA le colocó una lona azul encima. Pero con solamente $3,000 en ahorros, apenas para comenzar la reconstrucción, depende completamente de la asistencia federal y no está segura de que la entreguen.

Como la mayoría de sus vecinos, Peña no quiere irse a otra parte. Como la construcción de su casa está muy lejos de cumplir el código, no está claro si cumple los requisitos para asistencia de reconstrucción. Y como muchos otros, ahora temen que la desplacen. Como el fideicomiso del G8 tiene la propiedad de la tierra de su casa, espera que la asistencia comience a llegar pronto.

“El plan es reconstruir la casita”, dijo. “Para que la comunidad no desaparezca”.

Pero muchos en las comunidades informales de la isla, en particular fuera de la relativamente próspera zona de San Juan, la situación es terrible.

María sacó a relucir una realidad malamente oculta en la isla: la sociedad puertorriqueña es profundamente desigual. Gran parte de la población es pobre —muy pobre según el nivel del territorio continental— y vive en viviendas peligrosas de una calidad desastrosa, algunas veces en zonas aisladas. La construcción ilegal de viviendas al nivel que existe en Puerto Rico no se toleraría en Estados Unidos, dicen los críticos.

Somos un lugar muy afectado por los huracanes. Tenemos que repensar la manera en que hacemos las cosas. Todos tienen la responsabilidad de no dejar que esto suceda otra vez.

Fernando Gil, secretario de Vivienda de Puerto Rico

“Esta es la verdadera cara del país”, dijo José Sánchez, estudiante de posgrado en Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, mientras visitaba las ruinas de Villa Esperanza, una comunidad de viviendas rústicas de madera construidas en las faldas de una colina en Toa Alta, una municipalidad casi rural en el extremo oeste de la zona metropolitana de San Juan.

El huracán María destrozó casi todas las 130 viviendas de Villa Esperanza, fundada hace siete años cuando un grupo de gente desesperada por tener un lugar económico donde vivir tomaron un cañaveral en tierras del gobierno. La comunidad se organizó y combatió con éxito los esfuerzos de las autoridades por sacarlos del lugar, hasta que al final llegaron a un acuerdo de arrendamiento a cinco años con el gobierno, en que cada familia paga $35 al mes. La electricidad la toman “prestada”, reconoció un líder de la comunidad.

Los vientos de María torcieron las vigas de acero de un estadio de béisbol adyacente. En Villa Esperanza quedan solamente 60 familias, y algunas ya han comenzado a reconstruir sus viviendas.

Los vecinos están cada vez más desesperados y dicen que los trabajadores de la FEMA les han dicho que la agencia no pagará la reconstrucción de sus viviendas porque no hay manera que las estructuras cumplan el código. Mientras tanto, dependen de iglesias y organizaciones de caridad para conseguir agua e insumos. La mayoría de los vecinos tenía empleo, fundamentalmente en la construcción y como guardias de seguridad, pero los han perdido porque muchos negocios locales no han podido reabrir tras el paso de María.

“Lo perdimos todos”, dijo María Hernández Collazo, una de las fundadoras de la comunidad, quien agregó que su casa, una “cajita” que hizo con madera recuperada, se vino abajo durante la tormenta. “Yo vivo sola y ya tuve que luchar mucho para sobrevivir”.

Jorge Olivo, presidente de la comunidad, afirmó: “Es como empezar de cero otra vez, y sin recursos”.

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