Estados Unidos

Caso ante el Supremo sentaría precedente para inmigrantes

El Tribunal Supremo federal puso el martes en tela de juicio si los acusados tienen derecho a recibir asesoría jurídica precisa sobre todas las consecuencias potenciales de declararse culpables.

El caso Padilla vs. Kentucky, que se centra en José Padilla, un inmigrante nacido en Honduras que enfrenta la deportación tras declararse culpable de tráfico de marihuana, tiene un significado particularmente importante para los más de 12.8 millones de inmigrantes legales que viven en Estados Unidos.

(Padilla no tiene vínculos con el llamado "talibán boricua'', un ciudadano de EEUU del mismo nombre condenado por conspirar para dar ayuda a terroristas.)

Padilla quiere que se desestime su declaración de culpabilidad, argumentando que infringe los derechos que le confiere la Sexta Enmienda de recibir asesoría jurídica efectiva. Sostiene que no se hubiera declarado culpable si su abogado de oficio lo hubiera aconsejado debidamente sobre las consecuencias.

El abogado de Padilla, Stephen Kinnaird, argumentó que es responsabilidad de los abogados de informar a sus clientes tanto de las consecuencias directas de un acuerdo para declararse culpables --como el tipo y duración de la condena-- y las consecuencias adicionales más amplias, como es el caso de la deportación. "Los abogados tienen el deber de evaluar las ventajas y desventajas de una declaración de culpabilidad'', dijo Kinnaird.

En el 2001, Padilla, veterano de la Guerra de Vietnam, camionero y residente permanente legal durante 40 años, fue detenido cerca de una estación de pesaje en Kentucky y arrestado al encontrarse cajas de espuma de poliestireno con 1,033 libras de marihuana en su remolque de 18 ruedas. A Padilla se le acusó de varios delitos estatales y de tráfico de drogas en mayor cuantía. Inicialmente se declaró inocente, pero estuvo detenido durante un año mientras se investigaba su posible deportación. Al año siguiente, Padilla aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una condena reducida cuando su abogado de oficio le dijo que declararse culpable no afectaría su estatus migratorio.

Fue un consejo erróneo.

A Padilla se le condenó a cinco años de cárcel y cinco años de libertad condicional, y ahora enfrenta la deportación --lo que Kinnaird atribuye a la mala asesoría.

Los magistrados interrogaron a Kinnaird y expresaron preocupación de que semejante postura obligaría a los abogados a ofrecer innumerables detalles sobre las consecuencias indirectas de una declaración de culpabilidad.

Los jueces Anthony Kennedy, Antonin Scalia y Samuel Alito presionaron a Kinnaird sobre cómo pueden protegerse los abogados y los tribunales de situaciones en las que, tras una sentencia, los acusados puedan decir que no les informaron todas las consecuencias posibles de su declaración de culpabilidad.

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