Estados Unidos

Solicitantes de asilo por violencia doméstica, en la mira de Sessions

El Fiscal General Jeff Sessions ha sido el encargado de revisar las normas que permiten a las inmigrantes víctimas de violencia doméstica o abuso sexual solicitar asilo político en EEUU.
El Fiscal General Jeff Sessions ha sido el encargado de revisar las normas que permiten a las inmigrantes víctimas de violencia doméstica o abuso sexual solicitar asilo político en EEUU. TNS Foto de archivo

A pesar de la notoriedad de movimientos como #MeToo para defender a víctimas de abuso sexual y violencia doméstica, la Administración Trump trata de restringir las vías legales que amparan a mujeres inmigrantes maltratadas que buscan asilo político, advierten expertos.

El Fiscal General Jeff Sessions ha sido el encargado de revisar las normas que permiten a las inmigrantes víctimas de violencia doméstica o abuso sexual solicitar asilo político y obtener la protección en los Estados Unidos por esta causa.

El jefe del Departamento de Justicia encargó una amplia revisión sobre los casos y fallos a favor de estas mujeres; incluso ha cuestionado algunas decisiones de las cortes de inmigración.

La Profesora Karen Musalo, Directora del Centro de Estudios de Género y Refugio de la Escuela de Leyes de la Universidad de California Hastings calificó de “preocupante” las maniobras que el Fiscal General está desarrollando.

Musalo citó como ejemplo las acciones de Sessions en el caso conocido como “Matter of A-B”, en el que un juez de inmigración le concedió asilo político a una salvadoreña debido a los años en los que fue víctima de violencia doméstica.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dictaminó que por el tiempo en que sufrió el abuso, la cuzcatleca calificaba para el asilo político. No obstante, el fiscal pidió en las últimas semanas revisar el caso.

“Sessions está usando una regulación que le permite tomar jurisdicción sobre casos como este, pero es un movimiento inusual, no es la ruta normal que atraviesa un caso de asilo”, apunta Musalo.

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), asegura que el riesgo de muerte de una mujer víctima de violencia doméstica y sexual en El Salvador es real, y que el gobierno no ha podido tomar las medidas suficientes para prevenir estos delitos.

“El Salvador está conmocionado con el cruel asesinato de una reconocida periodista. El principal sospechoso es su pareja y padre de su hijo. Si esto le pasa a las mujeres con cierta visibilidad, qué pasa con las otras?”, pregunta la activista.

La preocupación de los defensores de los derechos de la mujer por la postura del fiscal aumenta en estos días en que cientos de inmigrantes que llegaron a la frontera de California con México se disponen a pedir protección en Estados Unidos.

“No parece haber ninguna línea (legal) que este gobierno no esté dispuesto a cruzar”, resalta Katie Shepherd, vocera de la Campaña de Justicia de Inmigración, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

La portavoz de AILA explica que los abogados defensores de los inmigrantes han visto cómo la Administración se dirige cruelmente contra los no ciudadanos más vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas, víctimas de abuso, detenidas.

Aunque es muy difícil elucubrar cuáles serán los movimientos de la Administración en contra de este grupo, Musalo teme que, con las revisiones, Sessions busca cambiar el precedente establecido en una decisión de 2014, conocida como “Matter of ARCG”, que establece que las mujeres que huyen de la violencia doméstica podrían calificar para asilo.

Aunque habían existido otros fallos a favor que concedían asilo político a mujeres víctimas de violencia doméstica o abuso sexual, esta decisión presentó un “precedente vinculante” que abogados pueden citar para ganar los casos.

En el caso “Matter of ARCG”, una inmigrante guatemalteca que ha preferido el anonimato señaló que fue golpeada reiteradamente por su esposo, le rompió la nariz y fue violada repetidas veces; cuando trató de realizar la denuncia ante las autoridades de su país, éstas supuestamente contestaron que no se involucran en una relación matrimonial.

“Tenemos años de lucha para convencer a la policía de nuestros países a que atienda estas denuncias y ponga más atención en los feminicidios, pero los avances son muy pequeños” aclara Tejada, de ASOSAL.

“Mientras el peligro inminente siga, ellas van a tratar de salvar su vida y la de sus hijos”, agregó.

Por el momento, los defensores de los inmigrantes, así como sus abogados, están tratando de brindar asesoría a las mujeres que llegan a la frontera en busca de asilo como parte de la caravana proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala.

No obstante, el futuro de estas inmigrantes sigue esperando por la inclusión en movimientos de defensa como “MeToo”.

“La Administración Trump las ve como inmigrantes ilegales, en lugar de solicitantes de asilo que merecen una audiencia imparcial sobre sus reclamos. No soy muy optimista de que serán tratados de manera justa”, proyectó la profesora Musalo.

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