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La policía puede extraer información de tu teléfono móvil, pero ¿es legal?

Las policías de Miami y Miami-Dade usan un dispositivo creado por la compañía Cellebrite, parecido al que se ve en la imagen, para extraer información de teléfonos móviles confiscados y vinculados con delitos.
Las policías de Miami y Miami-Dade usan un dispositivo creado por la compañía Cellebrite, parecido al que se ve en la imagen, para extraer información de teléfonos móviles confiscados y vinculados con delitos. Cellebrite

Los delincuentes, como el resto de nosotros, usan mucho sus teléfonos móviles, dispositivos que se han convertido en un objetivo fundamental de la policía. Pero conseguir acceso a la información almacenada en los teléfonos no es tan fácil como pedirle a Siri que la encuentre.

Hay obstáculos técnicos, así como interrogantes jurídicas y de derechos civiles por solucionar, antes que la policía pueda comenzar a investigar la información almacenada en los teléfonos de los sospechosos.

Ante esos retos, entidades policiales de todo el país han echado mano a lo que algunos críticos han dado en llamar spyware: un dispositivo con un programa especial que se conecta a los teléfonos y que puede extraer y almacenar contactos, fotos, coordenadas de GPS y las plataformas de medios sociales más visitadas por el usuario, información que tiene el potencial de contribuir significativamente a casos penales.

La Policía de Miami, que compró el software hace poco más de un año, es el departamento policial más reciente del sur de la Florida que se suma a la larga lista de autoridades que lo usan. La Policía de Miami-Dade, la mayor del sureste de Estados Unidos, usa ese tipo de dispositivo desde hace más de un decenio, y ha actualizado el software varias veces, la última vez en agosto del 2017.

Las entidades policiales subrayan que hay leyes estrictas que limitan cómo pueden usar el dispositivo. No se trata sencillamente de extraer la información del teléfono de un sospechoso a través de Bluetooth o WiFi, por ejemplo. Primero tienen que tener el teléfono en su poder, y la policía insiste que no usa el sistema sin la autorización del dueño o una orden de registro.

Una vez que se confisca un teléfono, se coloca en un lugar que bloquea la comunicación, de manera que la información en el aparato no puede actualizarse, alterarse o borrarse.

También hay obstáculos técnicos: las autoridades no tienen acceso a la información de todos los teléfonos móviles y avances tecnológicos en los sistemas de seguridad de los teléfonos dificultan ese acceso. Las nuevas versiones del iPhone, por ejemplo, dejan la información fuera del alcance de las autoridades sin una clave.

“Actualizan constantemente [la tecnología] para tratar de saltarse la clave”, dijo Eldys Díaz, asistente ejecutivo del jefe de la Policía de Miami. “En algunos casos no se puede acceder a toda la información sin la clave”.

Abogados defensores y grupos de derechos civiles también están luchando con el spyware, alegando que el sistema es una invasión de las protecciones de privacidad creadas sobre la base de los límites estrictos de una orden de registro. Por ejemplo, si la policía está buscando pruebas de un delito y encuentra información que apoye otro cargo, ¿se debe permitir su uso?

Un caso que se tramitaba el verano pasado en un tribunal de Miami-Dade muestra algunos de los obstáculos que las autoridades enfrentan para tener acceso a la información almacenada en los teléfonos móviles.

En un caso observado de cerca por los abogados, un juez de Miami-Dade decidió no declarar en desacato al tribunal a Hencha Voigt, estrella de programas de reality de televisión, por no entregar la clave de su iPhone. Voigt y un hombre llamado Wesley Victor fueron acusados de sacarle $18,000 a una personalidad de los medios sociales a cambio de no publicar videos sexuales robados a YesJulz, conocida personalidad social.

Las autoridades le confiscaron el teléfono a Voigt cuando la arrestaron un año antes. Dos veces antes que el juez emitiera su fallo, Voigt dijo que no recordaba la clave de acceso. Defensores de los derechos civiles apoyaron la decisión del juez, alegando que entregar la clave habría infringido los derechos de Voigt bajo la Quinta Enmienda de la Constitución a no incriminarse a sí misma.

Un mes después del fallo del juez, el FBI de alguna manera logró acceso a la información en el teléfono de Voigt. Mensajes de texto intercambiados entre la modelo deportiva y Victor, en los que se habló de los videos sexuales, parecían apoyar el caso de las autoridades.

El teniente Juan Villalba Jr., de la Policía de Miami-Dade, que desde hace más de una década tiene el equipo necesario, adquirido a la empresa de inteligencia digital Cellebrite, dijo que usar el spyware no es muy diferente a que un agente del Servicio de Rentas Internas se presente en una empresa con una orden judicial para exigir la entrega de información financiera.

“Vamos a usar las nuevas tecnologías para combatir la delincuencia”, dijo el teniente. “En esta época todo el mundo anda con un teléfono inteligente en el bolsillo”.

Sin embargo, grupos de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), están preocupados de que los investigadores que no respetan búsquedas específicas en dispositivos personales pueden extraer información que no tiene nada que ver con un caso específico.

“Es importante que la orden de registro describa específicamente lo que la policía busca”, dijo Nate Wessler, abogado de la ACLU, quien en este momento alega ante la Corte Suprema federal un caso relacionado con un teléfono móvil. “La mayoría de las veces, las fotos personales son irrelevantes”.

Wessler dijo que en el país hay un puñado de jueces que han comenzado a incluir limitaciones en las órdenes de registro. Una buena práctica, dijo, es que un experto que no sea el investigador policial busque y extraiga del teléfono la información específica incluida en la orden de registro.

Díaz, asistente ejecutivo del jefe de la Policía de Miami, dijo que conseguir una orden de registro para un teléfono móvil es similar a la que se solicita para registrar una vivienda: la policía tiene que mostrar que el teléfono es parte de un delito o de que en el aparato hay evidencia probable relacionada con un delito.

“Eso dependería de los hechos del caso y de su relación con un delito”, dijo. Díaz agregó que todas las órdenes de registro en Miami son revisadas por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade antes de presentarlas a un juez.

Los dispositivos de extracción de información se han vuelto tan populares que una investigación realizada el año pasado por CityLab, división digital de la revista The Atlantic, identificó que la gran mayoría de los 50 mayores departamentos policiales de Estados Unidos los usan. CityLab comenzó la investigación después que el portal digital The Intercept publicó un catálogo de herramientas militares usadas por entidades policiales estadounidenses, que le filtró una fuente de inteligencia preocupada por la militarización de las fuerzas policiales en Estados Unidos.

Los teléfonos móviles han obligado a la policía y a los tribunales a tener que cambiar constantemente de tácticas para mantenerse al día con los delincuentes de hoy, todo ello en medio de las limitaciones de las leyes sobre vigilancia, que siguen evolucionando.

Ya no quedan muchas líneas telefónicas tradicionales y se han hecho comunes los teléfonos móviles baratos, que se usan unas pocas veces y se desechan. En el pasado, los tribunales reprendieron a la policía por usar un dispositivo de seguimiento llamado Stingray, un simulador de torres de comunicación celulares que envía señales a teléfonos en una zona determinada para que trasmita su ubicación, todo ello sin una orden judicial.

En septiembre de 2017, un tribunal de apelaciones de Washington determinó que la policía tiene que solicitar una orden de registro para usar el Stingray. Este fue el cuarto fallo similar de un tribunal estatal de apelaciones o tribunal federal de distrito sobre la controversial tecnología.

Wessler, el abogado de la ACLU, alegó en noviembre un caso ante la Corte Suprema federal que puso sobre el tapete el asunto de si la Cuarta Enmienda, —que protege a las personas de registros y decomisos no razonables— se infringe cuando las autoridades policiales consiguen registros de ubicación de teléfonos móviles sin una orden judicial.

El caso era sobre cuatro hombres armados que robaron tiendas de Radio Shack y T-Mobile en Detroit entre el 2010 y el 2011. Los sospechosos fueron arrestados y uno entregó su teléfono móvil a la policía, que usó la información almacenada en el dispositivo para determinar que Timothy Carpenter —quien no era era uno de los cuatro arrestados originalmente— participó en el delito. Carpenter fue arrestado posteriormente.

Carpenter entonces presentó una demanda en la que alegó que las autoridades tienen que solicitar una orden judicial de registro para tener acceso a la información que llevó a su arresto. Cuando un juez falló que el FBI no necesitaba una orden de registro para conocer dónde y en qué momento se había usado el teléfono móvil del sospechoso, el caso pasó a la Corte Suprema federal, que se espera tome una decisión sobre el caso este verano.

Desde el 11 de septiembre, las agencias policiales locales han recibido una gran cantidad de fondos que se han usado para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Ya es común ver lo que antes eran vehículos de uso estrictamente militar, como el Bearcat —de ocho toneladas y parecido a un tanque con torretas para francotiradores— durante casos en que sospechosos se atrincheran o cuando se hacen arrestos peligrosos. La policía también usa centros de mando móviles parecidos a autobuses que tienen cámaras de circuito cerrado. Y la policía muchas veces también cuenta con detectores de gas, miras nocturnas y térmicas.

Con donaciones federales que este año alcanzarán casi $5 millones, la Policía de Miami está haciendo compras que incluyen cuatro cámaras enormes con un campo de visión de 360 grados e imágenes de alta definición. Las autoridades usaron cámaras similares durante Art Basel en diciembre y dicen que las usan para eventos grandes como el Festival de las Artes de Coconut Grove.

“Son una parte vital de nuestras operaciones”, dijo Díaz. “Algunas de esas cosas son caras y no tendríamos presupuesto para adquirirlas”.

En el caso de herramientas menos intimidantes, como el dispositivo de extracción de información de teléfonos, Díaz dice que la Policía de Miami toma todas las precauciones para asegurar que se cumplan las leyes y no se infrinjan las protecciones de privacidad.

“Tenemos que seguir los procedimientos jurídicos”, dijo. “Tenemos que solicitar una orden judicial porque son dispositivos que almacenan información privada”.

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