Asuntos Legales

Los cambios drásticos que enfrentarán los inmigrantes con las medidas de Trump

Viajeros internacionales hacen fila en Inmigración en el Aeropuerto Internacional de Miami en noviembre del 2005.
Viajeros internacionales hacen fila en Inmigración en el Aeropuerto Internacional de Miami en noviembre del 2005. para el Miami Herald

Antes de que el sol se asomara por el horizonte, decenas de jornaleros ya se habían congregado en el estacionamiento de un Home Depot de La Pequeña Habana esperando ser recogidos para ir a construir nuestras casas, cortar el césped de nuestros jardines o cosechar las frutas y verduras que nos comemos.

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La misma escena se repite en muchos otros estacionamientos y esquinas del sur de la Florida, desde Homestead hasta West Palm Beach, a pesar del clima de creciente temor en las comunidades de inmigrantes a raíz del endurecimiento de medidas migratorias firmadas por el presidente Donald Trump después de asumir el cargo el 20 de enero -- todas encaminadas a facilitar el accionar de agentes federales para la detención de extranjeros que violan las leyes de inmigración.


En Homestead, los jornaleros entrevistados en el parqueo de un supermercado cerca de la esquina de Mowry Drive y Krome Avenue, dijeron que ni la policía ni los agentes migratorios los han molestado. “Nuestra preocupación es si podemos conseguir un trabajo para el día”, dijo Gabriel Alavés, de Oaxaca, México.

Un análisis de el Nuevo Herald de las órdenes ejecutivas y directrices, basado en entrevistas con abogados de inmigración y defensores de los derechos de inmigrantes, muestra que los agentes federales de inmigración han recuperado el poder que perdieron durante la presidencia de Barack Obama, quien extendió protecciones contra la deportación para cientos de miles de indocumentados.


Bajo Obama, por ejemplo, los niños centroamericanos que cruzaron la frontera mexicana sin sus padres eran considerados menores no acompañados incluso después de ser entregados a sus padres u otros familiares en el sur de la Florida y otras partes del país. Ahora, los funcionarios de inmigración han recibido instrucciones de verificar si tal designación debe continuar una vez que el menor está siendo procesado en los tribunales de inmigración para su deportación. Además, bajo las nuevas reglas, los padres y otros miembros de la familia del menor, muchos de los cuales son indocumentados, podrían ser procesados penalmente ​​si los funcionarios determinan que pagaron a contrabandistas para traer a los menores por la frontera.


“Esto incluye colocar a padres o guardianes que sean extranjeros deportables en procedimientos de expulsión, o remitir a tales individuos para procesamiento criminal, según lo apropiado”, indican las directrices del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Los abogados que ayudan a los menores centroamericanos en las cortes expresaron alarma.

“El memorando tiene un impacto devastador sobre los menores no acompañados”, dijo Michelle Ortíz, directora adjunta de Americanos Pro Justicia Inmigrante, con sede en Miami. “Requiere la reevaluación del estatus del menor de edad no acompañado que efectivamente eliminaría el debido proceso y asistencia legal humanitaria para muchos niños centroamericanos que buscan refugio y seguridad en nuestra frontera”.


Aunque las órdenes y directrices han generado un temor generalizado entre los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, en ninguna parte autorizan redadas al azar o deportaciones en masa. Pero las directrices sí amplían las deportaciones aceleradas que afectarían potencialmente a cualquier indocumentado detenido en cualquier lugar de Estados Unidos-- si llegó en los últimos dos años antes de su arresto, dijo Ortíz. Previamente, esta práctica afectaba a indocumentados detenidos a lo largo de las fronteras y dentro de los 14 días de su arribo.

“Los funcionarios de inmigración están deteniendo de manera más agresiva a los extranjeros, incluso si no son delincuentes convictos”, afirmó Wilfredo Allen, abogado de inmigración en Miami.

Pero los jornaleros de La Pequeña Habana no se quejaron de los agentes de inmigración, sino más bien de los policías de Miami que los hostigan constantemente para que se alejen del sitio.

Una portavoz de la policía dijo que los agentes no están hostigando a los jornaleros por buscar trabajo o por ser inmigrantes, sino porque están en propiedad privada donde se les considera intrusos.


Un funcionario federal familiarizado con las nuevas medidas dijo que los agentes migratorios no tienen ningún plan para arrestos en masa de indocumentados.

“Si quisiéramos hacer eso, simplemente iríamos a cualquier Home Depot”, afirmó

MIEDO A PERDER EL TPS

La estrategia, agregó, es la de continuar e intensificar los operativos específicos contra extranjeros con antecedentes penales o que tienen ordenes final de deportación de las que se han escondido o han ignorado.

Donde el miedo es más palpable es entre inmigrantes centroamericanos indocumentados que alguna vez tuvieron protección temporal contra la deportación, o que están protegidos por el programa, pero saben que este terminará pronto.

“La gente tiene mucho miedo”, dijo Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, que ayuda a miles de centroamericanos que se acogen al programa conocido como Estatus de Protección Temporal o TPS. Cientos de miles de haitianos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños están actualmente protegidos por el TPS pero este expira en julio para los haitianos, en enero del 2018 para hondureños y nicaragüenses, y en marzo del 2018 para los salvadoreños. No se sabe si Trump va a renovar el TPS, pero si no lo hace, perderían la protección, volverían al estatus de indocumentados y podrían ser deportados.


“Ayúdeme a renovar mi TPS”, le imploraba Noemi Hiraeta, una salvadoreña, a Portillo en su oficina de Miami. El TPS de Hiraeta expiró el año pasado pero no pudo renovarlo porque no tenía dinero para pagar las cuotas. Pero ahora tiene el dinero, y necesitaba ayuda para llenar la solicitud.

“Estoy muy preocupada porque las cosas no parecen optimistas “, dijo Hiraeta. “Tengo amigos y vecinos que ya no quieren ni salir de sus casas por miedo a ser detenidos”.

Portillo dijo que otros indocumentados centroamericanos le han dicho que ya no manejan sin licencia válida por miedo a ser deportados.

“Han contratado a personas que tienen licencia para llevarlos al trabajo y al supermercado”, dijo Portillo.

En otros puntos destacados, la orden explica las razones para el cambio de políticas migratorias de la relativa indulgencia del ex presidente Obama a la dureza del presidente Trump. Ahora la orden ejecutiva de Trump describe a extranjeros que han violado la ley de inmigración como amenazas a la nación.


“Muchos extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos y aquellos que se quedan más allá del límite de tiempo autorizado por su visa constituyen una amenaza significativa a la seguridad nacional y la seguridad pública”, indica la orden.

Culpa de esta situación a las llamadas comunidades santuario que otorgan protección a los inmigrantes que considerados como deportables.

“Las jurisdicciones santuario en Estados Unidos intencionalmente violan la ley federal en un intento por proteger de la deportación a extranjeros”, dice la orden. “Estas jurisdicciones han causado daño inconmesurable al pueblo estadounidense y al tejido mismo de nuestra república”.

Esta es la orden que orilló al alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, a instruir a las cárceles del condado a reanudar su cooperación con ICE obedeciendo las peticiones de retención o “detainers” contra extranjeros que han sido arrestados por presuntos delitos.

El pasado miércoles, el Departamento de Prisiones y Rehabilitación del condado publicó una lista de 44 detenidos extranjeros contra los cuales ICE emitió “detainers” entre el 27 de enero y el 16 de febrero. Los presuntos delitos por los que fueron arrestados van de conducta desordenada hasta posesión de marihuana y homicidio. La lista también señala que los “detainers” contra algunos de los arrestados había sido “levantados” pero no explica la razón.


La orden de Trump también acusa a los gobiernos de los países de origen de muchos inmigrantes deportables de negarse a aceptar la devolución de “decenas de miles” de tales individuos incluso después de que los jueces de inmigración estadounidenses ordenaran su deportación.

“Muchos de estos extranjeros son criminales que han cumplido condenas en nuestras prisiones federales, estatales y locales. La presencia de estos individuos en Estados Unidos y las prácticas de las naciones extranjeras que se rehúsan a la repatriación de sus ciudadanos, es contraria al interés nacional”, indica la orden.

La orden exige además sanciones contra los países “recalcitrantes” que rechazan la repatriación de sus nacionales. La orden no especifica qué tipo de sanciones se aplicarían, pero se refiere a una cláusula de la ley de inmigración que permite al Departamento de Estado tomar represalias negando visados a viajeros de esos países.


Entre los llamados países “recalcitrantes” se encuentra Cuba que durante décadas se ha negado a recibir a más de 28,000 delincuentes convictos-- incluidos 2,000 homicidas --que tienen órdenes definitivas de deportación. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno de Trump no ha tomado medidas para obligar a Cuba a aceptar la repatriación de estos condenados, o para castigar a la isla negándole visas.

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