Inmigración

"Documentos en mano, por favor''

Asacar pasaportes, green cards y permisos de trabajo...

Si unos legisladores xenófobos en Tallahassee consiguen el mes próximo lo que traman, a los hispanos de Miami y del resto de la Florida nos aguarda una eterna condena: demostrar hasta la saciedad que residimos aquí legalmente. Y si además nacimos con la tez oscura o hablamos inglés con un marcado acento, el drama promete ser más abrumador.

Entre un puñado de proyectos de ley con aroma antiinmigrante, se baraja la idea de obligar a las personas a verificar su estatus inmigratorio cuando cometan una infracción de tránsito, soliciten beneficios sociales de los gobiernos local, estatal y federal, o busquen trabajo en una compañía que hace negocios con éstos.

Aunque parece un proceso sencillo, las verificaciones pueden ser engorrosas debido a la colosal burocracia federal. La base de datos del Seguro Social está plagada de errores tipográficos u otras faltas que afectarían a miles de ciudadanos y residentes permanentes en el estado, quienes podrían quedar atrapados en las redes de inmigración.

Por supuesto, la meta de las propuestas no es causar inconvenientes a los inmigrantes legales --aunque claramente sí lo harían--, sino martirizar a los 850,000 indocumentados que se calcula hay en la Florida con miras a que se marchen, y amonestar severamente a sus empleadores, como sucede en Arizona, Oklahoma y otros estados donde se han aprobado leyes fundamentalistas de esta naturaleza.

Que ironía que en Miami, un calidoscopio de culturas donde la mayoría somos inmigrantes, se pudiera ejecutar esta moderna versión de una cacería de brujas.

Yo detestaría vivir en un lugar donde reinara tal hipocresía.

Es inaudito intentar resolver localmente un problema de índole nacional como lo es la inmigración. La reforma debe venir de Washington.

No hay fondos en el presupuesto condal para contratar más policías, pero a los que sí tenemos los vamos a recargar con funciones que no les atañen, ¿me explico?

Como un huracán, los proyectos de ley, por otra parte, azotarían a la industria agrícola, el segundo motor económico del estado, con un impacto anual de $100,000 millones. Con multas de $25,000 por inmigrante indocumentado y la revocación de exenciones fiscales, las granjas quedarían casi vacías, pues se estima que más de dos terceras partes de su fuerza laboral no tiene permiso de trabajo, y no hay personal local que aspire a esos paupérrimos salarios.

Los condados Miami-Dade y Palm Beach, en conjunto, se sitúan entre los 10 centros de producción agraria más grandes de Estados Unidos.

Las principales cosechas locales --tomates, ajíes, pepinos, naranjas, arándanos, calabazas-- deben ser recolectadas manualmente, me explicó el comisionado de Agricultura de la Florida, Charles Bronson, al advertir que ``los granjeros tendrían que cambiar a cosechas de recolección mecánica... y entonces se reduciría la cadena alimenticia''.

Bronson está de acuerdo con que Estados Unidos ``debe controlar sus fronteras y saber quién ingresa al país, pero para hacer esto de manera práctica, necesitamos encontrar una vía legal para que la gente pueda solicitar permisos de trabajo, aún cuando sea por temporadas''.

Algunos cuerpos policíacos en el sur de la Florida están renuentes a convertirse en agentes de inmigración, porque un mayor número de personas abrigará miedos hacia los agentes y eludirá contactarlos, así que el índice de criminalidad corre el peligro de aumentar.

Hace cuatro años, por ejemplo, un inmigrante indocumentado guatemalteco en Rhode Island acudió a las autoridades luego de presenciar un asesinato. Gracias a su testimonio, el homicida fue condenado. El desenlace: unos días después, el guatemalteco fue arrestado y, finalmente, deportado. En declaraciones públicas, se arrepintió de haber sido un buen samaritano.

Sheila Hopkins, la directora para asuntos sociales de la Conferencia Católica de Obispos de la Florida, me comentó que algunos políticos están utilizando estos proyectos de ley como carnada para pescar los votos del sector ultraconservador de la Florida que, como en el resto del país, está profundamente ofendido con la idea de que personas que arribaron por los caminos verdes obtengan la residencia.

''El resultado de todo esto'', enfatizó Hopkins, ``es que a los trabajadores se les está alentando a que se vayan del estado, dejando claro que la Florida ya no es un lugar hospitalario''.

A sacar pasaportes, green cards y permisos de trabajo. . .

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