Inmigración

Robo de identidad, pretexto para deportaciones expeditas

El robo de identidad conlleva una condena mínima, obligatoria, de dos años de 
prisión. El gobierno estadounidense está recurriendo a ese cargo para convencer a las 
personas de que se declaren culpables de acusaciones menores y acepten una deportación pronta. Muchas de las personas acusadas de ese delito fueron detenidas durante redadas 
en sitios de trabajo.
El robo de identidad conlleva una condena mínima, obligatoria, de dos años de prisión. El gobierno estadounidense está recurriendo a ese cargo para convencer a las personas de que se declaren culpables de acusaciones menores y acepten una deportación pronta. Muchas de las personas acusadas de ese delito fueron detenidas durante redadas en sitios de trabajo.

Ignacio Carlos Flores, un mexicano indocumentado, tomó una decisión tan rara como inapropiada: Después de trabajar seis años bajo un nombre falso, decidió usar su nombre verdadero y consiguió documentos nuevos, pero falsos.

El cambio llamó la atención a sus patrones, que llamaron a las autoridades. Los números de sus documentos viejos eran inventados, pero los nuevos correspondían a gente real. Los fiscales dijeron que eso era suficiente para acusarlo de robo de identidad, un delito mucho más grave que el de usar documentos falsos.

La Corte Suprema escuchará el miércoles los argumentos de fiscales, que están apelando una ley nueva diseñada para combatir el robo de identidad.

En al menos un centenar de casos ventilados el año pasado, personas indocumentadas acusadas de violaciones a las leyes de inmigración debieron responder al cargo de robo de identidad, pese a que no había nada que indicase que estaban al tanto de que los números empleados en sus documentos no habían sido inventados, sino que pertenecían a los de personas reales.

El robo de identidad conlleva una condena mínima, obligatoria, de dos años de prisión. El gobierno estadounidense está recurriendo a ese cargo para convencer a las personas de que se declaren culpables de acusaciones menores y acepten una deportación pronta. Muchas de las personas acusadas de ese delito fueron detenidas durante redadas en sitios de trabajo.

Los jueces deberán responder a un interrogante: ¿Es relevante el que una persona sepa o no que las identificaciones falsas que usa pertenecen a alguien?

El gobierno y las agrupaciones que defienden los derechos de las víctimas de estos robos dicen que no. "Los trastornos que sufre la vida de la víctima son los mismos", afirmó el abogado de Los Angeles Stephen Masterson en un informe preparado para las víctimas.

En el otro extremo, Flores y más de 20 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, abogados y expertos en temas de privacidad aducen que la ley aprobada por el Congreso en 2004 apuntaba a los casos en los que alguien consigue acceso a información privada de las personas para retirar dinero de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Distintos estudios estiman que más de ocho millones de personas sufren el robo de identidad cada año en Estados Unidos.

Flores admite que usó documentos falsos para poder trabajar en una planta siderúrgica de East Moline, Illinois, pero asegura que "no tuvo la intención de robarle la identidad a nadie", según la presentación de su abogado. El mexicano viajó a Chicago y se puso en contacto con alguien que vendía documentos falsos.

De haber sido pillado usando el nombre de otro y los números correspondientes a ese nombre, hubiera podido ser acusado de un delito más grave.

Tribunales de apelaciones de San Luis, Atlanta y Richmond (Virginia) fallaron a favor del gobierno en casos de este tipo, mientras que tribunales de Boston, San Francisco y Washington, D.C., lo hicieron a favor de los acusados.

El uso del cargo de robo de identidad en casos de inmigración se puso en evidencia el año pasado, luego de una redada en una planta empacadora de carne de Postville, Iowa. Las autoridades acusaron a 270 de las personas detenidas en esa ocasión de robo de identidad.

Chuck Roth, director de litigación del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, con sede en Chicago, dijo que el cargo era un instrumento de presión para hacer que la gente se declare culpable de delitos menores. Eso fue lo que hicieron los 270 acusados de Postville, quienes además se comprometieron a no resistir su deportación.

Otras 100 personas detenidas en la misma redada usaban números que no pertenecían a nadie y fueron acusadas de delitos menores, que difícilmente deriven en su deportación.

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