Inmigración

Georgia estrecha el cerco a los inmigrantes indocumentados

Georgia continúa cerrando el cerco a los indocumentados con la promulgación por el gobernador del estado, Sonny Perdue, de varias leyes contra la inmigración ilegal.

''Estamos muy decepcionados del gobernador (Perdue) por firmar estas leyes y creemos que Georgia continúa construyendo un ambiente cada vez más hostil hacia los inmigrantes y hacia los inversores extranjeros, y el gobernador debería estar avergonzado por ello'', dijo a Efe Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia (GALEO).

En un esfuerzo por limitar el flujo y permanencia de inmigrantes indocumentados en el estado, han entrado en vigor en la última semana leyes que prohíben la creación de ciudades "santuario'', exigen prueba de ciudadanía a quienes quieran inscribirse para votar y castiga a los gobiernos locales que brinden beneficios públicos a personas sin papeles.

La ley SB 20, que prohíbe la creación en el estado de Georgia de ciudades ‘‘santuario'' para proteger a los indocumentados; la HB 2 y la SB 86, que exige a quien los nuevos votantes presentar una prueba de ciudadanía.

La primera de ellas, denominada SB 20, impone restricciones a fondos estatales para aquellas ciudades que se declaren "santuario'', una ley que los activistas consideran ‘‘innecesaria'' debido a que en Georgia no existe ninguna ciudad que brinde este tipo de protección a los indocumentados.

Por su parte, la HB 2 brinda mayores poderes a las autoridades carcelarias para informar sobre el estatus legal de los detenidos al Departamento de Seguridad Nacional, exige a los gobiernos locales verificar el estatus migratorio de sus empleados y sanciona a los gobiernos locales que no implementen una ley que niega beneficios públicos a los inmigrantes sin papeles.

Otra de las leyes que el activista considera "anti-inmigrante'', es la SB 86, que exigirá a los nuevos votantes en el estado de Georgia una prueba de ciudadanía al inscribirse en el padrón electoral.

Para González, la aprobación de estas leyes representa una intromisión del gobierno estatal en las funciones que son propias de las autoridades federales.

''El estado está entrando en un territorio cuestionable al pedirle a los gobiernos locales que hagan lo que el gobierno federal no está no está haciendo y eso ejerce presión sobre las comunidades, los gobiernos locales que va a crear un ambiente de miedo e intolerancia hacia los inmigrantes'', señaló el vocero de GALEO.

Las tres leyes aprobadas esta semana vienen a reforzar otras medidas en contra de la inmigración indocumentada en el estado, implementadas durante los dos últimos años.

Entre estas destaca la SB 529, denominada "Ley de Seguridad e Inmigración de Georgia'', que exige a los gobiernos locales verificar el estatus migratorio de quienes solicitan beneficios estatales y requiere a los contratistas que tengan negocios con alguna agencia gubernamental local que verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores.

Mientras el estado cierra las puertas a los inmigrantes indocumentados, activistas ven con preocupación cómo el movimiento que aboga por estos pierde fuerza en la zona, con el reciente cese de operaciones en Atlanta del Fondo México-Americano para Defensa Legal y Educativa (MALDEF), considerado por muchos el "brazo legal'' de la lucha a favor de esta comunidad en la zona.

''Nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer con nuestros recursos oponiéndonos al proceso legislativo en cada paso y ahora con el MALDEF ha reducido sus operaciones en el sureste, lo que nos ha dejado en una posición de mayor desventaja desde una perspectiva legal'', aseveró.

La oficina de MALDEF en Atlanta, que fue creada hace ocho años con el objetivo de supervisar asuntos legales y de derechos civiles en el sureste de Estados Unidos, cerró sus puertas a finales de abril debido a recortes presupuestarios.

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