Inmigración

El Supremo desafía ley de deportaciones

La Corte Suprema enfrentó el miércoles en dos casos la estricta ley federal que exige deportar a todas las personas que no sean ciudadanos de EEUU y que hayan sido hallados culpables de un "un delito con agravantes'', aunque hayan vivido legalmente en el país durante décadas.

Los magistrados bloquearon la deportación de un veterano de la guerra de Vietnam que vive en Kentucky, quien se declaró culpable de traficar marihuana, porque su abogado le dijo, erróneamente, que "no tenía que preocuparse por su estatus migratorio'' ya que había vivido legalmente en Estados Unidos40 años.

También escucharon argumentos sobre si un hombre de Texas podía ser deportado a México por posesión de una píldora del ansiolítico Xanax tras haberse declarado culpable el año anterior de posesión de menos de dos onzas de marihuana. Ambas son delitosmenores.

En una decisión de 7 a 2, los magistrados detuvieron la deportación de José Padilla, natural de Honduras, que recibió asesoría jurídica indebida. El tribunal indicó que se infringieron sus derechos constitucionales y que merecía una nueva audiencia y posiblemente un nuevo juicio. La Constitución garantiza que "ningún acusado --ciudadano o no-- sea dejado a merced de una asesoría jurídica incompetente'', dijo el magistrado John Paul Stevens.

Desde 1996 las leyes federales contemplan la deportación de todas las personas no ciudadanas, aunque hayan vivido en el país durante décadas, si son hallados culpables de ‘‘un delito con agravantes''. Vender marihuana no es un delito mayor.

Los activistas de los derechos de los inmigrantes elogiaron el fallo de Padilla vs. Kentucky. "Estamos encantados de que la Corte Suprema haya reconocido que la deportación es una sanción extrema y que los no ciudadanos tienen un derecho constitucional a asesoría jurídica sobre las consecuencias de declararse culpable'', dijo Michelle Fei, codirectora del Proyecto de Defensa del Inmigrante.

En su opinión, Stevens subrayó el cambio en las ley de inmigración desde 1996. Antes los jueces podían intervenir a favor de un inmigrante que tuviera familia, un trabajo y otros vínculos en el país.

"La drástica medida de deportación o expulsión ahora es prácticamente inevitable para un gran número de personas sin ciudadanía hallados culpables de delitos'' que pueden ser "con agravantes'', dijo Stevens. Por esa razón, un abogado "tiene que informar'' a su cliente sobre el riesgo de deportación antes de declararse culpable, afirmó.

Los magistrados Antonin Scalia y Clarence Thomas no concordaron con la opinión mayoritaria, alegando que la Constitución no exige que abogados defensores ofrezcan asesoría en materia de inmigración.

el,5 El acusado en el caso de Xanax, José Angel Carachuri-Rosendo, nació en México, pero fue a Texas con sus padres cuando tenía tres años. Ha vivido legalmente en Estados Unidos desde 1993. Cumplió 20 días en la cárcel por el caso de marihuana, aunque no fue sancionado por la posesión de la pastilla de Xanax.

el,5 Sin embargo, en el 2006 las autoridades federales le informaron que sería deportado por los dos delitos de drogas.

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