Inmigración

Pese a fuerte oposición, proyectos de ciudades santuario avanzan en Tallahassee

Pese al rechazo de empresarios, políticos y defensores de los inmigrantes, la Legislatura de la Florida está cada vez más cerca de prohibir en el estado las llamadas “ciudades santuario” que implementan medidas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.

Tras casi dos horas de debate, el proyecto de ley senatorial 168 fue aprobado por su último comité este miércoles, con 9 votos a favor y 8 en contra. La senadora republicana Anitere Flores, de Miami, se sumó a los siete demócratas en el comité y votó “no”. Ahora todo el Senado tiene que votar.

Un proyecto similar al 168 está avanzando en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley 527 pasó por su proceso final este martes y también estará listo para pasar al pleno. Mientras el 168 incluye sanciones y multas a las ciudades que no acaten las órdenes, el proyecto senatorial 527 deja a discreción del Procurador General si quiere presentar una demanda civil o no.

Si ambos se aprueban, crearían reglas para exigirles a las autoridades estatales y locales en Florida que cumplan con la Ley de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Esto significa, en parte, que la Policía tendría que acatar todas las solicitudes de detención que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) le envíe.

En la actualidad en Florida no hay ciudades santuario, pero estos proyectos de ley las definirían por primera vez.

Joe Gruters, senador republicano de Sarasota que patrocinó el proyecto senatorial, manifestó el miércoles que el proyecto 168 sólo afectaría a los inmigrantes indocumentados que han sido arrestados o condenados por un delito.

“Esto es realmente para capturar a personas que han sido deportadas anteriormente (...) personas que han sido miembros de pandillas”, dijo.

Sin embargo, los demócratas se mostraron en desacuerdo con ese argumento, aludiendo que el proyecto de ley afectaría a los inmigrantes arrestados por delitos menores y exigiría a entidades gubernamentales como escuelas y universidades cumplir con la ley federal de inmigración.

Las audiencias públicas para ambos proyectos de ley han sido emotivas desde que se presentaron las propuestas. En ellas han participado familias de inmigrantes, así como aquellos que han perdido a sus seres queridos, conocidos como “familias de ángeles”.

Bobby Michael compartió la historia de su hijo, que murió en un accidente automovilístico causado por un inmigrante indocumentado.

“Perdimos a nuestro hijo a los 21 años porque un inmigrante ilegal que había sido deportado dos veces regresó de nuevo, ignorando nuestras leyes”, dijo.

Pero Jaylee López, de 11 años, y su primo Isaac, de 7 años, también testificaron y compartieron la historia de sus padres indocumentados.

“Mi madre se mudó a Florida después de que el huracán Mitch azotara Honduras y aunque no quería hacerlo, se vio obligada a venir aquí”, dijo López. “Lo perdió todo. No entiendo cómo las personas como ella, que se ven forzadas a abandonar sus hogares y tienen que conformarse con su situación, son etiquetadas como ’criminales’ cuando las detienen por conducir sin una licencia”.

Ambos grupos también han expresado sus opiniones fuera de las audiencias.


En el sur de la Florida, casi 20 inmigrantes y activistas visitaron la oficina del senador republicano Manny Diaz, Jr., de Hialeah Gardens, este miércoles por la tarde para instarlo a que votara en contra del proyecto de ley senatorial.

Portando letreros contra el proyecto 168 con consignas como “Las familias deben estar juntas”, el grupo entró en silencio al Ayuntamiento de Hialeah Gardens poco después del mediodía. La oficina de Diaz, sin embargo, tenía las luces apagadas y la puerta cerrada. Un guardia de seguridad les confirmó que Diaz no estaba allí.

Diaz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y más tarde votó “sí” en Tallahassee.

Mientras, Jonathan Fried, líder de We Count, dijo que ese grupo proinmigrante había solicitado con antelación una cita con Manny Diaz, pero el senador nunca respondió.

Bud Conlan, un activista que fue a la oficina de Diaz el miércoles, dijo que ve el proyecto de ley como “racista y xenófobo”.

“Si se aprueba, nuestra comunidad será menos segura”, dijo Conlan. “Sería desastroso y separaría más familias. Queremos que Diaz se ponga del lado de su comunidad y no del lado de su partido.”

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