América Latina

El ex presidente Toledo de Perú afirma que se le quiere ‘acusar sin pruebas’

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, durante un evento de cierre de campaña. Foto de archivo.
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, durante un evento de cierre de campaña. Foto de archivo. EFE

El ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) afirmó el sábado que se le quiere “acusar sin pruebas” al comentar la denuncia en su contra que presentó el viernes una fiscal por presunto lavado de activos.

En un pronunciamiento publicado en su página oficial en la red social Facebook, Toledo dijo que “hoy más que nunca” su “visión y convicción de un país justo y con justicia se fortalece” y remarcó la necesidad de “construir confianza en las instituciones. Confianza en la justicia. Confianza entre nosotros.”

“Lo que pretenden hacer conmigo vulnera los principios básicos de esta confianza que necesitamos como país para avanzar”, enfatizó antes de señalar que la denuncia se presentó después de haber sido investigado durante 26 meses por cuatro fiscales.

La fiscal Cristi Rosi Morales presentó el viernes la denuncia contra Toledo a raíz de las investigaciones por unas compras inmobiliarias hechas por su suegra, Eva Fernenbug, en el 2013.

La acusación comprende, además del ex presidente, a su esposa, Eliane Karp; a Fernenbug, al empresario Joseph Maiman y a su ex jefe de seguridad Avi Dan On, entre otras personas.

A inicios de este mes, el fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, separó de su cargo al fiscal Marco Cárdenas, que investigaba hasta ese momento a Toledo por lavado de activos, por haber manejado en estado de ebriedad en febrero pasado.

Sin embargo, Cárdenas había señalado previamente que los resultados de la investigación contra Toledo iban a ser publicados en marzo, aunque su salida podía diferir esa resolución.

Toledo consideró hoy que para la fiscal Morales no ha sido “suficiente haber demostrado el origen lícito de los fondos utilizados en una transacción comercial entre privados” y que la Fiscalía de la Nación haya declarado que ni su esposa ni el tienen un “desbalance patrimonial”.

También dijo que se le levantó el secreto bancario en el país y en el exterior y no se le encontró “nada” irregular.

“Es decir, que como no se encuentran pruebas fehacientes que me incriminen, se requiere continuar investigando y ahora ante un juez. Una investigación así de laxa se convierte en una investigación política”, remarcó.

El exmandatario afirmó, en ese sentido, que se le quiere “acusar sin pruebas” y “sin una teoría coherente que sustente una acusación”, además de no haber respetado un “plazo razonable de investigación” y “sin considerar las pruebas financieras que demuestran la licitud del dinero.”

“Este es un tema de plazos. No solo de plazos judiciales, sino electorales. No me detendrán. Seguiré recorriendo mi país. Yo no me corro. No me refugio en el Japón o París. Yo doy la cara”, remarcó.

El exgobernante, quien ha anunciado su intención de volver a presentarse en las elecciones presidenciales del próximo año, pidió que “la justicia haga su trabajo. Con justicia y celeridad.”

Toledo y Karp son investigados desde 2013 por las millonarias compras inmobiliarias hechas por Eva Fernenbug con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica en sociedad con Joseph Maiman.

Fernenbug, una ciudadana belga de 86 años, fundó Ecoteva en 2012 y, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con fondos de esa compañía se pagaron las hipotecas de una casa del expresidente en Lima y de otra en el balneario norteño de Punta Sal.

La suegra de Toledo también compró una casa y una oficina en Lima por unos $5 millones, en negociaciones en las que supuestamente el exmandatario intervino, según el reporte.

Toledo había pedido archivar la investigación y subrayó que esas pesquisas no impedirían que su partido, Perú Posible, participe en las elecciones generales de 2016.

La Fiscalía peruana consideró el año pasado que ni Toledo ni Karp habían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, pero ordenó que se realizaran pesquisas por presunto lavado de activos, una opinión similar a la que llegó una comisión del Congreso.

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